Documento Principal
El gobierno federal ha reducido el uso de la prisión preventiva a casos de mayor gravedad, como los relacionados con la delincuencia organizada. Asimismo, el Gobierno de México, consciente de la necesidad de aliviar la sobrepoblación carcelaria y asegurar un acceso efectivo a la justicia, ha implementado el programa de preliberaciones y amnistías en el marco de la Ley de Amnistía. Este esfuerzo ha permitido que miles de personas, muchas de ellas vulnerables y detenidas por delitos no graves, accedan a beneficios preliberacionales y amnistías. Estas medidas han sido fundamentales para reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios, atendiendo casos de personas que han cumplido más tiempo del estipulado en prisión preventiva, así como a adultos mayores con enfermedades crónicas y personas que han sufrido tortura.
Entre julio de 2022 y marzo de 2024, se otorgaron 8,733 beneficios de preliberación en diferentes modalidades, tales como libertad anticipada, remisión parcial de la pena, libertad condicionada, y amnistía. Estas acciones no solo han representado una segunda oportunidad para quienes cumplen con los criterios legales, sino que también han sido un paso hacia una justicia más humana y restaurativa.
En paralelo, el gobierno ha identificado 102 casos de irregularidades en la impartición de justicia, que incluyen la falta de pruebas suficientes, detenciones ilegales o el uso indebido de la prisión preventiva oficiosa. Estos casos han resultado en la liberación de personas que fueron absueltas sin haber recibido una sentencia o liberadas mediante amparos, lo cual evidencia la necesidad de seguir afinando el sistema de justicia para evitar abusos.
Un componente clave de este programa ha sido el Comité Permanente de Seguimiento de Preliberaciones, el cual evalúa solicitudes de personas en prisión preventiva, identifica casos de tortura y revisa la situación jurídica de los internos. Este comité, creado en agosto de 2021, también gestiona la liberación de personas en situación vulnerable, garantizando que quienes no deberían estar en prisión puedan recobrar su libertad de manera digna y justa.
Además, el gobierno ha implementado reformas significativas al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y al Código Penal Federal (CPF) entre 2021 y 2023, con el fin de asegurar que la prisión preventiva oficiosa solo sea procedente en delitos graves como el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio y otros. Paralelamente, se han establecido agravantes para estos delitos, así como la homologación de la reparación integral del daño y la pérdida de derechos como la patria potestad en casos de feminicidio.
El Gobierno de México aceptó la solicitud del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) para realizar, por segunda vez, una visita oficial a México del 18 al 29 septiembre de 2023. El GTDA fue acompañado por personal de la OACNUDH-México y visitó 4 instalaciones federales y 11 estatales y municipales; entrevistó confidencialmente a 173 personas privadas de libertad; y tuvo acceso pleno y sin obstáculos a todos los lugares que pretendió visitar.
El informe derivado de esta visita fue presentado el 17 de septiembre de 2024, durante el 57° periodo de sesiones del CoDH.
En este informe se identificaron avances positivos en México, derivados de su visita en septiembre de 2023, entre ellos:
la reforma constitucional de 2011, la cual pone los derechos humanos en el centro de la Constitución;
la disminución en el uso de la figura del arraigo, el cual rara vez se utiliza en la actualidad;
la extensión del amparo a los derechos humanos reconocidos internacionalmente;
la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016;
la introducción del Registro Nacional de Detenciones;
la modificación de leyes en 2014 para establecer restricciones a la administración de la justicia por parte de tribunales militares; y
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones estatales de derechos humanos que tienen su base en la Constitución.