Las recomendaciones de la CIDH señalan que el Estado debe adoptar medidas específicas para garantizar que las políticas, protocolos y planes operativos incluyan el interés superior de la niñez. Sin embargo, el Estado peruano no ha evidenciado políticas concretas diseñadas específicamente para proteger a niños, niñas y adolescentes en contextos de protestas sociales. Contrario a ello, el Congreso de la República ha aprobado una reforma controversial que permite juzgar a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos por delitos graves , entre los que se incluye el delito de terrorismo, homicidio calificado, secuestro, extorsión, entre otros . Dicha medida ha sido duramente criticada, pues la política punitiva contra adolescentes podría no reducir la reincidencia, pero sí agravarla al exponerlos a entornos penitenciarios que refuercen conductas delictivas. Sumado a ello, la disminución de la edad de imputabilidad se podría aplicar de manera selectiva y discriminatoria hacia ciertos grupos, como adolescentes indígenas o afrodescendientes, agravando las problemáticas de racismo y exclusión ya presentes en el sistema judicial peruano. La aprobación de este dictamen refleja una falta de visión integral en la política de justicia juvenil. En lugar de priorizar la prevención del delito mediante políticas sociales inclusivas y programas de desarrollo juvenil, el Congreso apuesta por una medida punitiva que no aborda las raíces del problema. Así, en vez de abordar las causas estructurales que conducen al delito juvenil, como la falta de acceso a educación, empleo y servicios básicos, el Congreso opta por una política represiva que perpetúa la desigualdad y estigmatización de estos sectores.