El informe de la CIDH insta al Estado peruano a adoptar medidas para excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados en el control de protestas sociales, así como establecer lineamientos claros para el uso de armas potencialmente letales . El uso de armas de fuego en el contexto de protestas sociales en Perú está condicionado a situaciones excepcionales y regulado por diversas normativas que buscan minimizar el uso de la fuerza letal . Según las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) , adoptadas en 2022 y 2023, las fuerzas de seguridad deben agotar todos los medios no letales antes de recurrir a las armas de fuego. En estos contextos, los lineamientos administrativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) establecen que la fuerza letal solo puede ser empleada si la situación es "estrictamente necesaria", y solo tras haber agotado otras formas de control, como el uso de gases lacrimógenos o los chorros de agua. Sin embargo, la implementación práctica de estas reglas es controversial, ya que en diversas protestas se ha documentado el uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo disparos de armas de fuego, registrando tanto heridos y como fallecidos, lo que pone en duda la efectividad de los controles establecidos . Esto se refuerza con la falta de mecanismos independientes y técnicamente capacitados para monitorear el uso de armas en operativos de control de protestas, lo que impide una rendición de cuentas y el cumplimiento de estándares internacionales.