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Principales resultados obtenidos
En relación con esta recomendación, la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (UCNSJP), derivado de las necesidades en materia de ejecución en los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF), ha desarrollado dos etapas para atender dicha situación de manera gradual mediante la habilitación de personas juzgadoras para que ejerzan las funciones propias de esa etapa.
Esta lógica de creación gradual de jueces de ejecución, a partir del seguimiento permanente que realiza la UCNSJP a la estadística de operación del Sistema de Justica Penal Adversarial (SJPA) -específicamente en esta instancia del proceso-, permitió identificar la necesidad de fortalecer la plantilla de personas juzgadoras en los CJPF con cargas significativamente altas con relación a los asuntos en la fase de ejecución, combinado también con números elevados en las de control y enjuiciamiento, dando como resultado la adscripción de otra persona juzgadora especializada en ejecución en los CJPF en los Estados de Coahuila y Guanajuato, en abril de 2022; así como en los CJPF en los Estados de Michoacán y Oaxaca, en junio y julio, respectivamente.
Asimismo, en el mes de agosto de 2022, se llevó a cabo el Segundo Intercambio de Experiencias sobre los Retos y Áreas de oportunidad den Materia de Ejecución del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que se analizaron los aspectos más relevantes en el estado actual de la ejecución de sanciones en el SJPA a nivel federal.
Por otra parte, en la Sesiones Ordinarias del 1° de junio y 6 de julio del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) instruyó al Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que designara al personal que brindará la representación subsidiaria a 53 y 542 personas, respectivamente, con el objeto de garantizar sus derechos a la defensa adecuada y acceso a la justicia ante las autoridades locales y federales competentes.
Aunado a ello, el IFDP reportó que las defensoras y defensores públicos federales tienen la obligación de garantizar que las personas defendidas reciban una visita carcelaria por lo menos una vez al mes de conformidad con el artículo 47 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del IFDP.
En dicha visita las y los defensores públicos deben hacer las preguntas pertinentes a sus representadas y representados, que les permitan dar seguimiento a su situación jurídica, así como informarles sobre el estatus que guarda su proceso, además de aquellas que permitan identificar posibles actos de tortura o malos tratos cometidos en su contra, en relación con las condiciones de internamiento y las necesarias para llevar una debida defensa.
Por otro lado, el IFDP, por medio de la Unidad de Defensa Penal ha llevado a cabo brigadas de asistencia jurídica en diversos centros penitenciarios del país, con la finalidad de atender las dudas de las personas privadas de la libertad, así como auxiliares a resolver cualquier problemática que manifiesten, tanto como derivado de las condiciones de internamiento como en solicitudes de apoyo para la realización de algún trámite que les permita obtener su libertad.
Por otra parte, se ha colaborado institucionalmente con otras áreas, celebrando reuniones y compartiendo información para la identificación de personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa, en las que la duración de la misma hubiera excedido el plazo constitucional; derivado de estas acciones, se promovieron 521 incidentes de modificación de medida cautelar, hasta el día 30 de septiembre de 2022.
Además, en septiembre de 2022 el IFDP comenzó una estrategia para entrevistar a la totalidad de mujeres privadas de libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 16 en Morelos (1,138) con el propósito de: (i) documentar elementos para la defensa integral de estas mujeres en los procesos penales instruidos en su contra, (ii) implementar acciones para garantizar condiciones de internamiento penitenciario adecuado para las mujeres privadas de libertad, y (iii) promover estrategias en contra del uso arbitrario de la prisión preventiva en beneficio de estas mujeres.
A la fecha se han entrevistado a 765 mujeres privadas de libertad. Mediante estas acciones la defensa pública federal logrará documentar exhaustivamente la situación en la que se encuentran estas mujeres privadas de libertad para implementar medidas que permitan garantizar su derecho a la defensa adecuada.