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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) coordina la implementación del Programa Institucional de la CEAV (PICEAV 2020–2024), alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que asegura los derechos de las víctimas en el marco de la estrategia de seguridad y construcción de paz en México. Este programa da cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General de Víctimas y contribuye a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La CEAV proporciona atención a las víctimas a través de servicios especializados que incluyen acompañamiento jurídico, psicosocial y médico, así como medidas de ayuda y asistencia. En 2023 y 2024, se ha enfocado en integrar los avances del PICEAV, de acuerdo con la Ley de Planeación y los criterios de la Secretaría de Hacienda para el seguimiento de programas.
Desde diciembre de 2021, la CEAV ha emprendido un proceso de rediseño institucional para fortalecer los 32 Centros de Atención Integral en el país, asegurando condiciones óptimas para el personal y las instalaciones. Además, se busca potenciar las capacidades del personal mediante la homologación de procesos de atención y la formación continua con perspectiva de género, promoviendo un ambiente laboral libre de violencia.
A junio de 2024, el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) cuenta con 75,863 personas registradas. Entre enero de 2023 y junio de 2024, se inscribieron 19,246 personas como víctimas. La CEAV ha proporcionado 268,799 atenciones a través de trabajo social, psicología y atención médica, siendo la mayoría de las atenciones brindadas en la Red Nacional de Centros de Atención Integral (CAIs).
En 2023, la Dirección General de Asesoría Jurídica Federal (DGAJF) otorgó 137,610 servicios jurídicos, resultando en 287 sentencias condenatorias y otros procedimientos para garantizar la reparación del daño. En 2024, se iniciaron 3,450 expedientes, proporcionando 92,639 servicios jurídicos y asegurando reparaciones para 173 personas. El Comité Interdisciplinario Evaluador emitió 1,202 resoluciones de reparación integral del daño, totalizando $1,118,585,742.59, abarcando diversas categorías, incluidas violaciones a derechos humanos.
Asimismo, en 2023, la CEAV fortaleció los mecanismos de vinculación para gestionar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). La Coordinación de Vinculación Estratégica, en colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha promovido la gestión de recursos del FASP para mejorar el equipamiento y la capacitación del personal en las Comisiones Estatales de 19 entidades, con el fin de optimizar la atención integral a las víctimas a nivel local.
En 2024, la CEAV solicitó a los gobernadores de las entidades con Comisiones Estatales de Atención a Víctimas (CEEV) que incrementen la inversión en estas comisiones para asegurar recursos suficientes, buscando garantizar una atención integral a las víctimas y fortalecer las capacidades de las comisiones. También se llevó a cabo una gestión dirigida a las 32 titulares de los Secretariados Ejecutivos Locales para fomentar la inversión en programas de prevención y atención a la violencia de género.
Se realizaron reuniones virtuales con el personal de las CEEV para informar sobre las gestiones realizadas y conocer su situación. En febrero de 2024, la CEAV participó en reuniones del FASP, donde se reconoció el esfuerzo de las autoridades para fortalecer las comisiones. Estados como Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán participaron por primera vez en el FASP, destacando la inversión de las comisiones de Oaxaca e Hidalgo.
Durante 2023, se firmaron convenios con 25 CEEV para facilitar la transmisión de información sobre víctimas al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), logrando que 20 de ellas transmitan datos. En 2024, se firmó un nuevo convenio con Guerrero para integrar su información al RENAVI. De acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley General de Víctimas, la CEAV cuenta con una Junta de Gobierno que debe reunirse al menos cuatro veces al año y una Asamblea Consultiva que actúa como vínculo con las víctimas y la sociedad.