Durante la época colonial, la utilización para la servidumbre doméstica de las mujeres indígenas, a las que se sumaron posteriormente las mujeres afrodescendientes, pervivió con la modernidad en la forma del empleo doméstico discriminado y despreciado socialmente.
Hasta fines del siglo XX la mayoría de los países de la región discriminaban legalmente a las trabajadoras del hogar, ayudando a que muchas de las ideas, opresiones y prejucios de otra época a se mantuvieríasan hasta nuestros días.
En general las justificaciones para asignar menores derechos de las trabajadoras del hogar frente a otras formas de empleo se fundamentaban en tres aspectos centrales:
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Que el trabajo doméstico debía considerarse una forma especial de ocupación ya que los empleadores no generan ganancias en base al trabajo de las personas que emplea.
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Considerar que el empleo doméstico era una suerte de favor que se hacía a mujeres sin cualificaciones específicas, por parte de una persona supuestamente generosa que brindaba un sitio para vivir y comida.
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La dificultad de quienes emplean trabajadoras domésticas para pagar salarios similares a cualquier otro tipo de empleo.
A partir de inicios del siglo XXI, la mayoría de los países hispanohablantes empezaron a equipararar los derechos laborales de las Trabajadoras del Hogar con los demás tipos de empleos, estos avances se argumentaron en el cuestionamiento al concepto mismo de trabajo y a la incorporación de la perspectiva de género en la economía.
Gracias al proceso de alianzas construido entre feministas en los diversos espacios de debate internacional, se promovieron acuerdos mundiales y regionales que incorporaron instrumentos para la aplicación práctica de los cambios conceptuales.
En 1995, A partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing, se instala la puesta en valor del trabajo del hogar y de cuidados y la importancia de cuantificarlo y registrarlo con las encuestas de uso del tiempo y la implementación de las cuentas satélites del trabajo no remunerado del hogar y de cuidados. A partir de entonces, y sobretodo en la siguiente década, los acuerdos e instrumentos internacionales regionales van incorporando disposiciones que comprometen a los Estados a reconocer plenos derechos al empleo doméstico.
La mayoría de países de la región han aprobado la igualdad legal del empleo doméstico y ratificado el convenio 189, pese a esto, las desigualdades persisten y el debate ha empezado a centrarse en cómo lograr el pleno ejercicio de los derechos conseguidos.
"Los primeros que se oponen son los empleadores, siempre ven a las trabajadoras del hogar como inferiores, no saben que con nuestro trabajo aportamos mucho a la economía del país y sacamos adelante a muchos de ellos, sin nosotros ellos tampoco podrían ir a trabajar, nuestras empleadoras tampoco podrían desarrollarse ellas mismas en sus propios trabajos, y nosotros también somos como maestras porque enseñamos a sus hijos cuando ellas no se encuentran en sus casas”
—Lideresa de Perú.
Las trabajadoras organizadas identifican como principales actores del freno al cierre de esta brecha a empleadores, parlamentarios, sectores de poder de las sociedades y en varios de los países, las agrupaciones empresariales. Dado que persisten los estereotipos, la discriminación y el poco reconocimiento del valor social de esta actividad y su aporte para la economía de las naciones.
Si bien los lugares de trabajo típicamente se consideran de ámbito público, las trabajadoras del hogar realizan sus labores dentro de un ámbito “privado”, lo cual crea una serie de dificultades para el acceso, monitoreo y seguimiento de sus condiciones de trabajo.
Las condiciones laborales que dejan poco tiempo y recursos, dificultan la interacción con otras trabajadoras por el espacio y la soledad en que se desarrollan las tareas que, sumadas a la dificultad que tienen gran parte de las mujeres que realizan estos trabajos para acceder a niveles superiores de educación, les impide conocer sus derechos. Todos estos factores aíslan a las trabajadoras del hogar y obstaculizan su organización política.
En varios de los países se están generando mesas conjuntas para trabajar en el cierre de esta brecha, en varios se apunta a la creación de espacios tripartitos, trabajadoras, estado y empleadores. La dificultad para que ello suceda radica en la ausencia, en la mayoría de los países, de una contraparte empleadora organizada, que represente adecuadamente su posición.
Conocer y capacitarse sobre los derechos de las Trabajadoras del Hogar es el primer paso para ejercerlos, reclamarlos e identificar las posibles vulneraciones.
La accion colectiva y las alianzas son claves para avanzar, permiten intercambiar aciertos y errores, crear conocimiento. La participación fortalece las organizaciones de trabajadoras del hogar como sujeto social para incidir en las políticas públicas. Por otra parte, las luchas de las trabajadoras no deberían quedar aisladas de las de otras mujeres excluidas, como las que llevan a cabo las mujeres indígenas y afrodescendientes, resulta esencial apoyar y potenciar esas articulaciones. El crecimiento y lazos que creen las organizaciones, ayudará a que el conocimiento sobre los derechos obtenidos se expanda a mujeres que están más lejos de los centros de información y acción política en los países.
El apoyo mutuo, la solidaridad del movimiento feminista y de mujeres, de los mecanismos nacionales y de los sectores clave, es esencial, as trabajadoras del hogar están cruzadas por múltiples precariedades estructurales y el involucramiento en la lucha por los derechos las vuelve vulnerables a la pérdida de sus fuentes de ingresos. Por lo que un desafío importante es la generación de mecanismos que brinden las capacidades económicas para resistir ante el eventual abuso o incumplimiento de derechos, la capacidad de sobrevivir a la situación de no tener trabajo.
Además, la discriminación histórica lleva a que mujeres trabajadoras que se han desempeñado todas sus vidas como empleadas domésticas, aunque el derecho a la seguridad social les sea reconocido hoy, ya no tienen posibilidades de jubilación. Por tanto, es importante hacer presión desde las organizaciones para que establezcan medidas de transición o compensatorias.