El Estado peruano no ha implementado mecanismos efectivos de fiscalización por parte de órganos civiles para limitar la actuación de las fuerzas armadas a situaciones extraordinarias en las que se actúe de manera subordinada, complementaria y con fiscalización a cargo de órganos civiles. Las intervenciones militares durante las protestas han resultado en decenas de muertes y cientos de heridos, evidenciando una desconexión entre los principios normativos y su aplicación en el terreno . A pesar de las recomendaciones de la CIDH en este sentido, las autoridades estatales han desplegado nuevamente a integrantes de las Fuerzas Armadas y policía durante protestas en octubre y noviembre del 2024 .