a. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha enfatizado la importancia de establecer un registro integral para recopilar datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas y víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales recientes en Perú . El Ministerio Público creó el Registro de Datos de Víctimas de las Protestas Sociales (REDAVIP) que sistematiza los datos sobre personas fallecidas, heridas y agraviados en el contexto de las protestas sociales, el cual presenta una serie de deficiencias . Sin embargo, el acceso a información actualizada y verificada es limitado, lo que dificulta la supervisión independiente del manejo estatal de las protestas y sus consecuencias. Tampoco está centralizado en una plataforma accesible para el público y las organizaciones de derechos humanos. Asimismo, tampoco se ha implementado un sistema que permita la recopilación de datos desagregados por variables como origen étnico, género, edad y ubicación geográfica, limitando la capacidad de análisis de las condiciones particulares de las víctimas y las tendencias de afectación. A su vez, no se han reportado medidas específicas para incluir información sobre víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas, faltando incorporar el enfoque interseccional en la recolección de datos. Es importante resaltar que la ausencia de desagregación por características clave de las víctimas perpetúa las brechas en la atención diferenciada a grupos vulnerables, como mujeres, niños y pueblos indígenas. A su vez, la falta de acceso público a un registro centralizado limita la participación ciudadana y dificulta la rendición de cuentas del Estado en la gestión de las consecuencias de las protestas. Sin un registro integral y confiable, se dificulta la identificación de patrones de abuso y el diseño de medidas de reparación adecuadas para las víctimas. Ahora bien, cabe mencionar que, el Perú atraviesa un preocupante retroceso en temas de género . Existe una falta de voluntad política para implementar políticas que promuevan la igualdad de género, protejan a las mujeres y disidencias sexuales, y garanticen derechos sexuales y reproductivos. Este retroceso se refleja en la desarticulación de políticas públicas que deben abordar la violencia de género y las múltiples discriminaciones que enfrentan estos colectivos. El Congreso, influenciado por estereotipos de género de sus integrantes, ha impulsado medidas que debilitan estos derechos fundamentales, incrementando la vulnerabilidad de los grupos ya marginados y afectando gravemente su situación. b. Como se mencionó supra, el registro REDAVIP presenta desafíos relacionados con la transparencia, la actualización y la inclusión de datos contrastados con fuentes de la sociedad civil. Por ejemplo, no se proporcionan detalles sobre su accesibilidad al público, lo cual compromete la posibilidad de fiscalización por parte de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos. Además, los registros no cumplen con criterios que adopten un enfoque diferenciado e interseccional. Tampoco se cuenta con un proceso formal de contraste con información proporcionada por la sociedad civil, lo cual limita la fiabilidad del registro y la participación de actores externos en la supervisión de su elaboración y mantenimiento. La ausencia de un diálogo estructurado con la sociedad civil para validar y enriquecer los datos del registro disminuye la legitimidad del proceso. Sin un registro confiable y exhaustivo, se dificultan tanto las medidas de reparación integral como la identificación de patrones de violaciones de derechos humanos. c. El registro REDAVIP enfrenta desafíos significativos para su implementación efectiva, especialmente en la incorporación de datos desagregados por origen étnico-racial, edad, sexo, orientación sexual, y identidad y expresión de género. Hasta ahora, no se cuenta con un sistema plenamente desarrollado que integre todas estas categorías, lo cual limita la identificación de patrones de discriminación y violencia dirigidos a grupos vulnerables. La falta de datos desagregados afecta la capacidad del Estado para atender las necesidades particulares de estos grupos y para diseñar políticas públicas específicas que aborden dichas problemáticas. Además, la implementación parcial y desconectada de los registros evidencia una deficiencia en la coordinación interinstitucional, lo que compromete tanto la calidad como la utilidad de la información disponible. Esta situación perpetúa desigualdades estructurales al impedir un enfoque integral en la atención y reparación de los grupos más afectados.