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La política del Gobierno de México incluye una nueva estrategia sobre la responsabilidad del victimario, obligando a la reparación integral del daño y garantizando la no repetición de los hechos. Si el victimario no cuenta con los recursos para reparar el daño, el Estado proporciona compensación subsidiaria. Entre 2021 y 2023, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) integró 21,069 expedientes, brindando 280,309 servicios a 32,783 víctimas. Desde mayo de 2019 hasta marzo de 2024, la CEAV emitió 1,255 resoluciones de reparación por violaciones a derechos humanos, beneficiando a 5,308 víctimas.
A junio de 2024, el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) cuenta con 75,863 personas registradas. Entre enero de 2023 y junio de 2024, se inscribieron 19,246 personas como víctimas. La CEAV ha proporcionado 268,799 atenciones a través de trabajo social, psicología y atención médica, siendo la mayoría de las atenciones brindadas en la Red Nacional de Centros de Atención Integral (CAIs).
Durante este sexenio, el Gobierno ha trabajado para revertir la crisis de derechos humanos y proporcionar atención a las víctimas. Se han ofrecido 464,396 servicios de trabajo social, psicológico y médico entre enero de 2020 y marzo de 2024, destacando 340,405 en trabajo social, 102,243 en psicología y 21,748 en atención médica.
La Comisión intersecretarial contra la Trata de Personas, coordinada por la Secretaría de Gobernación, trabaja para prevenir y erradicar este délito y violación a los derechos humanos, estableciendo un marco normativo y fortaleciendo la atención y reintegración social de las víctimas desde una perspectiva de género. En 2023, se llevaron a cabo capacitaciones para 1,967 servidores públicos en la materia. Desde octubre de 2022, se ha trabajado en una mesa dedicada a la trata de personas, desarrollando proyectos de cooperación internacional para mejorar la identificación y protección de víctimas, especialmente de comunidades vulnerables. Se han celebrado 22 reuniones hasta marzo de 2024, resultando en 99 acuerdos y la identificación de más de 60 objetivos relacionados con grupos delictivos de trata.
Por su parte, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012, ha contado con una amplia participación de la sociedad civil, organismos internacionales y diversas entidades del Gobierno Federal. La Junta de Gobierno, que sesiona mensualmente, toma decisiones clave sobre los planes de protección basados en principios como la perspectiva de género y el interés superior de la niñez. Desde su creación, la Junta ha sesionado 150 veces y ha atendido 5,965 casos hasta julio de 2024, con una tasa de aprobación del 90% en los planes propuestos.
El Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo ha logrado avances importantes en 2023, cumpliendo con el 66% de las recomendaciones priorizadas, enfocándose en lineamientos de la Junta de Gobierno, perspectiva de género, atención a casos colectivos y medidas digitales. Este esfuerzo refleja el compromiso del Gobierno de México en la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
Durante el sexenio, el presupuesto del Mecanismo ha crecido considerablemente. De 2019 a 2023, se destinaron 2,606 millones de pesos, triplicando la inversión respecto al periodo anterior. Para 2024, se ha aprobado un presupuesto de 599 millones de pesos. Además, el personal del Mecanismo ha aumentado de 42 a 72 personas, lo que ha permitido agilizar los tiempos de respuesta y atender más casos.
A julio de 2024, el Mecanismo protege a 2,340 personas, de las cuales 657 son periodistas y 1,258 son defensoras de derechos humanos. También ha implementado un programa de Seguridad Social para Periodistas Independientes, que ha beneficiado a 2,181 periodistas desde su lanzamiento en 2022, con un presupuesto de 69.3 millones de pesos, y actualmente 889 periodistas independientes están activamente recibiendo prestaciones sociales.