En Perú, como ha sido conocido por la CIDH, a dos años de la emisión del informe, se ha agravado un quiebre en el sistema de pesos y contrapesos que afecta gravemente al Estado de derecho y el ejercicio de los derechos humanos. El Congreso de la República, con la anuencia del Poder Ejecutivo, lejos de adoptar medidas que contribuyan al fortalecimiento de la independencia y separación de poderes, ha realizado acciones que constituyen intromisión política contra diferentes órganos del sistema de justicia y otras instituciones fundamentales, como el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. La baja aprobación del Congreso (6%) y la polarización entre los poderes públicos han profundizado la desconfianza ciudadana en las instituciones. Respecto al JNE y a la JNJ, el Congreso ha impulsado al menos 29 iniciativas de ley para cambiar las reglas electorales. Cuatro plantean reformar la Constitución para modificar el mecanismo de elección del Presidente del JNE, y otras cuatro proponen incorporar a los titulares del sistema electoral en la prerrogativa del antejuicio y juicio político, comprometiendo la independencia y autonomía de los poderes públicos. Además, se han presentado denuncias constitucionales y mociones sumarias para remover masivamente a la totalidad de los miembros de la JNJ, resultando en la remoción de dos de sus integrantes. Aunque el Poder Judicial ordenó su restitución, el Congreso interpuso una demanda competencial contra dicha decisión, rechazada por el Tribunal Constitucional en octubre de 2024. Sin embargo, el 27 de noviembre, la Corte Suprema anuló la medida cautelar que ordenaba su reposición por falta de motivación. Asimismo, una propuesta de reforma constitucional con dictamen favorable en el Congreso plantea desactivar la JNJ y sustituirla por una Escuela Nacional de la Magistratura, bajo amplio control político. Este proyecto, en agenda del pleno desde el 2 de diciembre, vulnera el principio de separación de poderes. La JNJ ha desempeñado un papel clave en la reforma judicial, introduciendo en 2023 procedimientos más transparentes para seleccionar y evaluar magistrados. Sin embargo, el proceso de selección de la nueva JNJ, que entrará en funciones en enero de 2025, careció de los estándares de transparencia, meritocracia y participación ciudadana, como señaló la CIDH y la Misión Internacional de Observación “MIO-Perú”. Otras instituciones clave tampoco han contrarrestado las acciones antidemocráticas del Congreso. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, cuyos integrantes fueron elegidos por el actual Congreso, ha adoptado decisiones contrarias a la protección de derechos humanos, como la liberación de Alberto Fujimori en diciembre de 2023, afectando gravemente los derechos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y desobedeciendo lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Ministerio Público, bajo el liderazgo de una Fiscal de la Nación cuestionada, también ha sido objeto de ataques e injerencias indebidas, mientras perpetra acciones similares contra otras instituciones. Ejemplos incluyen interferencias en procesos de selección internos, destituciones injustificadas de fiscales responsables de casos relevantes y reformas que refuerzan la subordinación jerárquica al Fiscal de la Nación, debilitando su independencia. En cuanto al Poder Judicial, se han aprobado leyes que afectan su independencia. Iniciativas como el aumento de penas por prevaricato, mayores indemnizaciones por error judicial y más causales de destitución generan un ambiente de amenazas y criminalización contra operadores de justicia, debilitando el equilibrio institucional. La Ley N° 31988, que restablece el sistema bicameral en el Congreso, supone un cambio significativo. Aunque busca mejorar la representatividad y calidad del proceso legislativo, en el actual contexto político, representa un riesgo para el Estado de derecho, especialmente considerando el rechazo del 90% de la población a esta reforma en el referéndum de 2018. El diseño del Senado podría favorecer agendas partidistas, comprometiendo la representatividad y aumentando la percepción de interferencia en la autonomía del sistema electoral. Estas dinámicas profundizan la crisis institucional y la desconfianza ciudadana, mientras el riesgo de bloqueos legislativos obstaculiza respuestas efectivas en momentos críticos. El Estado peruano continúa rehusándose a implementar las recomendaciones de la CIDH, agravando la crisis institucional y debilitando los contrapesos frente al Congreso, con anuencia del Poder Ejecutivo.