Documento Principal
El Estado mexicano ha desarrollado e implementado estrategias clave para garantizar que las instituciones a nivel federal, estatal y local trabajen de manera articulada en la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Desde la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se ha buscado fomentar una coordinación efectiva entre la Federación, las entidades federativas y los organismos autónomos, como fiscalías y comisiones de derechos humanos. Esta colaboración interinstitucional ha sido fundamental para ofrecer una respuesta integral y eficiente ante las crecientes amenazas que enfrentan estos grupos en riesgo.
El Mecanismo de Protección opera bajo una estructura robusta y participativa que involucra a múltiples actores. Su Junta de Gobierno está integrada por diversas entidades del Gobierno Federal, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y representantes de la sociedad civil. Esta amplia representación asegura que la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas sea abordada desde un enfoque multidimensional, tomando en cuenta las distintas realidades y retos de cada región y sector. Además, la coordinación entre niveles de gobierno asegura que la implementación de las medidas de protección sea uniforme y coherente en todo el país.
Adicionalmente, el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo, conformado por organismos internacionales como la ONU-DH y organizaciones especializadas de la sociedad civil, ha colaborado para fortalecer el Mecanismo.
Una parte importante de esta estrategia ha sido el incremento en la asignación de recursos. El Estado mexicano ha mostrado un compromiso financiero significativo para garantizar la sostenibilidad y eficacia del Mecanismo. Durante el actual sexenio, el presupuesto se ha triplicado en comparación con administraciones anteriores, permitiendo no solo una mayor capacidad operativa, sino también la ampliación del personal especializado y el fortalecimiento de los recursos tecnológicos y logísticos. Esta inversión ha permitido que el Mecanismo responda con mayor rapidez y eficiencia a los casos de emergencia, ofreciendo una protección oportuna a los beneficiarios.
Gracias a estos esfuerzos, México ha avanzado hacia una política de protección más avanzada y robusta que no solo responde a las amenazas inmediatas, sino que también incorpora la participación activa de actores clave en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. La colaboración entre los niveles de gobierno, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil ha sido esencial para garantizar que las medidas de protección sean no solo efectivas, sino también sostenibles a largo plazo.
La continua implementación de estas estrategias ha permitido que el Mecanismo se mantenga como un instrumento esencial en la protección de periodistas y defensores de derechos humanos en México, garantizando que los principios de justicia, seguridad y derechos humanos sean protegidos en un entorno cada vez más complejo. Además, las recomendaciones de organismos internacionales han reforzado la capacidad del Estado para adaptarse a las nuevas formas de violencia y amenazas, consolidando su posición como un modelo de protección a nivel regional.