El 11 de diciembre de 2023, se presentó un informe sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado peruano, emitidas el 23 de abril de 2023. En cumplimiento de la recomendación de investigar los hechos documentados en dicho informe, el Ministerio Público inició procesos relacionados con las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas en distintas regiones del país. En la región Puno, se han formalizado tres investigaciones preparatorias. El 8 de mayo de 2024 se inició una investigación contra 20 miembros del Ejército Peruano y la Policía Nacional por la muerte de 18 personas y las lesiones de 108 ciudadanos en las cercanías del Aeropuerto Inca Manco Cápac. Asimismo, se formalizó una investigación contra 24 efectivos de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en las muertes de Salomón Valenzuela Chua y Sonia Aguilar Quispe durante las protestas en Macusani. Una tercera investigación fue iniciada contra tres policías por los hechos ocurridos en la avenida Independencia, en Juliaca. En Ayacucho, se formalizó la investigación preparatoria por un plazo de ocho meses, dirigida contra 36 presuntos responsables de las muertes de 10 personas y las lesiones de 40 más. En este caso, se incluyó al Estado peruano, representado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, como Tercero Civilmente Responsable. Este proceso representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de la región. En Apurímac, se han formalizado también tres investigaciones. La primera, abierta el 5 de julio de 2024, se dirige contra el general PNP Luis Flores Solís y otros 14 policías por el homicidio de Denilson Huaraca Vílchez y las lesiones graves sufridas por cuatro personas durante las protestas en Andahuaylas. Posteriormente, el 16 de julio de 2024, se formalizó otra investigación contra cinco policías por la muerte del menor R.P.M.L. y las lesiones de otras dos personas. Más recientemente, el 18 de octubre de 2024, se inició un proceso contra 24 efectivos policiales por el homicidio calificado de cinco personas, incluidos al menos dos menores de edad, así como por lesiones en agravio de otros 33 ciudadanos. En Cusco, se formalizaron dos investigaciones relacionadas con las protestas sociales. La primera incluye a 20 policías por los hechos ocurridos el 11 de enero de 2023 en la avenida 28 de Julio, que afectaron a 30 personas. La segunda está dirigida contra dos policías por hechos similares en la misma localidad. En Lima, se formalizaron cuatro investigaciones que involucran a 12 policías. Entre los casos destacados, se investiga la muerte de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, ocurrida el 28 de enero de 2023, así como las lesiones sufridas por tres personas en ese mismo contexto. Además, se abrieron investigaciones por los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2022, y el 4 de enero y 2 de marzo de 2023, en las inmediaciones de la avenida Bolivia y el Paseo de la República. En Junín, se formalizó una investigación contra tres altos mandos policiales, incluido el jefe de la VI Macro Región Policial de Junín, por los homicidios de tres personas, entre ellas un menor de edad, y las lesiones sufridas por 21 ciudadanos durante las protestas del 16 de diciembre de 2022 en el distrito de Pichanaqui. En Ucayali, las investigaciones apuntan contra dos exjefes policiales por delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad en agravio de ocho personas durante las protestas del 17 de diciembre de 2022 en el distrito de Huipoca. En Arequipa, se formalizaron tres investigaciones. Una aborda la muerte de Miguel Arcana en Cerro Colorado el 12 de diciembre de 2022. Otra, los hechos ocurridos en Ocoña el 17 de diciembre de ese año, donde resultaron lesionados cuatro ciudadanos. La tercera se refiere a dos heridos en las protestas del 19 de enero de 2023 en la Variante de Uchumayo. Finalmente, en La Libertad, se formalizó una investigación contra dos policías por los homicidios de Carlos Huamán Cabrera y Segundo Sánchez Huaynacari, así como por lesiones sufridas por tres personas durante las manifestaciones del 13 y 20 de enero de 2023 en el distrito de Chao. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha formalizado al menos 19 investigaciones preliminares sobre las vulneraciones ocurridas durante las protestas sociales en el país. Sin embargo, la mayoría de los procesos siguen en etapa preliminar, sin que ningún funcionario público haya sido acusado penalmente. Especialistas han señalado que las investigaciones sobre la Policía Nacional del Perú (PNP) han omitido elementos clave relacionados con la cadena de mando, particularmente en casos como el de Juliaca, donde no se ha incluido a miembros del Ejército, a pesar de su involucramiento en las operaciones. Adicionalmente, se abrió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios de su gobierno, por las muertes y lesiones registradas en las protestas. Aunque la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso el 27 de noviembre de 2023, esta fue desestimada en julio de 2024. Una segunda denuncia, presentada el 30 de julio de 2024, fue admitida a trámite el 22 de noviembre del mismo año, lo que representa un avance en la búsqueda de responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas. A pesar de algunos avances, la falta de investigaciones serias y la demora en los procesos judiciales continúan generando preocupación entre los representantes legales de las víctimas y la sociedad civil.