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El Gobierno Solidario, asumió el compromiso de construir el Estado Socialista y Democrático, en favor de la educación, salud, medio ambiente y desarrollo, para favorecer a las mayorías empobrecidas por un modelo extractivista y de explotación neoliberal.
Mediante el Decreto Legislativo 30-2022 se ordenó modificar el presupuesto general de ingresos y egresos del año fiscal 2022, considerando la situación crítica en la que se recibieron las finanzas del Estado, se suma la crisis internacional que está generando efectos en las cadenas mundiales de suministros y encarecimiento de la energía eléctrica y combustibles debido al alza internacional.
Inversión Pública
El antiguo Congreso Nacional, para la inversión pública había aprobado L 10,196.2 millones para el ejercicio fiscal del 2022, sin embargo, mediante Decreto Legislativo 30-2022 se suscribió un contrato de préstamo hasta de $ 1,000 millones con el Banco Central de Honduras, con el propósito de financiar la inversión pública, pago de deuda y gestión de pasivos, bajo este escenario la Inversión Pública cuenta con un presupuesto vigente de L 10,714.7 millones.
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, informa que la política fiscal del país está fundamentada en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y el retorno gradual al proceso de consolidación fiscal, manteniendo niveles prudentes de endeudamiento público, así como mantener las mejoras de las calificaciones de riesgo país. En tal sentido, se estima que el déficit para el período 2023-2026, estará dentro del techo establecido en la LRF y en su Cláusula de Excepción reformada en el Decreto Legislativo 30-2022, en el artículo 275-F, donde se establece para 2022 y 2023 un déficit del Sector Público no Financiero de 4.9% y 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) respectivamente, para el período de 2024-2026, se irá reduciendo paulatinamente en 0.5 del PIB.
Con el propósito de proporcionar el acceso a la energía eléctrica en igualdad y equidad a toda la población, asegurando el bienestar económico y social se decreta la Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.