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El fortalecimiento del Mecanismo de Protección se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los siguientes ejes: i) protección, ii) prevención, y iii) fortalecimiento institucional y por tanto, las actividades del Mecanismo se desarrollan en esos mismos ejes de trabajo. También se ha focalizado en los procesos internos y se trabaja para concretar metodologías implementando la perspectiva de género, con lo que se obtienen análisis con enfoque diferenciado integral.
La participación activa de la sociedad civil y organismos internacionales ha sido crucial, consolidando una política de Estado robusta. La Junta de Gobierno, el órgano principal del Mecanismo, incluye representantes del Gobierno Federal, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y cuatro miembros del Consejo Consultivo, garantizando una amplia representación y coordinación. Desde su creación en 2012 hasta julio de 2024, esta Junta ha realizado 150 sesiones y ha abordado 5,965 asuntos, con un 90% de los planes de protección aprobados sin necesidad de sesiones plenarias.
En 2023, el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo logró importantes avances, elaborando propuestas para cumplir el 66% de las 75 recomendaciones priorizadas. Para 2024, se han establecido rutas de acción enfocadas en lineamientos de la Junta, perspectiva de género, atención a casos colectivos y medidas digitales. Además, el presupuesto para el Mecanismo se ha triplicado, pasando de 780 millones de pesos (2012-2018) a 2,606 millones (2019-2023), con una asignación para 2024 de 599 millones 155 mil 516 pesos.
Cabe destacar que durante este sexenio el Mecanismo de Protección ha tenido un aumento significativo del presupuesto respecto de las administraciones pasadas: mientras que en el sexenio anterior se erogaron $780 millones de pesos (mdp) por concepto de implementación y operación de medidas de protección, en la presente administración se han ejercido recursos de $2,310 mdp, es decir se ha triplicado la inversión.
Para 2024, se tiene autorizado un presupuesto de $599,155,516 mdp, lo que ha permitido que se pueda llegar a más zonas y territorios en donde los periodistas y personas defensoras de derechos humanos lo requieran.
Asimismo, el Estado mexicano ha implementado medidas específicas para garantizar la evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas para mujeres, líderes indígenas y defensores ambientales. En enero de 2024, el Mecanismo de Protección creó la mesa especializada de atención con perspectiva de género, denominada "La Equipa de Género", con el fin de fortalecer la protección de mujeres defensoras, asegurando que sus casos se aborden de manera integral y sensible a sus circunstancias específicas.
El número de colaboradores del Mecanismo ha aumentado de 42 a 72, lo que mejora la capacidad de respuesta. Al 31 de julio de 2024, se protegen a 2,340 personas, incluyendo periodistas y defensores de derechos humanos, con una implementación destacada de programas de seguridad social para periodistas independientes, beneficiando a 2,181 personas con un presupuesto de 69,297,586.92 pesos. En colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Gobernación, se destinó $45.7 millones de pesos hasta diciembre de 2023 para garantizar el acceso al régimen de seguridad social para más de 1,500 periodistas que carecían de estas prestaciones.
Se implementó el programa de Seguridad Social para Periodistas Independientes, que no cuentan con relación laboral. Con cifras a abril de 2024, se incorporaron a este programa 1,670 personas periodistas independientes que no contaban con seguridad social, por lo que se destinaron recursos de $47 mdp del presupuesto de la SEGOB.
De marzo de 2023 a agosto de 2024 se han capacitado a 3344 personas servidoras públicas de las entidades federativas pertenecientes a las áreas de Secretarías de Gobierno, Fiscalías, Secretarías de Seguridad Pública, y mecanismos locales o áreas de protección de las 32 entidades federativas, así como personas defensoras y periodistas en 42 actividades. Asimismo, ha habido avances importantes en materia de recopilación de datos estadísticos desagregados, quedando pendiente el desarrollo de un sistema de información que aborde todas las necesidades al respecto.
Además, México ha reafirmado su compromiso con la protección de defensores ambientales a través de la implementación del Acuerdo de Escazú, ratificado en diciembre de 2020. En febrero de 2024, se convocó la mesa de trabajo "Acción regional por las personas defensoras ambientales", con la participación de representantes de 28 entidades federativas, cuyo objetivo fue integrar una perspectiva local en el Plan de Acción Regional para defensores ambientales, aprobado en abril de 2024 durante la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Actualmente, 26 entidades federativas cuentan con normativas especializadas en la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, asegurando que las políticas de protección sean coherentes y adaptadas a los contextos locales.