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El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) informó que, a la fecha, se cuenta con 131 abogadas y abogados bilingües con la capacidad de brindar los servicios en 148 variantes lingüísticas.
La Unidad de Asesoría Jurídica cuenta con 12 personas asesoras jurídicas y 12 oficiales administrativos bilingües para brindar servicios en materia civil, mercantil, fiscal, administrativa, entre otras.
El personal bilingüe de la asesoría jurídica se encuentra distribuido en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Estado de México, Chihuahua y Guanajuato.
De igual forma, se han realizado 70 visitas a comunidades indígenas (42 de ellas en el periodo de septiembre 2021 a la fecha) con la finalidad de acercar a las comunidades más lejanas los servicios del IFDP. Las comunidades indígenas que se han visitado pueden ser consultadas en el anexo correspondiente.
Por su parte, la Unidad de Defensa Penal cuenta con 49 personas defensoras públicas federales bilingües que son hablantes de 20 variantes lingüísticas, mismas que se encuentran distribuidos en 15 entidades federativas.
Asimismo, en la misma Unidad se encuentran adscritos 58 oficiales administrativos, que se encuentran en distintas adscripciones, tales como Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Nayarit, Baja California, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán, Campeche, Sonora, Puebla, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Durango, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo, Coahuila y Colima.
Es importante destacar que, de conformidad con los artículos 38 y 39 fracción VI de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del IFDP, la función del personal hablante de una lengua indígena es principalmente respecto de la defensa y asesoría jurídica y únicamente en los procesos legales en los que representan a las personas usuarias, podrán intervenir como intérpretes y/o traductores.
Aunado a que esa obligación debe ser activada a través de requerimiento judicial, cuando las autoridades hayan realizado lo siguiente:
1. En primer lugar, requerido a las instituciones oficiales, ya sean estatales o federales, que asignen un intérprete certificado (por ejemplo, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas).
2. Segundo, en caso de que se haya intentado por todos los medios encontrar un perito profesional, pero ninguna institución resuelva favorablemente su solicitud, puede nombrarse un perito práctico que esté respaldado por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional.
3. Si se justifica y demuestra que no se pudo obtener algún intérprete respaldado por la comunidad o por algún tipo de certificado, se autoriza nombrar a un perito del que se tengan elementos para determinar que conoce el idioma y la cultura de la persona indígena, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene una relación con dicha cultura e idioma. En estos casos es fundamental que la autoridad tenga certeza absoluta de que el intérprete además habla perfectamente español.
Resaltando que la posibilidad de designar a un defensor u asesor público bilingüe como intérprete o traductor en un proceso judicial o administrativo debe ser una de las últimas medidas a tomar por parte de las autoridades jurisdiccionales.
Por su parte, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), promueve las acciones afirmativas necesarias para que las instancias competentes garanticen los servicios de traducción e interpretación que permita a la población indígena el ejercicio pleno de sus derechos, a través del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI) se han realizado:
· Actividades para promover y propiciar la formación de intérpretes-traductores en lenguas indígenas, por medio de las cuales se impulsó, en conjunto con instituciones académicas, el desarrollo de actividades orientadas a la formación de personas intérpretes-traductores para contribuir al respeto y ejercicio del derecho de acceso a la justicia de las personas, pueblos y comunidades indígenas;
· Apoyo para la interpretación y traducción en lenguas indígenas, otorgado a personas indígenas que actúan como interpretes-traductoras en casos que involucren personas y comunidades que deban atender y darse a entender ante alguna instancia.
Estas acciones se han realizado con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, derecho al debido proceso, así como el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, y de sus integrantes.
Por último, en el Amparo directo en revisión 4189/2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que si una persona se autoadscribe como integrante de una comunidad indígena en cualquier procedimiento judicial, incluso hasta la presentación de la demanda de amparo directo, aunque no se hubiera autoadscrito durante el procedimiento, ello obliga al Tribunal Colegiado a pronunciarse sobre los derechos que tiene reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política del país.
En este sentido, precisó que si la autoadscripción es una manifestación de identidad y pertenencia cultural con la finalidad de acceder a la jurisdicción del Estado, en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte las personas indígenas, individual o colectivamente, se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y en todo tiempo deberán ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.