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Las nuevas autoridades la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos han asumido la importancia del proyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de Personas Desplazadas Forzosamente, incluyéndola como una de las prioridades de los primeros 100 días de gestión gubernamental, impulsando reuniones con grupos focales . Es importante mencionar que, en el plazo para su aprobación, la Comisión Especial dictaminó el anteproyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente.
En julio de 2022 la Comisión de Migración del Congreso Nacional se reunió con instituciones del Estado, organizaciones de sociedad y organismos internacionales para informar sobre el dictamen del proyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, la cual se espera que sea presentada al pleno del Congreso Nacional para que sea discutida y aprobada, y con este proceso contar con un marco legal nacional que asegure la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente a causa de la violencia generalizada en el país.
El Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado que contempla la ley, integra la participación de 31 instituciones del Estado, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales en su rol complementario que coadyuvarán en el cumplimiento de la ley.
La Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos en el marco del Proyecto “Fortaleciendo la Respuesta de la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas Internamente”, ha brindado medidas de protección y asistencia humanitaria a 255 personas desplazadas internamente por la violencia, ello con el apoyo financiero y técnico del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En el componente de medios de vida durante el 2021 y 2022 se han beneficiado 26 núcleos familiares que han sido financiados con fondos de cooperación externa del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), gestionados y ejecutados por la Secretaría de Derechos Humanos. A los beneficiarios se les otorga: el capital semilla, para la venta de comida, ropa, frutas y verduras, repostería, sala de belleza y pulpería, siendo el rubro de venta de comida el de mayor incidencia.
Es importante destacar que, en muestra de la voluntad política del Gobierno Solidario para trabajar en la prevención, atención y protección de las personas desplazadas por la violencia, se ha contado con participación de alto nivel la titular de la Secretaría de Derechos Humanos en eventos relacionados a la coordinación de trabajo con el Comité Técnico de respuesta al desplazamiento interno por violencia y actividades que buscan contribuir al ordenamiento del territorio urbano en la municipalidad de San Pedro Sula.
En el ámbito de la asistencia a gobiernos locales, la Secretaría de Derechos Humanos ha brindado colaboración técnica a las Alcaldías Municipales de San Pedro Sula y El Progreso en el diseño e implementación de sus rutas municipales de asistencia humanitaria de emergencia. Para el 2022, se ha priorizado el fortalecimiento de otros gobiernos locales con mayor incidencia de desplazamiento interno por violencia entre ellos San Pedro Sula, Distrito Central, El Progreso, Choloma, Juticalpa, Choluteca, La Ceiba, Ocotepeque, Comayagüa, dando una respuesta integral intermunicipal que incluye medidas de protección y asistencia humanitaria a la población en situación de desplazamiento forzado.
En respuesta a los bienes abandonados de la población desplazada se articuló entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto de la Propiedad una ruta de protección de bienes abandonados para asegurar su protección jurídica, la cual se encuentra en su fase piloto mediante ejercicios de identificación de bienes.
Para garantizar que los desalojos de comunidades indígenas, campesinas y de otros grupos en situación de vulnerabilidad sean realizados en observancia a las normas y estándares en materia de derechos humanos, el 9 de febrero de 2022 se brindó asistencia humanitaria y evitó el desalojo de la comunidad indígena lenca Tierras del Padre, conformado por más de 100 familias. La Secretaría de Derechos Humanos remitió al Poder Judicial una opinión jurídica con enfoque en derechos humanos y estándares internacionales para que la orden judicial de desalojo se apegue a estándares internacionales.
En el ámbito del Convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Organización Médicos del Mundo, el 9 de marzo de 2022 se realizó una brigada médica en la comunidad Tierras del Padre en la que brindaron servicios integrales de salud y asistencia psicológica a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.
En el área de fortalecimiento de las capacidades sobre desplazamiento interno se capacitaron 282 personas de octubre a diciembre de 2021 y de enero a septiembre de 2022 se capacitaron servidores públicos, organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales en temas como el Estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno, Proyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de Personas Desplazadas por la Violencia, soluciones duraderas, asistencia humanitaria en emergencia y recorrido de la respuesta institucional al desplazamiento interno en Honduras.