CIDH
Comunicado de Prensa
La CIDH y su REDESCA expresan solidaridad con las personas afectadas por la depresión tropical Eta en países de la región, y llaman a los Estados y a la comunidad internacional a atender la situación de las personas afectadas
17 de noviiembre de 2020
Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su solidaridad con las personas afectadas como consecuencia de los daños causados en los últimos días por la depresión tropical Eta en distintos países de la región. La CIDH y su REDESCA hacen un llamado a los Estados, la comunidad internacional y a todos los actores relevantes a unir esfuerzos a favor de las miles de personas afectadas y reitera la importancia de garantizar las obligaciones internacionales de derechos humanos en todas las circunstancias durante la emergencia.
La Comisión y su Relatoría Especial expresan sus sinceras condolencias y solidaridad con las personas familiares de las mujeres, varones, niñas y niños que han fallecido y que han resultado afectadas como consecuencia de estos desastres naturales. Asimismo, se ponen a disposición de las autoridades de los Estados afectados y de la comunidad internacional para colaborar, dentro del marco de sus funciones, con las iniciativas que se pongan en marcha para la superación de esta situación crítica que se vive en la región.
Conforme a información de público conocimiento, dicho fenómeno meteorológico tocó tierra el día martes 3 de noviembre, en Nicaragua como un huracán de categoría 4, causando varias víctimas mortales y la desaparición de decenas de personas en distintos puntos de Centroamérica. La Comisión y su REDESCA toman nota que en Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) indica que Eta ha afectado a más de 1 millón de personas y ha dañado a más de 50 mil hogares, dejando a 180 mil personas en albergues. Por su parte, el Ejecutivo reportó que al menos 53 personas habrían fallecido en el país como consecuencia de este hecho. Asimismo, según las autoridades, el número de fallecidos podría incrementarse, por cuanto los equipos de rescate no habrían podido llegar al lugar de los hechos debido a las condiciones de los caminos de acceso a la localidad.
En Honduras la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), detalló que la tormenta dejó 64 personas fallecidas, un total de 2,984,611 personas afectadas, más 174,851 personas evacuadas, 431 albergues habilitados para 9,118 familias que significan 44,908 personas albergadas, y 133 albergues cerrados, así como 107,792 personas rescatadas y 8 desaparecidas. De igual manera, la entidad gubernamental detalló que por las crecidas de los ríos y los derrumbes resultaron afectadas 14.242 viviendas, incluidas 52 que fueron destruidas. Los deslizamientos de tierra también afectaron 113 carreteras y 29 puentes, mientras que otros 21 quedaron destruidos.
El Sistema Nacional de Prevención de Desastres (SINAPRED) de Nicaragua informó que habría unas 130 mil personas afectadas en el país, de las cuales 20 mil se encontrarían en albergues donde se registran condiciones de preocupante precariedad, como falta de alimentos y medidas para evitar contagios de COVID-19. En este sentido, según la información recibida, el municipio de Bilwi (conocido también como Puerto Cabezas) y territorios indígenas Miskitu y Mayangna Sauni Bu, entre otros, serían algunas de las zonas más afectadas del país. La CIDH y su REDESCA también recibieron información sobre la crítica situación de hambre y la pérdida de vivienda de miles de familias e integrantes de las comunidades, muchas de las cuales perdieron sus cosechas o se vieron forzadas a desplazarse. De acuerdo con la información obtenida, la falta de respuesta del Estado de Nicaragua frente a la emergencia humanitaria y la insuficiencia de servicios de atención médica en los territorios indígenas colocaría en mayor riesgo a las comunidades. Respecto a la situación en El Salvador, la Comisión Nacional de Protección Civil reportó que al menos 2,200 personas fueron evacuadas a 56 refugios en 13 localidades del país.
En Panamá, la Comisión y la REDESCA toman nota que el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó de al menos 3.300 personas afectadas y 17 muertes. Asimismo, de acuerdo a información pública, comunidades enteras se encontrarían aisladas por inundaciones o caminos destruidos en el distrito de Tierras Altas, en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde también se indicó la destrucción de cultivos. En México las autoridades del estado de Chiapas informan de 15 muertos y 1.600 viviendas dañadas, mientras que el estado de Tabasco reporta sobre más de 7.600 personas que se encontrarían en albergues.
Particularmente, se ha informado que hasta el momento se calculan unas 25 mil familias afectadas por las lluvias que han causado la crecida de dos ríos, inundando la capital Villahermosa y a la ciudad de Veracruz. En Belice, la Organización Nacional de Gestión de Emergencias (NEMO) señaló de inundaciones que pueden haber afectado potencialmente hasta 30.000 personas. Por último, en Costa Rica, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) informa de al menos 325 mil personas afectadas.
Tomando en consideración los hechos descritos con anterioridad, para la Comisión y su REDESCA, esta situación se enmarca en un contexto donde estas ocurrencias climáticas son cada vez más frecuentes y aparecen con mayor fuerza. Ante la magnitud de las crisis humanitarias provocadas por desastres naturales y los efectos del cambio climático, las cuales pueden seguir agravándose en el tiempo venidero, reiteran a los Estados y a la comunidad internacional la importancia de ofrecer una respuesta inmediata en materia de asistencia humanitaria, fundamental para responder a la crisis humanitaria que afecta a las personas sobrevivientes de desastres naturales. Particularmente cuando esta parte de la región también es testigo de otro evento meteorológico que posiblemente podría empeorar la situación actual, como es el huracán Iota. El cual hasta el momento, ha impactado sustancialmente la isla de San Andrés de Colombia, afectando al 90% de su infraestructura según fuentes oficiales y estaría en ruta como un huracán de categoría 2 hacia Centroamérica, topando tierra el día lunes 16 de noviembre en horas de la noche en Nicaragua. Adicionalmente, la pandemia del COVID-19 agrava la situación e incrementa las necesidades de protección y bioseguridad de las personas afectadas por el cambio climático y los desastres naturales, por lo que la cooperación internacional se hace especialmente necesaria y urgente.
LA CIDH y su REDESCA subrayan que los vínculos entre el cambio climático y la ocurrencia de desastres ambientales amenazan el ejercicio de varios derechos humanos, incluyendo la generación del desplazamiento forzado de personas y el aumento de la desigualdad y de la pobreza. Asimismo, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como la alimentación, el agua potable y saneamiento, la vivienda o la salud, son por lo general amenazados y limitados severamente en estos casos de emergencia humanitaria, que a su vez ponen limitaciones al desarrollo sostenible de los países que permita crear las condiciones y capacidades necesarias de resiliencia ante estos eventos.
La Comisión y su Relatoría Especial reiteran su llamado a los Estados de la región a que adopten mecanismos de responsabilidad compartida y de respuesta colectiva para responder a la situación de la población afectada y la población desplazada. Respecto de la población desplazada, la adopción de medidas debe integrar aspectos específicos a garantizar durante el desplazamiento y para el posterior retorno o reasentamiento de las personas, tales como garantizar asistencia humanitaria a través del establecimiento de albergues que cuenten con agua y comida, servicios médicos, sanitarios y educativos, así como de mecanismos que faciliten la recuperación de las propiedades y posesiones de las personas o el acceso a compensaciones por pérdidas materiales, tal como se encuentra establecido en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
La Comisión y su REDESCA también expresan su preocupación por cuanto Centroamérica podría verse mayormente afectada en posibles hechos futuros de estas características. En esa medida, la Comisión y su REDESCA reiteran a los Estados a desarrollar e implementar programas de mitigación, adaptación y resiliencia para ayudar a que los países y comunidades sean más independientes y a disminuir los riesgos y destrucción que puedan generar los desastres naturales. Asimismo, recuerdan que el Acuerdo de París, establece que los Estados desarrollados se comprometen a ayudar a los Estados menos desarrollados a adaptarse al cambio climático, a proporcionar tecnología, asesoría, y fondos. Debe tenerse presente que los efectos del cambio climático no afectan a todas las personas ni a todos los países de la misma manera. Resulta crucial que en el marco del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, se tome en cuenta que no se puede poner la misma carga a todas las personas y/o Estados.
La REDESCA es una Oficina de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 276/20