Este proyecto, denominado formalmente “Fortalecimiento de la identificación y derivación de personas solicitantes de la condición de refugiado y/o con perfiles de especial vulnerabilidad, mediante la modernización de la plataforma de la Unidad de Refugio de Costa Rica”, es financiado por el Fondo MIRPS.
En los últimos años se ha presentado un crecimiento acelerado en las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, inclusive, en el 2021, Costa Rica se volvió el cuarto país a nivel mundial con mayor cantidad de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado pendientes. En ese sentido, actualmente, la cita para formalizar la solicitud se está dando en un plazo que varía de los dos meses hasta los seis meses, de hecho, actualmente se están resolviendo las solicitudes del año 2017.
Este contexto, además de la mora en sí misma, se generan dos problemas particulares:
- Detectar y atender en tiempos razonables a las personas que efectivamente son merecedoras de la protección internacional, y
- Detectar y derivar adecuadamente a otros programas o instituciones, personas en situación de especial vulnerabilidad (sean o no merecedoras del reconocimiento de la condición de refugiado), tales como personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas de comunidades indígenas, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, niñas, niños y adolescentes no acompañados, entre otros.
En virtud de lo mencionado, el propósito de este proyecto es lograr que las personas con perfiles específicos o situaciones de vulnerabilidad particulares sean atendidas en proceso más célere y derivadas adecuadamente a otras instituciones especializadas en diversas poblaciones en situación de vulnerabilidad.
A partir de ello, como resultados inmediatos, este proyecto propone la realización de una valoración de los flujos actuales de las personas solicitantes de la condición de refugiado e implementar mejoras del flujo de proceso para una adecuada atención y derivación, beneficiando directamente a unas 23.000 personas solicitantes de la condición de refugiado merecedoras de la protección internacional, así como alrededor de 10.000 personas solicitantes de la condición de refugiado (ya sea merecedora o no de la protección) con algún tipo de vulnerabilidad, ubicadas en todo el territorio del país.