Los recursos asignados al Ministerio Público no son suficientes para abordar la magnitud de las investigaciones relacionadas con las protestas. Esto afecta tanto la celeridad como la calidad de las investigaciones. Además, las fiscalías especializadas no tienen presencia en todas las regiones afectadas por las protestas, lo que dificulta una atención oportuna y adecuada a las violaciones de derechos humanos en áreas rurales y de alta conflictividad. A esto se suma, la falta de una estrategia nacional integrada limita la efectividad de los equipos especializados y su capacidad de coordinarse con otras instituciones clave, como la Policía Nacional y el Poder Judicial. Estas limitaciones, tanto en recursos como en alcance, refuerzan la percepción de impunidad y debilitan la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Ante ello, se recomienda dotar al Ministerio Público de un presupuesto adecuado para ampliar la cantidad de fiscalías especializadas y fortalecer su infraestructura técnica y científica; garantizar la presencia de fiscalías especializadas en derechos humanos en todas las regiones afectadas por las protestas, con un enfoque en áreas rurales e indígenas; establecer un sistema nacional de registro transparente y actualizado para centralizar los datos relacionados con víctimas, investigados y resultados de las investigaciones; adoptar medidas efectivas para proteger a los fiscales y personal del Ministerio Público que trabajan en casos de alto riesgo, asegurando su independencia y seguridad; y, crear un mecanismo independiente para supervisar y evaluar el uso de los recursos del Ministerio Público, garantizando su eficiencia y alineación con estándares internacionales. Estas medidas son esenciales para fortalecer la capacidad del Ministerio Público en el cumplimiento de su misión, garantizar justicia para las víctimas y avanzar hacia el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.