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A través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Gobierno de México no solo garantiza la justicia, la verdad y la reparación integral del daño en casos de tortura, desaparición, secuestro, abuso de autoridad, tráfico ilegal de personas, trata de personas, pederastia y abuso sexual, sino que también promueve activamente la participación de las víctimas directas e indirectas en los procesos de acceso a la justicia y reparación. Esta participación no se limita a ser escuchadas, sino que las víctimas juegan un rol crucial en la formulación de soluciones y en la implementación de mecanismos que aseguren sus derechos.
En este contexto, además de la justicia, el Estado reafirma su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo a las familias de las víctimas como actores fundamentales. La Ley General en Materia de Desaparición establece que los familiares tienen el derecho a participar activamente en el diseño, la implementación y el monitoreo de las acciones de búsqueda, así como a recibir información y aportar evidencias clave. El Estado, a su vez, está obligado a garantizar la seguridad y dignidad de las familias durante estos procesos.
A partir del 1 de febrero de 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) integró la Red Nacional de Personas Buscadoras, compuesta por 149 integrantes en 29 entidades federativas, quienes han realizado 2,493 acciones de búsqueda en campo. Además, de febrero a junio de 2024, estas acciones han resultado en la localización de 132 personas con vida y 145 hallazgos forenses. Este esfuerzo refuerza el compromiso del Estado de incorporar a las familias de las víctimas en cada etapa de estos procesos, tanto en la búsqueda como en la identificación de personas desaparecidas.
El Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) refuerza este derecho al permitir que los familiares, a través de colectivos o representantes, participen en las acciones de búsqueda, aportando información relevante y colaborando en la logística y el seguimiento de las investigaciones. Hasta junio de 2024, la CNB ha atendido a 600 familias en 18 estados, en coordinación con 94 colectivos.
Estos esfuerzos se complementan con la Ley General de Víctimas (LGV), que garantiza a las familias no solo el derecho a la verdad y la justicia, sino también a la reparación integral. Las familias de víctimas tienen el derecho a solicitar la intervención de peritos independientes y a que las autoridades cumplan con su deber de investigar, sancionar y prevenir delitos relacionados con desapariciones.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición (FEIDDF) también juega un papel central en facilitar la participación activa de las familias en los procesos de investigación y en mantenerlas informadas sobre el avance de los casos. Con estas acciones, el Gobierno de México demuestra su firme compromiso para garantizar que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia y a la reparación integral, reconociendo que su participación es esencial en la búsqueda de soluciones y en el combate a la impunidad.