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El Estado de Honduras basa sus políticas públicas económicas y sociales, en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con un enfoque interseccional, que no solamente contempla las brechas en las poblaciones más vulnerables, sino que también aborda múltiples derechos y las privaciones de una manera objetiva por medio del Índice de Pobreza Multidimensional.
La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social tiene el Sistema de Registro de la Oferta Institucional (ROI) un total de 32 programas, entre los estos están los programas de: transferencias monetarias condicionadas, Viviendas Saludables, Escuelas Saludables, Alimentación Escolar, entre otros.
Bajo el fundamento de la Ley Marco del Sistema de Protección Social y la Política de Protección Social, se implementan y ejecutan planes y programas que conforman el Piso de Protección Social. Mediante el impulso de esta Política, se beneficia a más de 1 millón de hogares con 3.5 millones de personas que pertenecen a poblaciones colocadas en situación de vulnerabilidad, entre ellas: niñas, niños, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas mayores, migrantes retornados, personas con discapacidad y personas LGBTI.
Honduras cuenta con el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), el cual permite focalizar las acciones para atender las vulneraciones identificadas en el índice de pobreza multidimensional, y orientar las políticas, planes, programas y proyectos. Para abordar el tema de pobreza multidimensional y reducir las inequidades estructurales, se cuenta con los programas: Bono Vida Mejor Urbano; Bono Vida Mejor Rural; Programa Vivienda Saludable; Programa Alimento Solidario; Programa Mejores Familias para una Vida Mejor; Programa Agricultura Familiar por una Vida Mejor; Programa Guías de Familia; y, Participación, Desarrollo Humano y Acompañamiento Social. En atención a niñas, niños y adolescentes, están los programas: Criando con Amor; Atención a Mujeres Jóvenes y Niños en Situación de Violencia y Riesgo Social; Prevención de Embarazos en Adolescentes; y, Programa de Alimentación Escolar. Otras poblaciones vulnerables que se benefician de los programas de protección social son: Adultos Mayores; mediante los Centros de Atención a personas con discapacidad y tercera edad y Honduras para Todos.
La Alianza para el Corredor Seco (ACS) es una iniciativa de país, apoyada por organismos internacionales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y The Global Agriculture & Food Security Program (GAFSP/Banco Mundial) y la respectiva contraparte del Gobierno de Honduras, para enfocar esfuerzos en la reducción de la pobreza y la desnutrición a través de inversiones estratégicas en comunidades vulnerables del Corredor Seco de Honduras. Esta´ dirigida a beneficiar a los hogares y comunidades beneficiadas de los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así´ como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. Para septiembre de 2019 se registra un total de 21,814 clientes hogares recibiendo asistencia de ACS- USAID, entre nuevos y los transferidos de ACCESO. Esto representa el resultado final del proyecto. Del total de hogares clientes, 7,626 (35%) tienen a mujeres como cabeza de familia. Los ingresos de los 12,174 hogares tuvieron un incremento de 216.7%, tomando como base los US$1.25 o menos per cápita diarios, que tenían al inicio del proyecto. Esto significa que superaron la línea de pobreza, La desnutrición crónica para niños menores de cinco años se redujo 13.2 pp, al bajar de 53.3% que existía al inicio del programa a 40.1% en septiembre 2019. Asimismo, la desnutrición aguda se redujo 48.3%, lo que significa que de la línea base de 18% se pasó´ a 9.3% en septiembre 2019.
A fin de mitigar los efectos de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, y evitar retroceder en los avances alcanzados en los Derechos Económicos Sociales y Culturales, se conformó un Gabinete Económico y Social para implementar el Plan de Inversión para la Reactivación Económica del país 2020-2021, centrado en la persona humana, y la generación de empleos. El crecimiento en vivienda, turismo y acceso a crédito tuvo éxito antes de la pandemia y fue producto de las políticas públicas que se han implementado.
Este Plan de Reactivación Económica, dará continuidad y ampliará las oportunidades de empleo, acceso a bienes productivos e inclusión financiera, tal y como se ha venido impulsando para poblaciones que han estado excluidas de estos derechos: mujeres, pueblos indígenas y afrohondureños, jóvenes, personas en extrema pobreza del ámbito rural y urbano, y personas con discapacidad. En ese espíritu, la Política Nacional de Empleo se fundamenta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y tiene dentro de sus focos principales la atención del ser humano y su desarrollo integral, procura que los ciudadanos más necesitados y desfavorecidos cuenten con una participación equitativa, tanto económica, como social; tiene como propósito brindar inclusión laboral en empleos dignos y productivos a la mujeres, jóvenes y personas en pobreza extrema del ámbito rural y urbano.