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La “Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas” (LGMDF) de 2017 establece la coordinación entre distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos de desaparición forzada. Esta ley incorpora un enfoque diferenciado y medidas especiales para la búsqueda de personas migrantes, además de facilitar el acceso a la justicia. También manda la creación de diversas instituciones, incluyendo el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas.
En noviembre de 2021, se aprobó una hoja de ruta para elaborar el Reglamento de la LGMDF, en colaboración con las familias de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades. Posteriormente, en diciembre de 2022, se aprobaron los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI), que permitirán a embajadas y consulados de México operar como ventanillas para que los familiares de personas extranjeras desaparecidas en México puedan reportar y denunciar casos desde su país, así como solicitar información e iniciar trámites relacionados con sus derechos.
En mayo de 2022, se estableció la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, que incluye el Grupo de Trabajo Interinstitucional y el MAEBI. Entre septiembre de 2022 y junio de 2023, se llevaron a cabo reuniones con autoridades de Honduras para coordinar esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas en su tránsito por México. También se realizaron tres mesas regionales con consulados y embajadas de varios países de América Latina, además de un Encuentro Nacional de Comisiones Locales de Búsqueda para intercambiar buenas prácticas y diseñar estrategias para la búsqueda de migrantes.
El MAEBI ha mejorado la coordinación interna entre las autoridades con bases de datos y con algunas autoridades de EE. UU., lo que ha permitido identificar a personas reportadas como desaparecidas en menor tiempo y con menos costos. Esto también ha facilitado informar a los familiares sobre su paradero, en cumplimiento con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En 2023, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se coordinó con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para dar seguimiento a casos de personas hondureñas reconocidas como víctimas de delitos en México. Se busca instrumentar una ruta de atención con la participación de Honduras, considerando que estas víctimas residen actualmente en ese país.
El Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) de la CEAV documenta 332 mujeres migrantes víctimas de delitos como tráfico de personas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro, lesiones, desaparición forzada, abuso sexual, tortura, violación, violencia familiar, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y discriminación.