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El Estado mexicano ha adoptado un enfoque integral para garantizar la protección diferenciada de mujeres, líderes indígenas y defensores ambientales, reconociendo las necesidades particulares de cada grupo en función de sus vulnerabilidades específicas. Este compromiso se refleja en las acciones desarrolladas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual ha implementado estrategias especializadas para asegurar una evaluación detallada y la adopción de medidas adecuadas para cada contexto.
Uno de los avances más importantes ha sido la creación, en enero de 2024, de la Mesa especializada de atención con perspectiva de género, conocida como "La Equipa", dentro del Mecanismo de Protección. Esta iniciativa busca fortalecer la protección de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, asegurando que sus casos sean tratados desde una perspectiva integral y sensible a sus circunstancias específicas, como la violencia de género y la discriminación. "La Equipa" no solo proporciona protección, sino que también promueve la creación de entornos seguros para que estas mujeres puedan continuar su labor, reconociendo que enfrentan riesgos específicos en comparación con otros grupos.
En el caso de los líderes indígenas, el Estado mexicano ha desarrollado medidas especializadas que toman en cuenta su papel fundamental como defensores de los derechos de sus comunidades y del medio ambiente. Reconociendo que enfrentan amenazas únicas, muchas veces relacionadas con conflictos territoriales o ambientales, el Mecanismo ha intensificado su enfoque para garantizar que estas personas reciban protección adecuada y acceso a la justicia. En 2024, 184 personas defensoras indígenas están incorporadas al Mecanismo, lo que incluye medidas especiales que consideran su situación sociocultural, su conexión con sus territorios y los peligros adicionales derivados de su condición de defensores comunitarios.
Asimismo, se ha dado un paso decisivo hacia la protección de defensores ambientales con la ratificación del Acuerdo de Escazú en diciembre de 2020. Este tratado internacional es el primero en el mundo que incluye disposiciones específicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales. En febrero de 2024, el gobierno mexicano convocó a la mesa de trabajo "Acción regional por las personas defensoras ambientales", en la que participaron representantes de 28 entidades federativas. Este esfuerzo tiene como objetivo integrar una perspectiva local dentro del Plan de Acción Regional para Defensores Ambientales, adoptado en abril de 2024 durante la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3). El Plan busca garantizar que los defensores ambientales reciban protección no solo a nivel nacional, sino también en el marco de un compromiso regional que promueva su libertad de expresión y su derecho a un entorno seguro.
Por otro lado, se han realizado avances significativos para extender la seguridad social a los periodistas más vulnerables. En colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Gobernación, el Estado ha implementado un programa de seguridad social para periodistas independientes, con una inversión de 45.7 millones de pesos hasta diciembre de 2023. Este programa ha permitido que más de 1,500 periodistas que anteriormente carecían de acceso a estas prestaciones puedan ahora contar con cobertura voluntaria dentro del sistema de seguridad social, brindándoles mayor protección laboral y médica.
El enfoque diferenciado también ha sido adoptado por 26 entidades federativas, que ya cuentan con normativas especializadas para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Estas normativas aseguran que las políticas de protección sean coherentes y estén adaptadas a las realidades locales de cada región. Además, la Unidad de Igualdad de Género de la FGR colabora con diversas fiscalías para asegurar que los delitos cometidos contra mujeres periodistas se investiguen con una perspectiva de género, lo que representa un avance en la imparcialidad y eficacia de los procedimientos de justicia.
En conjunto, estas acciones reflejan el compromiso del gobierno mexicano con una política de protección inclusiva, que considera las vulnerabilidades específicas de los diferentes grupos sociales y refuerza la importancia de un enfoque interseccional para la protección de los derechos humanos. El Acuerdo de Escazú, las acciones para proteger a mujeres defensoras y líderes indígenas, y el programa de seguridad social para periodistas independientes son muestras de cómo el Estado trabaja para crear un entorno más seguro y justo para quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.