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El Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) incluye un apartado titulado “Lineamientos de Búsqueda Diferenciada”, que resume las acciones específicas a seguir cuando las personas desaparecidas o no localizadas pertenecen a grupos vulnerables, como migrantes, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños, adolescentes, defensores de derechos humanos, y periodistas, entre otros. Este enfoque busca identificar los atributos de vulnerabilidad asociados a la desaparición y considerarlos como ejes centrales en los procesos de búsqueda.
Las autoridades deben tener en cuenta las circunstancias particulares de las personas desaparecidas y sus familias, reconociendo que la actividad social o profesional puede ser un factor de riesgo. El PHB enfatiza que las defensoras y defensores de derechos humanos enfrentan una vulnerabilidad especial debido a la naturaleza de su trabajo. Además, el enfoque diferenciado debe aplicarse a grupos como personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños, adolescentes, personas mayores, migrantes y extranjeras, evitando que los factores de vulnerabilidad sean utilizados para estigmatizar o discriminar a estas personas o a sus familias.
Cuando se busca a personas de pueblos indígenas, se debe emplear una perspectiva intercultural que garantice el derecho a la participación y la información de sus comunidades. Esto incluye la disponibilidad de intérpretes y la consideración de autoridades tradicionales como representantes de las familias en el proceso de búsqueda. Las instituciones deben adaptar sus procedimientos para asegurar el derecho a la información y la participación de los familiares que tengan algún tipo de discapacidad.
En el caso de personas desaparecidas de la comunidad LGBTTI+, poblaciones en situación de calle o trabajadoras sexuales, las autoridades deben reconocer que su vínculo más cercano puede ser comunitario. Por lo tanto, los derechos de participación e información que otorga la Ley General también deben extenderse a los integrantes de estas comunidades, asegurando que se les incluya en el proceso de búsqueda.
Aunado a ello, el enfoque de género permite analizar las dinámicas de poder y vulnerabilidad asociadas a la identidad sexual y de género en casos de desaparición. Las autoridades deben actuar con especial diligencia ante desapariciones de mujeres y personas de la población LGBTTTI+, considerando la posibilidad de que estas estén vinculadas a violencia de género, como feminicidios y violencia sexual. Las fiscalías y comisiones de búsqueda tienen la responsabilidad de identificar patrones de desaparición relacionados con el género.
El Protocolo Alba establece directrices para la búsqueda diferenciada de mujeres, y la CNB, junto con la CONAVIM, ha trabajado en armonizar este protocolo en las 32 entidades federativas. Aunque algunos protocolos estatales todavía aplican un plazo de 72 horas para la búsqueda, el PHB y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PANNA) exigen una respuesta inmediata. Los nuevos criterios de protección se amplían a todas las personas autopercibidas como mujeres y también a niños y adolescentes varones desaparecidos junto a mujeres. En un foro de 2023, se recogieron recomendaciones para mejorar los procedimientos de búsqueda, priorizando a grupos vulnerables como mujeres adolescentes y niñas.
Asimismo, en el marco del PHB, las autoridades tienen un deber reforzado de diligencia en la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, asegurando su protección y socorro oportuno. Se debe aplicar el interés superior de la niñez, lo que implica que los derechos de estos menores deben ser prioritarios, y cuando hay incertidumbre sobre la edad de una persona desaparecida, se asumirá que es menor de 18 años.
El Estado mexicano también debe atender a los niños, niñas y adolescentes que sufren las consecuencias de la desaparición de sus cuidadores, adoptando medidas integrales con un enfoque de niñez y género para restituir sus derechos. La garantía de sus derechos debe considerar diversas condiciones como discapacidad, origen étnico y situación de migración, además de los efectos de género en las causas y consecuencias de la desaparición.
La Alerta Amber es un mecanismo nacional para la búsqueda rápida de menores desaparecidos, que involucra a diversas autoridades y sectores de la sociedad. Cuando se reporta la desaparición de un menor, se coordina de inmediato la estrategia de búsqueda, decidiendo si se activa la Alerta Amber.
En resumen, los mecanismos fortalecidos permiten una respuesta más rápida, coordinada y adaptada a las necesidades de grupos vulnerables, asegurando información precisa y confiable sobre mujeres y niñas desaparecidas. También garantizan la aplicación efectiva de protocolos con un enfoque de género, intercultural e inclusivo, lo que mejora significativamente los procesos de búsqueda y protección.