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México ha implementado una serie de medidas integrales con enfoque de género para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. Entre estas, destaca la Estrategia Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, que se ejecuta en 15 municipios prioritarios, involucrando a 24 dependencias federales y más de 200 gobiernos locales, con el objetivo de reducir feminicidios y mejorar el acceso a la justicia. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha detenido a 1,437 personas involucradas en delitos de feminicidio y género, en coordinación con los tres niveles de gobierno.
Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) han incrementado sus servicios en un 5.4%, proporcionando asesoría jurídica, atención psicológica, médica y refugios. El Programa de Apoyo para Refugios Especializados ha recibido más de 2,525 millones de pesos, lo que ha permitido expandir la red de refugios y centros de atención para las mujeres víctimas de violencia.
En el ámbito legislativo, se reformó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) en 2023, para garantizar la perspectiva de género en casos que involucren a mujeres y niños. También se modificó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), fortaleciendo la lucha contra el acoso sexual en espacios públicos y mejorando la coordinación interinstitucional.
Para mejorar la respuesta frente a la violencia de género, se creó en 2022 la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso, encabezada por la SSPC, para judicializar casos de feminicidio y otros delitos. Además, México ha sido líder internacional en reconocer el derecho al cuidado como un derecho autónomo.
La capacitación institucional ha sido clave: desde 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha capacitado a más de 152,000 servidores públicos, incluidos fiscales, jueces y policías, en temas de género. Esto ha fortalecido las capacidades de los operadores del sistema judicial para abordar la violencia de género desde un enfoque de derechos humanos.
El gobierno ha implementado protocolos especializados, como el Protocolo Nacional de Actuación Policial ante Casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio y el Protocolo Nacional de Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, que buscan mejorar la respuesta de las autoridades.
Por su parte, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), coordinada por el CONAPO e INMUJERES, ha logrado una reducción del 30% en la tasa de fecundidad de adolescentes entre 15 y 19 años en los últimos 5 años. Se han destinado 536.9 millones de pesos del FOBAM para 189 proyectos en las 32 entidades federativas, fortaleciendo las acciones de prevención del embarazo adolescente.