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La actual administración de la Policía Nacional de Honduras asumió el compromiso de fortalecer el Instituto Nacional Penitenciario (INP), estableciendo objetivos para alcanzar la estabilización. Además, se fortalecieron los programas de rehabilitación, reeducación y el trabajo como parte de la reinserción en beneficio de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios por medio de una correcta formación, capacitación, especialización y mantener las mejoras continuas.
En ese sentido se trabaja en coordinación con las dependencias del Poder Judicial, Defensa Pública y Juzgados de Ejecución, con las que se hará una revisión de expedientes para identificar beneficios de preliberación, libertad condicional y revisión de expedientes del régimen de máxima seguridad para las personas privadas de libertad que ya cumplieron su tiempo de reclusión en este módulo, así de esta manera descongestionar los centros penitenciarios y reducir la situación de hacinamiento. Se dará prioridad a las personas que adolecen de enfermedades en su etapa terminal y personas adultas mayores, entre otros.
Se desarrollarán planes de acción para que, en todos los centros penitenciarios se cumpla con el mandato constitucional de garantizar la rehabilitación, reeducación y reinserción social y por ende formular criterios concretos para hacer las observaciones al Estado de Honduras para reformar el Decreto No. 101/2015 (Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad) para ajustarse a las normas internacionales, especialmente en lo relativo a la duración del aislamiento y la revisión de la que debe ser objeto, acción que es parte del Plan de Gobierno, así como el estricto respeto a los derechos humanos.
La administración de la Policía Nacional, ha sostenido reuniones con organismos nacionales e internacionales cooperantes, para establecer alianzas estratégicas enfocadas en mejorar las condiciones de vida de la población en privación de libertad, sus familiares, el personal penitenciario y los funcionarios que en el cumplimiento de sus deberes visitan los 25 centros penitenciarios.
Se trabaja en conjunto con las organizaciones e instituciones que velan por el bienestar de la población penitenciaria, manteniendo una política de puertas abiertas, demostrando transparencia en las acciones que se realicen para dinamizar el Sistema Penitenciario Nacional.
Como avance de la misma, se informa que, en junio de 2022, se conformó un equipo técnico integrado por abogados, psicólogos, doctores, odontólogos, trabajadores sociales, personal de la Unidad de Derechos Humanos, y empleados del INP, para evaluar a las personas privadas de libertad del Módulo de Máxima Seguridad, del Centro Penal de Támara y determinar el tiempo en reclusión, el estado de salud y posterior su traslado a otro centro penitenciario.