El derecho de acceso a la información ha venido evolucionando a tal punto que la información que solicitan los ciudadanos al Estado no se limita únicamente a la información general sobre la gestión de los recursos públicos, sino también a información específica y útil para facilitar la toma de decisiones en distintas esferas que tienen incidencia en la vida cotidiana tal como la información en el campo de educación, salud, seguridad, actividades económicas, inversión, entre otras.

En ese sentido, el sistema interamericano reconoce que el derecho de acceso a la información tiene una naturaleza instrumental, es decir su pleno ejercicio es a la vez garantía para el ejercicio de otros derechos tales como los económicos, sociales y culturales.

La naturaleza instrumental del derecho a la información también se conoce como transparencia focalizada o transparencia de segunda generación, la cual determina que la difusión de la información debe tener un propósito y un público específico, por ejemplo, para mejorar servicios públicos, reducir riesgos, aprovechar áreas de oportunidad por parte de los ciudadanos.

Las políticas de transparencia focalizada se estructuran sobre la base de los incentivos, capacidades y necesidades del grupo de usuarios objetivo de la política y deben servir para que los individuos se apropien de la información y en base a ella tomen o modifiquen sus propias decisiones.