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El Gobierno de México ha reconocido la consulta indígena como un derecho fundamental de los pueblos originarios, vinculado estrechamente a su autonomía, libre determinación y el derecho a conservar sus territorios y definir su desarrollo. Este derecho ha sido garantizado desde el inicio de la actual administración, permitiendo que las comunidades indígenas participen de manera libre, previa e informada en la toma de decisiones sobre grandes proyectos.
En cuanto a la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el gobierno implementó el proceso de consulta más amplio en la historia del país, organizando 116 asambleas regionales. Estas consultas también se realizaron para otros proyectos prioritarios como el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles y Tulum. Cabe destacar que en cinco proyectos, incluyendo la liberación de soya genéticamente modificada y dos proyectos mineros, las comunidades no otorgaron su consentimiento, y sus decisiones fueron plenamente respetadas.
La Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos es una iniciativa histórica impulsada por el Gobierno de México con el objetivo de fortalecer el reconocimiento y respeto de los derechos de estos pueblos en la legislación mexicana. Esta reforma busca ampliar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la autonomía, libre determinación, territorio, y desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicanos, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
Uno de los elementos clave de esta reforma es su enfoque en la consulta previa, libre e informada, que asegura la participación activa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus territorios, recursos y modo de vida. La reforma también incluye medidas para promover su desarrollo económico, social y cultural, respetando siempre sus usos, costumbres y formas tradicionales de organización.
Desde su instalación en febrero de 2024, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que actúa como órgano asesor y de participación, ha jugado un papel central en este proceso. Este consejo, integrado por 248 representantes elegidos por sus propias asambleas, ha impulsado acciones como la Reforma Constitucional. Desde su instalación en febrero de 2024, ha celebrado sesiones ordinarias y una asamblea nacional, manteniendo un diálogo constante con el Poder Legislativo para garantizar el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Además, el Consejo ha organizado una Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, celebrada el 9 de agosto de 2024, un evento clave para consolidar las propuestas y asegurar su incorporación en el proceso legislativo. También ha mantenido una interlocución permanente con el Poder Legislativo para garantizar que la reforma avance de manera integral, respetando los derechos fundamentales de las comunidades y promoviendo su bienestar integral.
Se han desarrollado 17 ejercicios de planeación participativa con pueblos indígenas denominados Planes de Justicia o de Desarrollo Regional, para reparar un agravio histórico o atender planteamientos de desarrollo. Son coordinados por el INPI junto con otras instituciones de la APF.
Los planes son novedoso instrumento de política pública que fortalece el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se implementan con un enfoque de justicia para devolverles la dignidad y grandeza de los pueblos y son de naturaleza resarcitoria o reparatoria y vinculante jurídicamente. Implican ejercicios de planeación participativa, construcción y seguimiento de acuerdos entre las autoridades indígenas en diálogo horizontal con el Gobierno de México. Garantizan el desarrollo integral y el bienestar común de las regiones indígenas y afromexicanas basados en su cultura y el respeto a la naturaleza y fortalecen y protegen el patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos, así como otros derechos fundamentales. Los principales resultados de dichos planes son:
480 mil indígenas beneficiadas;
Permitido la restitución de importantes superficies de tierra y volúmenes de agua;
Se fortalecieron los gobiernos tradicionales de 23 pueblos; y
Promueven el bienestar Integral regional en los siguientes ejes: Lengua Cultura e Identidad (Lugares Sagrados); Salud y Medicina Tradicional; Educación Indígena; Economía Indígena y Medio Ambiente, e • Infraestructura Básica.
Ejemplo. Plan de Justicia para el Pueblo Yaki:
Tierra y territorio. Decreto para restitución de casi 30 mil hectáreas. Resarcir la superficie entre el decreto de 1940 emitido por el General Lázaro Cárdenas y la ejecución de 1997.
Derecho al agua. Creación de distrito de riego 108 del Pueblo Yaqui. Se reconoce el derecho del Pueblo Yaqui como sujeto titular y administrador del Distrito de Riego.
Educación Modelo Educativo integral Yaqui que atienda su cultura, conocimiento y cosmovisión, en todos los niveles y modalidades. (Universidad del Pueblo Yaqui, con un Centro de Investigaciones; Centro de Artes y Oficios, y un Bachillerato Intercultural Comunitario)-