A modo de conclusión puede señalarse que las víctimas sobrevivientes del delito de trata de personas requieren de espacios adecuados para ser escuchadas que les permitan participar sin estigmas en la construcción de políticas públicas, en los asuntos que les afectan. En este sentido, las políticas públicas de la región deben incorporar espacios de monitoreo que recojan los testimonios directos de las víctimas y evalúen en particular los servicios disponibles para su protección y asistencia, como parte de sus estrategias y/o planes nacionales de combate anti-trata.