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El Gobierno Solidario ha garantizado su compromiso para trabajar en el fortalecimiento, la protección y el goce de los derechos humanos. En este sentido, se está construyendo el programa Memoria y Verdad, Reparación, Justicia y no Repetición de cara a la Reconciliación y Refundación de Honduras, a favor de las víctimas que no encontraron respuesta a sus demandas de justicia, reparación y verdad por parte del Estado durante los períodos 1980-1993, 2009-2021 así como las responsabilidades derivadas de las sentencias internacionales en los casos de graves violaciones a derechos humanos entre 1994 y 2005.
El 4 de febrero de 2022, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 04-2022 denominado “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho para que los Hechos No Se Repitan”, introducida por las organizaciones de derechos humanos con el objetivo de autorizar y conferir facultades a la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos y el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para estudiar los casos de las personas que fueron criminalizadas por las luchas que buscaban restituir el estado de derecho en el país. Mediante este Decreto se procura reparar el daño ocasionado a las víctimas afectadas durante el Golpe de Estado de 2009. Como resultado de la aplicación del Decreto 04-2022, se ha beneficiado a doscientos diecisiete (217) hondureñas y hondureños que estaban bajo proceso judicial acusados de delitos vinculados a protestas, por su asociación a sectores gremiales y persecución política.
Además, mediante Decreto Legislativo 22-2022 se declaró el 24 de marzo de cada año, Día Nacional por el Derecho a la Verdad, la Memoria y la Justicia, con la finalidad de promover la memoria y reconocimiento de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, durante los regímenes represivos.
El Estado de Honduras en reconocimiento al derecho de las víctimas para que los hechos se conozcan y que las violaciones no se repitan, el 10 de mayo del 2022, ofreció perdón público y reconocimiento de responsabilidad en el caso Vicky Hernández y otras vs Honduras, primera víctima del Golpe de Estado de 2009.
Para garantizar la independencia del Poder Judicial, se emite la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de generar la máxima legitimidad, transparencia y confianza en la elección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El proceso de postulación para el proceso de candidatos y candidatas cierra el 31 de octubre de 2022.