México
Fiscalía General de la República
Septiembre 30, 2024
Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión/ Código Nacional de Procedimientos Penales
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El Gobierno de México está implementando medidas concretas para establecer y utilizar criterios objetivos en el ejercicio de la facultad de atracción, con el objetivo de asegurar investigaciones eficaces y justicia expedita en casos de delitos cometidos contra la libertad de expresión. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FGR) se encarga de investigar y perseguir delitos que afectan la libertad de expresión de los periodistas. Esta Fiscalía mantiene una comunicación constante con el Mecanismo de Protección y, desde 2020, ha colaborado con la Unidad Especial de Género y Violencia contra las Mujeres de la FGR para identificar si existen factores de género en los delitos que investiga. Entre 2018 y 2024, se iniciaron 138 expedientes relacionados con delitos cometidos contra mujeres periodistas. El Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión incluye directrices especializadas que incorporan una perspectiva de género, asegurando que la investigación se realice de manera adecuada y justa. El artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera clara los casos en los que la FGR puede ejercer su facultad de atracción en estos delitos. Este artículo menciona varias circunstancias bajo las cuales se puede solicitar la atracción, como la participación de servidores públicos en el delito, el riesgo a la vida o integridad física de la víctima, o la existencia de condiciones generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información. De acuerdo con esta normativa, la víctima puede solicitar al Ministerio Público de la Federación que se ejerza esta facultad en cualquier circunstancia que justifique la intervención del ámbito federal. Esto asegura que los casos de delitos que limitan la libertad de expresión sean tratados con la seriedad y la celeridad que requieren, garantizando así el acceso a la justicia para quienes han sido afectados.
Los retos y desafíos se incluyen en la sección de principales resultados
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