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Desde 2015, 22 entidades federativas en México han aprobado leyes que permiten el reconocimiento administrativo de la identidad de género en los registros de nacimiento, facilitando que las personas modifiquen su registro según su autopercepción, independientemente del sexo asignado al nacer. De estas entidades, 19 han reformado sus normativas para incluir el reconocimiento de la identidad de género no binaria, abarcando a quienes no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres. Para facilitar estos procesos, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el 20 de enero de 2022 un instructivo que permite a los consulados mexicanos expedir actas de nacimiento para personas trans sin que sea necesario viajar a México.
El Registro Nacional de Población (RENAPO) implementó el 21 de junio de 2022, la inclusión de la identidad de género no binaria en los registros de nacimiento, introduciendo una "X" en la Clave Única de Registro de Población (CURP). Además, se eliminó el uso obligatorio de los apellidos paternos y maternos, adoptando un enfoque más inclusivo. En agosto de 2020, se restringió el acceso y la publicidad de los registros de nacimiento modificados para proteger la información personal y evitar su mal uso.
En el ámbito electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el 20 de julio de 2023 que expediría credenciales de elector a personas trans que deseen cambiar su sexo en el documento, sin necesidad de contar con una identificación actualizada.
De igual manera, desde el 15 de mayo de 2023, los pasaportes mexicanos permiten incluir la opción “X” en el campo de sexo, dando a las personas no binarias la posibilidad de evitar una identificación binaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actualizó en septiembre de 2022 su Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, ofreciendo directrices para abordar casos relacionados con identidad de género y orientación sexual, reafirmando la importancia de proteger los derechos de la comunidad LGBTI+.
El INE, en su Consulta Infantil y Juvenil de 2021, incluyó una pregunta sobre identidad sexogenérica, reflejando su compromiso de reconocer la diversidad. Por su parte, el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2021-2024, coordinado por el CONAPRED, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y establece estrategias para asegurar la igualdad, como reformas normativas, ajustes administrativos, acciones afirmativas y capacitaciones para transformar patrones culturales discriminatorios.
El 25 de abril de 2024, el Senado de la República aprobó un dictamen que establece penas de prisión de dos a seis años y multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes realicen Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG). Las reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2024, entraron en vigor el 8 de junio de 2024, añadiendo el artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y el artículo 465 Ter a la Ley General de Salud. Este avance ha sido celebrado por organismos internacionales como ONUSIDA y la propia CIDH, subrayando su relevancia en la protección de los derechos de la comunidad LGBTI+.
El CONAPRED también monitorea activamente las reformas locales y, hasta el 3 de julio de 2024, ha identificado que 19 entidades federativas han tipificado los ECOSIG en sus códigos penales y leyes de salud. Además, sigue coordinándose con la Secretaría de Gobernación para emitir opiniones y continuar avanzando en la prohibición de estas prácticas.