Las medidas adoptadas entre 2023 y 2024 por parte de las autoridades estatales reflejan una tendencia a tratar la participación indígena como un proceso formal o simbólico, más que como un pilar central en la gobernanza del país. Si bien, desde abril de 2023, las organizaciones indígenas nacionales y el Ministerio de Cultura retomaron la coordinación para iniciar el trabajo de actualización de la propuesta de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) , dicha herramienta aún no ha sido oficialmente adoptada, lo que refleja una falta de urgencia en abordar los desafíos estructurales de los pueblos indígenas. Usualmente, este tipo de políticas son diseñadas desde el gobierno central, por lo que suelen carecer de una verdadera consulta previa que incorpore las prioridades y visiones de las comunidades. De igual forma, no hay un sistema de indicadores para medir su impacto en la vida de las comunidades indígenas. Asimismo, en enero de 2024, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) presentó el “Plan de Involucramiento de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (IPLCEP)”. Sin embargo, este tipo de planes suele limitarse a mecanismos de consulta y no aseguran la incorporación de las propuestas indígenas en los proyectos finales. Existe una tendencia a consultar a liderazgos selectos, lo que no siempre refleja las perspectivas de todas las comunidades afectadas. Además, estas iniciativas suelen estar asociadas a proyectos específicos y no a una política estructural de participación indígena. Por otro lado, en febrero de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) reconoció el derecho de participación de los pueblos indígenas en el desarrollo de proyectos eléctricos o similares que involucren a sus comunidades . No obstante, el marco legal no siempre se traduce en prácticas efectivas. Muchas comunidades reportan que los procesos de consulta previa son superficiales o realizados tardíamente, una vez que las decisiones clave ya han sido tomadas. Además, no se establecen criterios claros para determinar cuándo un proyecto afecta directamente a las comunidades indígenas, lo que permite que empresas o el Estado evadan procesos de consulta. Asimismo, persisten tensiones entre el modelo extractivista y los derechos territoriales indígenas, lo que pone en duda la efectividad de estos reconocimientos. El crecimiento de las actividades extractivas en el país, como la minería o hidrocarburos, y la expansión de otras actividades que promueven la deforestación de la Amazonía, tiene profundas implicaciones sociales sobre los pueblos indígenas u originarios, pues afecta sus territorios y sus formas de vida tradicionales. Estas iniciativas van de la mano con una total ausencia de protección de defensores de derechos humanos, líderes indígenas y defensores de derechos humanos han enfrentado un incremento en la criminalización, amenazas y violencia . Así tenemos que en la Amazonía existen muchas comunidades nativas que todavía no cuentan con un título de propiedad reconocido formalmente sobre sus territorios tradicionales, o su obtención se ve condicionado por otros derechos de terceros externos y posteriores, que buscan realizar diversas actividades económicas sin considerar los usos tradicionales de estos pueblos. Además, en el Estado prevalece aún el enfoque de promover la titulación individual, con la finalidad de generar mayores facilidades para su transferencia, lo cual generalmente acompaña el impulso o la promoción de actividades extractivas o agrícolas de gran escala. Cabe mencionar que, el 10 de enero de 2024, el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 31973 , ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta modificación legislativa afecta principalmente la biodiversidad en la Amazonía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas al establecer disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal. Dicha ley reduce la efectividad de los mecanismos de control y fiscalización sobre las actividades ilegales, además de posibilitar la legalización de la posesión por parte de quienes explotan los bosques sin permiso, promoviendo la regularización de invasiones y prácticas de deforestación no autorizadas. Además, las modificaciones en la normativa debilitan la gestión ambiental al limitar las atribuciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), entidad responsable de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y emitir certificaciones para grandes proyectos mineros, de hidrocarburos o de infraestructura. Según el reciente Decreto Supremo 005-2024-MINAM, se excluye al SENACE de la facultad de determinar qué proyectos de inversión requieren evaluaciones más rigurosas, asignando esta responsabilidad a los ministerios que impulsan actividades productivas. Por otra parte, persisten desafíos significativos para lograr una representación y participación política adecuada de los pueblos indígenas en el Perú. La baja presencia de liderazgos indígenas en la política y las barreras estructurales limitan su influencia en la toma de decisiones. Ante ello, es necesario fortalecer mecanismos que aseguren su participación efectiva y respetuosa de sus derechos. Para superar estas limitaciones, el Estado peruano debe garantizar que la consulta previa se realice de manera libre, previa e informada, y que sus resultados sean vinculantes; promover los procesos de autonomía indígena; involucrar a organismos internacionales y a la sociedad civil para garantizar que las políticas se implementen de manera efectiva; y, especialmente, redefinir el modelo de desarrollo que prioricen los derechos humanos y sostenibilidad sobre los intereses económicos de corto plazo.