Los mecanismos que permiten la participación ciudadana en la gestión pública de El Salvador se encuentran amparados a nivel constitucional en artículos generales como, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de libertad de expresión y libertad de imprenta (Art. 6 de la Constitución Política), el derecho a la libre asociación y reunión (Art. 7 de la Constitución Política) y el derecho de petición y de respuesta (Art. 18 de la Constitución Política), entre otros.

Así también se cuenta con disposiciones de rango legal como la Ley 894 "Ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro", publicada el 17 de diciembre de 1996 que establece como una obligación del Estado fomentar la participación de la sociedad civil dentro de sus programas de desarrollo social para lograr la eficiencia, manteniendo bajo su tutela las funciones normativas de supervisión y fiscalización de tales instituciones.

El Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, instaura la participación ciudadana como un instrumento esencial en todas las fases del proceso de elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas, lo cual puede dar espacio para la creación de nuevas formas de participación ciudadana sobre todo a nivel nacional, así como la creación de una regulación específica sobre la materia.

La Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado ha establecido como lineamiento estratégico institucionalizar la participación ciudadana en la gestión pública como eje fundamental en la construcción de la democracia participativa como complemento del sistema democrático representativo.

Para esto, el Gobierno ha creado el Área de reforma política y participación ciudadana que entre sus esfuerzos tiene previsto fortalecer los componentes de la democracia participativa, impulsando mecanismos de participación ciudadana, los cuales puedan ayudar a contrarrestar la tendencia a la deslegitimación del sistema político.

Asimismo, El Salvador es suscriptor de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que busca facilitar y coordinar el trabajo de las distintas unidades del órgano ejecutivo para contribuir al pleno ejercicio del derecho de las ciudadanas y ciudadanos a participar en la gestión pública, como elemento consustancial de la democracia.

En El Salvador, los mecanismos de participación ciudadana se encuentran concentrados bajo la responsabilidad de los gobiernos locales amparados en el Decreto Legislativo 274 "Código Municipal", publicado el 5 de febrero de 1986.

Los principales mecanismos de participación ciudadana son los cabildos abiertos que tienen por propósito informar a la ciudadanía sobre la marcha administrativa e institucional de los municipios y la consulta popular que se ejercita cuando es necesario considerar la opinión de los ciudadanos sobre asuntos de interés local.

Dentro de las estrategias y mecanismos de participación de la sociedad en la gestión públicase destaca el Consejo Económico y Social que fue creado a través del Decreto 64 "Créase el Consejo Económico y Social" publicado el 16 de octubre del 2009 y está definido como un foro institucional permanente, cuyo objetivo central será facilitar el diálogo y la concertación alrededor de las políticas públicas relacionadas con la agenda económica y social del país.

El CES está compuesto por un total de 60 miembros entre representantes del gobierno central, sectores empresariales, sociales y académicos de El Salvador, estando su coordinación central a cargo de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Sus deliberaciones tienen un carácter consultivo y no son vinculantes. Sin embargo, sus informes de trabajo pueden ser presentados a la ciudadanía.