Se tiene conocimiento que, entre el EFICAVIP y el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, se realizaron derivaciones para la atención multidisciplinaria de 265 agraviados a nivel nacional: 84,5 % en calidad de víctimas directas (lesionados) y 15,5 % en calidad de víctimas indirectas (familiares de fallecidos y lesionados). Ellos recibieron asesorías de equipos multidisciplinarios de la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UCAVIT): tipo psicológica (35,2 %), legal (33,7 %) y/o social (31,1 %) . Sin embargo, este reporte sólo indica el número de asistencias brindadas, y que el 73% del total de víctimas directas e indirectas asistidas aceptaron ser incluidas en el Programa (194 personas) . No se indica qué medidas específicas se llevaron a cabo, ni cuál es el criterio para incluir a las personas en este programa. En tanto, persisten importantes brechas en la atención brindada, especialmente en términos de acceso equitativo y atención integral. La insuficiencia de recursos y la falta de especialización médica en las regiones afectadas resultaron en una atención deficiente para muchas víctimas. Los retrasos en procedimientos críticos y la transferencia tardía a Lima reflejan la necesidad de fortalecer los sistemas de salud en regiones remotas. La ausencia de atención psicológica integral para las víctimas y sus familias es un grave incumplimiento de los estándares internacionales de reparación, que incluyen el bienestar emocional como parte esencial de la rehabilitación. Los casos documentados de discriminación hacia manifestantes heridos subrayan la necesidad de capacitar al personal médico en derechos humanos y principios de no discriminación. Aunque la Comisión Multisectorial tiene un mandato para coordinar la atención a las víctimas, no se han reportado avances significativos que respalden su efectividad en términos de atención médica y psicológica integral. Ante ello, se recomienda incrementar la capacidad de los hospitales regionales en términos de infraestructura, personal médico especializado e insumos para garantizar una atención adecuada en emergencias; establecer un programa nacional de apoyo psicológico para víctimas y sus familias, con un enfoque en atención diferenciada según las necesidades específicas de cada grupo; diseñar e implementar programas de formación en derechos humanos y atención no discriminatoria para todos los profesionales de salud que trabajan en regiones vulnerables; y, crear un mecanismo independiente que supervise y evalúe la efectividad de las medidas implementadas, asegurando que estas respondan a las necesidades reales de las víctimas. Estas acciones son esenciales para garantizar una atención integral, equitativa y adecuada a las víctimas, y para alinear las políticas del Estado peruano con las recomendaciones de la CIDH.