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La Guardia Nacional, en materia de comunicación se apega a lo establecido en la Ley General de Comunicación Social y al acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2019, el cual tiene como finalidad establecer la política pública de comunicación social que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En ese sentido, y a la fecha los funcionarios federales se abstienen de realizar declaraciones a fin de evitar resultados desfavorables.
Por otro lado, cabe señalar que las Delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República (FGR) no emiten opiniones públicas. De modo similar, existe un área de comunicación social centralizada para emitir boletines a medios, previa autorización de oficinas centrales.
Asimismo, se considera que en el ámbito de procuración de justicia, las medidas enunciadas en la presente recomendación ya existen en las leyes actuales, notablemente, la Carta Magna, en su artículo 20, inciso B, fracción I, prevé que los derechos de toda persona imputada a que se presuma su inocencia hasta que se demuestre lo contrario; así mismo el Código Nacional de Procedimientos Penales, señala en su numeral 113 fracción IVX que toda persona imputada tiene derecho a no ser expuesta a los medios de comunicación.
Es así que se instruye a servidores públicos de la FGR a no conceder entrevistas, cualquier petición de entrevistas debe realizarse a través de la Dirección General de Comunicación Social, y conforme al Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, publicado el 20 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Por otro lado, el actuar de las autoridades en materia de comunicación social se rige por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.