Con una representación regional de poco más del 30% de mujeres en los parlamentos, la meta asumida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en la vida política está lejos de ser alcanzada en las Américas.

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Meta 5.5 del Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 5:

“Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”.

Los Estados han suscrito acuerdos y compromisos hacia la democracia paritaria y la plena y efectiva participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y política

1948

Convención Interamericana sobre concesión de los derechos civiles a la mujer de la Novena Conferencia Internacional Americana de la OEA.

1952

Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

1979

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujeres CEDAW (Naciones Unidas).

1994

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" (OEA).

1994

Plan de Acción de Miami de la Primera Cumbre de las Américas de la OEA.

1995

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas.

2001

Plan de Acción de Québec. Tercera Cumbre de las Américas de la OEA.

2001

Carta Democrática Interamericana. Vigésimo octavo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.

2007

Consenso de Quito de la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL.

2009

Declaración de Puerto España de la Quinta Cumbre de las Américas de la OEA.

2010

Consenso de Brasilia de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL.

2011

Declaración de Asunción de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de la SEGIB.

2013

Consenso de Santo Domingo de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL.

2015

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

2016

Estrategia de Montevideo de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL.

2018

Compromiso de Lima de la VIII Cumbre de las Américas de la OEA.

2019

Declaración de Santo Domingo de la XXXVIII Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres.

2020

Compromiso de Santiago de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL .

2021

Conclusiones convenidas del 65º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas.

2021

Declaración de Andorra de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de la SEGIB.

2022

Declaración de Panamá de la XXXIX Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres.

2022

Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática de la IX Cumbre de las Américas de la OEA.

Sin
embargo,

solo nueve países de América Latina tienen norma de paridad en su legislación electoral y otros nueve cuentan con leyes que establecen una cuota entre el 20 y el 40% de representación por sexo en las candidaturas electorales.

Aun cuando las mujeres conforman alrededor del

50%

de la población, se encuentran subrepresentadas en la toma de decisiones en todos los niveles y ámbitos de la vida pública y política.

34,6%

de los escaños en las cámaras bajas y altas de las Américas son ocupados por mujeres.
(UIP, 2022)

En los últimos 30 años, solo 14 mujeres han sido Jefas de Estado y de Gobierno en América Latina y el Caribe.
(Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, 2022)

15,5%

de las alcaldías municipales en América Latina son gobernadas por mujeres.
(CEPAL, 2018)

24,9%

Es el promedio de escaños ocupados por mujeres en los gobiernos locales en América Latina y el Caribe.
(ONU Mujeres, 2021)

Las mujeres integraron solo el 30% de los grupos de trabajo y comités de crisis creados en los países de las Américas para atender tanto la emergencia sanitaria como la crisis e impactos derivados de la pandemia por COVID-19.
(ONU Mujeres, PNUD, 2020)

Más datos >>

Para alcanzar la paridad política y lograr el cumplimiento de la Meta 5.5 del ODS 5, es necesario acelerar los esfuerzos dirigidos a:

1. Avanzar hacia la
democracia paritaria.

2. Aumentar la inversión para el
fortalecimiento de los liderazgos
políticos de las mujeres.

3. Implementar medidas urgentes para
erradicar la violencia
contra las mujeres

en la vida política y pública.

4. Promover
sistemas integrales
de cuidados.

5. Crear y fortalecer
mecanismos de
participación ciudadana

de las mujeres en su diversidad.


6. Ampliar y mejorar la generación de
estadísticas de género
con enfoque de interseccionalidad.

7. Fomentar
pactos sociales,
culturales y fiscales

que garanticen el avance a la igualdad sustantiva de género.

¿Por qué es importante el liderazgo y la participación de las mujeres en la toma de decisiones?

Las mujeres tienen derecho a participar de forma igualitaria y libre de toda forma de discriminación y violencia basada en género en todos los poderes y niveles del Estado.

La participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones es fundamental para que la agenda pública incorpore sus necesidades específicas, perspectivas y contribuciones.

La paridad en la toma de decisiones contribuye a modificar los factores estructurales que sostienen la discriminación y la desigualdad basada en género.

Los liderazgos y aportes de las mujeres son fundamentales para una respuesta y recuperación inclusiva, igualitaria y sostenible frente a las crisis.

Los liderazgos
de las mujeres marcan
la diferencia

Los espacios de toma de decisión se enriquecen cuando las mujeres en toda su diversidad son reconocidas e incluidas en diálogos participativos que incorporan sus aportes, experiencias y necesidades en las agendas.

La evidencia muestra que las mujeres que ejercen cargos políticos dedican más recursos a la inversión social, se preocupan por el bienestar social y la protección jurídica, y aumentan la confianza ciudadana en el gobierno. Asimismo, su participación en los espacios de toma de decisión tiene un impacto positivo en la productividad, la innovación y la capacidad de respuesta, tal como ha sido destacada a nivel internacional la gestión de algunas Jefas de Estado o Gobierno alrededor del mundo durante la pandemia del COVID-19. Estudios recientes demuestran que las mujeres en espacios de decisión tienen un buen desempeño en la capacidad de iniciativa, resiliencia y búsqueda de resultados. Además, su presencia en estos espacios tiene un impacto intergeneracional, contribuyendo a la erradicación de estereotipos y transformando los modelos a seguir en relación con el liderazgo y el ejercicio del poder.

A través del activismo y la oportunidad de incidir en la construcción de políticas públicas, numerosas mujeres y sus organizaciones han contribuido a visibilizar las desigualdades estructurales y temas históricamente olvidados, con aportes relevantes en la transformación de las agendas sociales y políticas en las últimas décadas.

Los liderazgos de las mujeres han impulsado las leyes de cuotas y reformas legislativas hacia sistemas de representación política paritaria; la aprobación y consolidación de leyes de protección integral frente a la violencia por razón de género contra las mujeres; leyes que tipifican el delito de feminicidio además de normativas sobre delitos sexuales, acoso laboral; leyes específicas sobre el acoso callejero y sobre la difusión de imágenes íntimas por medios electrónicos , así como la visibilización y legislación sobre la violencia contra las mujeres en la vida política. El liderazgo de las mujeres ha sido clave también en la visibilización de la injusta organización social de los cuidados y el impacto de la carga desproporcionada de los cuidados que enfrentan las mujeres, abogando por su reconocimiento y redistribución basados en el principio de la corresponsabilidad. El avance hacia políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos ha sido otro punto clave de la agenda de las mujeres en la región, cobrando cada vez más relevancia en el movimiento de mujeres y feminista de varios países de América Latina, ya reconocido ampliamente como la “marea verde” , y cuya incidencia ha tenido su correlato en la legislación de algunos Estados en la materia.

Las mujeres enfrentan barreras estructurales que obstaculizan el pleno ejercicio de sus derechos, incluyendo los derechos políticos.

Las estructuras y operaciones de los partidos y organizaciones políticas, así como diferentes ámbitos de la política y la administración pública, siguen influenciadas por resistentes culturas organizacionales y valores estructurales e ideológicos que obstaculizan el acceso de las mujeres a las posiciones de poder y toma de decisiones.

Aun cuando las mujeres han demostrado sus capacidades para el liderazgo, la persistencia de los estereotipos y sesgos de género, así como la discriminación y la violencia en su contra, continúan condicionando y obstaculizando sus oportunidades y el pleno desarrollo.

De distintas maneras se ha buscado inhibir la incorporación de las mujeres a los espacios de poder y toma de decisión, siendo la violencia en la vida política una reacción a su paulatino acceso a ámbitos de poder, así como una de las formas en que se afectan sus derechos políticos.

A pesar de su creciente participación en la fuerza laboral, las mujeres mayoritariamente siguen siendo las principales responsables del cuidado y las tareas domésticas, situación que da lugar a una sobrecarga de trabajo, con dobles y hasta triples jornadas laborales. Esto constituye uno de los principales obstáculos para que las mujeres gocen plenamente de sus derechos y oportunidades en igualdad de condiciones, también en relación con la vida política y pública.

La autonomía económica es crucial para el empoderamiento de las mujeres en otros ámbitos, como lo es el político. Sin embargo, las brechas de desigualdad económica no solo persisten, sino que se agudizaron como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

En los últimos años se constata un resurgimiento de prácticas y discursos conservadores y discriminatorios que se constituyen en amenazas y riesgos de retroceso respecto de la garantía de los derechos de todas las personas, la igualdad de género y la autonomía de las mujeres.

Además...

Interseccionalidad en la participación política

Las mujeres no son un grupo homogéneo, por lo tanto, es clave reconocer la diversidad y pluralidad dada por las condiciones de origen étnico-racial, edad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, situación migratoria, territorialidad (rural/urbana), nivel socioeconómico, entre otras.

Estas condiciones y factores pueden profundizar las desigualdades y discriminaciones basadas en género, lo cual supone mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos, incluyendo los políticos.

¿Cuáles son las acciones y medidas con las que se han comprometido los Estados para impulsar el liderazgo de las mujeres?

Medidas legislativas y de carácter electoral que garanticen la representación paritaria de las mujeres en todos los ámbitos y niveles del poder político.

Conocer más

Políticas afirmativas para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia en todos los poderes del Estado.

Conocer más

Apoyo al liderazgo de las mujeres en organizaciones sociales y políticas, así como el fortalecimiento institucional y las capacidades de incidencia de las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas.

Conocer más

Medidas dirigidas a modificar los patrones socioculturales que profundizan las desigualdades en base a roles, estereotipos y sesgos de género.

Conocer más

Reformas normativas y mecanismos para prevenir, sancionar y atender la violencia contra las mujeres en la vida política.

Conocer más

Iniciativas, normativas y políticas electorales inclusivas que conduzcan a las organizaciones y partidos políticos a incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos.

Conocer más

Sistemas integrales de cuidado que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y entre la familia, la comunidad, el Estado y el mercado

Conocer más

Sistemas de producción de información estadística con datos desagregados con enfoque interseccional.

Conocer más

Aumento de la cooperación entre los Estados y actores claves en la promoción de la participación de las mujeres en la vida pública.

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Es urgente acelerar los esfuerzos para alcanzar la plena y efectiva participación de las mujeres

en los espacios de poder y en la toma de decisiones. Las niñas, las adolescentes y las mujeres de hoy tienen derecho a un presente y un futuro en igualdad en el cual puedan desarrollar su pleno potencial y participar de forma sustantiva en la toma de decisiones.

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Para alcanzar la paridad política y lograr el cumplimiento de la Meta 5.5 del ODS 5, debemos acelerar los esfuerzos que propicien la participación de las mujeres en la política

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Estas son las acciones y medidas con las que diferentes Estados se han comprometido para impulsar el liderazgo de las mujeres.

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Es urgente acelerar los esfuerzos para alcanzar la plena y efectiva participación de las mujeres en los espacios de poder y en la toma de decisiones.

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Las niñas, las adolescentes y las mujeres de hoy tienen derecho a un presente y un futuro en igualdad en el cual puedan desarrollar su pleno potencial y participar de forma sustantiva en la toma de decisiones.

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