La CIDH viene conociendo desde hace varios años, que las personas operadoras de justicia en Perú enfrentan un contexto extremadamente hostil para la realización de sus funciones . Las personas operadoras de justicia se enfrentan a amenazas, ataques, plantones, doxing, campañas públicas de desinformación, desprestigio, entre otros hechos de riesgo para su vida e integridad por cumplir con sus labores en la persecución del delito y defensa del Estado de Derecho, campañas que son impulsadas por ciertos grupos extremistas, funcionarios públicos involucrados directa e indirectamente en investigaciones judiciales y fiscales, y medios de comunicación . En el mismo sentido, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, también ha manifestado su preocupación sobre los obstáculos que enfrentan operadores de justicia en Perú para realizar sus funciones libres de represalias y con autonomía . Aunque se han anunciado medidas administrativas para fortalecer la capacidad de las fiscalías especializadas, no se han reportado acciones concretas dirigidas específicamente a mejorar las condiciones de seguridad física y psicológica de los funcionarios del Ministerio Público en áreas de alta conflictividad. En el contexto de las protestas y operativos relacionados, los fiscales han participado junto a fuerzas de seguridad en el manejo de casos sensibles, como detenciones masivas y operativos de control. Sin embargo, no se ha detallado la implementación de protocolos específicos para proteger a estos funcionarios de posibles represalias o amenazas. Tampoco se han desarrollado mecanismos integrales que garanticen la protección física de los fiscales en contextos de alto riesgo. Esto incluye una falta de medidas concretas para prevenir amenazas y ataques derivados de su participación en casos sensibles. Además, si bien se reconoce la creación de equipos especializados como el EFICAVIP, no se menciona un aumento sustancial de recursos logísticos o financieros dirigidos a garantizar su seguridad y autonomía operativa. La falta de protocolos sobre protección y manejo de amenazas a fiscales y personal del Ministerio Público también limita su capacidad para el correcto desempeño de sus funciones. Las condiciones de seguridad son importantes a fin de prevenir la afectación de la independencia y la imparcialidad de los fiscales, especialmente en casos de alto impacto político y social. Ante ello, se recomienda diseñar y ejecutar protocolos específicos para la protección de los fiscales en zonas de alta conflictividad, con medidas que incluyan escoltas, capacitación en manejo de amenazas y apoyo psicológico; dotar a las fiscalías de recursos financieros y logísticos adicionales, específicamente dirigidos a garantizar condiciones de trabajo seguras y efectivas; establecer un organismo independiente encargado de monitorear y evaluar la implementación de medidas de seguridad para los funcionarios del Ministerio Público; desarrollar programas de formación para fiscales en manejo de situaciones de conflicto y estrategias de autoprotección; y, coordinar con las fuerzas de seguridad del Estado para garantizar la protección de los fiscales en el ejercicio de sus funciones, especialmente en regiones donde las tensiones sociales son elevadas. Estas acciones son esenciales para fortalecer el desempeño del Ministerio Público, garantizar su seguridad y avanzar en la lucha contra la impunidad en el contexto de las protestas sociales en Perú.