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Se están llevando a cabo medidas adoptadas para la implementación de la política pública en materia de desplazamiento forzado interno (DFI), alineadas con los estándares internacionales.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), publicó el Manual sobre Desplazamiento Interno. Esta guía práctica proporciona a las y los impartidores de justicia acceso a las normas y estándares más altos de derechos humanos y derecho internacional en el contexto del desplazamiento interno. Su objetivo es sensibilizar a las personas juzgadoras y recopilar los estándares internacionales e interamericanos aplicables, para que los consulten durante la resolución de casos relacionados con personas desplazadas internas y comunidades de acogida, poniendo especial énfasis en sus derechos y las obligaciones en materia de prevención, asistencia humanitaria, protección y soluciones duraderas.
Asimismo, se colaboró con el ACNUR, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua en la elaboración del Informe del Ejercicio de Caracterización del Desplazamiento Interno. Este informe tiene como propósito analizar y documentar las condiciones y necesidades de las personas desplazadas internamente en Chihuahua. En diciembre de 2023, se recibieron las versiones finales de documentos temáticos sobre "Empleos y Medios de Vida", "Vivienda" y "Tierra y Propiedad".
En abril de 2023, la Secretaría de Gobernación proporcionó acompañamiento técnico al gobierno de Sinaloa para implementar el primer plan piloto destinado al retorno seguro de 70 familias víctimas de desplazamiento forzado interno en la zona de Tepuche. Este plan incluye medidas de seguridad, acceso a salud y educación, así como mejoras en la vivienda, facilitando así el regreso a sus hogares.
Durante 2023, la Secretaría de Gobernación participó como invitado externo en el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de Desplazamientos Forzados Internos en Chiapas, donde se dio seguimiento a las demandas de las familias desplazadas en Chilón, Aldama, Chenalhó, Chalchihuitán y Venustiano Carranza.
Además, desde noviembre de 2023, se retomó la mesa de diálogo con autoridades del gobierno de Oaxaca y las partes en conflicto para dar cumplimiento a las medidas cautelares 279-22, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de las familias Triquis desplazadas de la comunidad de Tierra Blanca Copala, municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca. Este esfuerzo busca crear condiciones propicias para la pacificación de la zona Triqui.
Con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, se desarrolló el estudio “Metrópolis de México 2020”, publicado en octubre de 2023, y se elaboró el Informe de revisión de información secundaria del ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua, editado en junio de 2024.
Finalmente, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas para el diseño y atención del DFI, se participó en el taller “Avanzando hacia la protección y soluciones duraderas de las personas desplazadas internas”, organizado en el marco del grupo de trabajo sobre desplazamiento interno del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS). Estas acciones reflejan el compromiso del Estado mexicano por avanzar en la atención y protección de los derechos de las personas desplazadas internas, garantizando su bienestar y su integración en la sociedad.