En su informe, la CIDH enfatiza la necesidad de estrategias de diálogo incluyentes para abordar la crisis de derechos humanos en el Perú, destacando la importancia de escuchar a los sectores históricamente marginados como pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes . Asimismo, señala que estas poblaciones han enfrentado una exclusión estructural reflejada en el acceso desigual a derechos económicos, sociales y culturales, así como una limitada representación política . Al respecto, el Estado peruano ha adoptado medidas como la implementación de la estrategia “Perú sin Racismo” 2023 , a cargo del Ministerio de Cultura. Asimismo, por medio del Congreso de la República, ha aprobado el proyecto de Ley N° 6311/2023-PE de “Promoción de la Diversidad Cultural para la prevención, erradicación y sanción de la Discriminación Étnico-Racial , el cual crea sanciones específicas contra actos discriminatorios y propone crear una ventanilla única de denuncias denominada ORIENTA” . A pesar de ello, dichas iniciativas parecen diseñadas como respuesta a la crisis y no como estrategias estructurales sostenidas. Además, considerando la dimensión étnica, las estrategias parecen carecer de una aplicación territorial robusta que atienda las particularidades de cada región en donde persisten narrativas que asocian a sectores rurales y étnicos con violencia o terrorismo, lo que limita la efectividad de los esfuerzos de diálogo. El desafío principal para el Estado peruano radica en transformar estos esfuerzos iniciales en políticas inclusivas, sostenibles y participativas que realmente reconstruyan la confianza en las instituciones. Esto requiere asegurar que las políticas no sean fragmentadas, sino que integren salud, educación, justicia y desarrollo económico; el establecimiento de mecanismos de seguimiento que incluya a organizaciones de la sociedad civil y comunidades directamente afectadas, y el fortalecimiento de la autonomía de gobiernos locales y regionales para que lideren diálogos en sus contextos específicos. En este contexto, cabe mencionar que tal y como se detalla al referirnos a otras recomendaciones previstas en el informe, se evidencian amenazas y acciones en desmedro a la independencia de las instituciones democráticas clave para establecer un diálogo genuino. Por ejemplo, el Congreso recientemente aprobó en marzo del 2024 una ley que recorta los derechos de los ciudadanos a solicitar un referéndum . Asimismo, el Poder Judicial emitió una sentencia por el caso de Las Bambas, en la que se restringe sustantivamente el derecho a la protesta . Adicionalmente, el Pleno del Congreso está dispuesto a discutir una serie de proyectos de ley para controlar las formas de financiamiento de las organizaciones no gubernamentales - ONG que reciban financiamiento para sus actividades Las principales modificaciones incluyen la ampliación de las funciones de la Agencia peruana de Cooperación Internacional - APCI, la obligatoriedad de inscripción en registros específicos para todas las organizaciones que gestionan cooperación internacional, y la implementación de un régimen de sanciones para infracciones leves, graves, y muy graves. Además, se establece la creación de una Intendencia Nacional de Control para supervisar a estas entidades. Estas disposiciones restringen las actividades de organizaciones de sociedad civil al imponer sanciones graves contra las ONG que usen indebidamente fondos de cooperación internacional o que financien actividades que afecten el orden público, la propiedad o la seguridad. Las sanciones incluyen multas elevadas y hasta la cancelación de registros. Debido a la ambigüedad de los términos legales, esta iniciativa permitirá sancionar el activismo político financiado por cooperación internacional, promoviendo su control y potencial criminalización. Por tanto, estas iniciativas atentan contra los derechos de participación y protesta de las organizaciones de sociedad civil. Así, el dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores transforma a la APCI en un arma política mediante la que el Poder Ejecutivo podrá intimidar y perjudicar a cualquier asociación que reciba financiamiento de la Cooperación Internacional. Cabe informar, además, que contrario a generar un diálogo con sociedad civil, las propias autoridades públicas emiten discursos estigmatizantes que o son negacionistas de la crisis de derechos humanos e institucional , difaman y prejuician a actores de la sociedad civil , desvalorizan las demandas ciudadanas , violentan estándares de derechos humanos , o insultan a las personas asesinadas en el marco de la protesta social . Un ejemplo grave y reciente de este tipo de estigmatización sobre las personas fallecidas en el marco de las protestas, impulsada por las autoridades, es el pronunciamiento del Ministro de Educación Morgan Quero que señaló que “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas” . Estos discursos, sumados a que la legitimidad de la Presidencia de la República o del Congreso de la República tiene un registro histórico bajo (alrededor del 5% de aprobación en noviembre del 2024 ), han hecho inviable el clima de diálogo.