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Comunicado de Prensa

CIDH culmina visita a Uruguay

31 de mayo de 2019

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María Isabel Rivero
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Washington, D.C. / Montevideo – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Uruguay, entre los días 27 y 29 de mayo de 2019, con el objeto de obtener información relativa a la situación de los derechos humanos en el país, en particular en relación con la situación del tema de memoria, verdad y justicia; personas privadas de la libertad y niñas, niños y adolescentes; así como los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. La delegación estuvo compuesta por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de la Niñez, por la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora de País sobre Uruguay, y por especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

La Comisión reconoce el importante liderazgo de la Republica Oriental de Uruguay en la consolidación de la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, agradece al Estado toda la asistencia brindada en la organización y realización de la visita, así como la apertura y el apoyo de las autoridades desde el más alto nivel para abordar los temas de interés de la CIDH. Asimismo, la Comisión agradece el esfuerzo de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de periodistas, de personas defensoras de los derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familiares para presentarle información y testimonios.

En el marco de esta visita la Comisión Interamericana sostuvo reuniones de trabajo con diversas instituciones del Estado, incluyendo encuentros con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; con representantes de organizaciones de la sociedad civil; con sectores académicos de Uruguay; y con personas víctimas de violaciones de sus derechos humanos.

Con ocasión de la visita, la CIDH participó del seminario organizado por el Estado uruguayo en cumplimiento del acuerdo de solución amistosa firmado en el caso David Rabinovich (Petición No. 1224-07). El seminario se realizó con la finalidad de difundir los hechos del caso, promover el mecanismo de solución amistosa y los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y acceso a la información publica como medida de no repetición. El evento contó con la participación de diversos actores relevantes en la protección del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. La Comisión valora la apertura de las partes para el alcance de un acuerdo de solución amistosa en este caso tan importante.

Como señaló la CIDH en su Informe Anual 2018, Uruguay continúa siendo uno de los países más sólidos en materia de institucionalidad de derechos humanos en la región. En este sentido, la Comisión reconoce los avances emprendidos por el Estado mediante la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH); conformación de la Comisión por Verdad y Justicia, la instalación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad; y la creación de espacios de memoria. Asimismo, valora la sanción de leyes de protección y reconocimiento de derechos de adultos mayores y personas LGBTI.

En cuanto a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Comisión toma nota con satisfacción de las políticas públicas implementadas por el Estado para enfrentar el reciente aumento de los casos de violencia y el maltrato infantil. Sobre el tema, la CIDH fue informada de la elaboración de un protocolo de atención a las situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA), además de la adopción de cambios legislativos para prevenir su revictimización en el marco de procesos judiciales. La Comisión también recibió información sobre las iniciativas del Estado que buscan el empoderamiento de las niñas y las adolescentes a partir de una perspectiva de género para la prevención de la violencia. Además, la CIDH valora las acciones de participación de NNA promovidas por el Estado, en cumplimiento de los estándares internacionales sobre el derecho del niño y la niña de ser escuchados y que sus opiniones sean consideradas en las decisiones que les afectan. Según la Presidenta de la CIDH y Relatora para los Derechos de la Niñez, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, “Los esfuerzos del Estado en el sentido de institucionalizar un sistema de protección integral de los derechos de NNA son valiosos, pero es importante que el sistema cuente con un ente rector del mas alto nivel y que todos los actores que lo conforman estén efectivamente articulados”.

Durante la visita de trabajo, la Comisión recorrió un centro de cumplimiento de medidas socioeducativas de privación de libertad de adolescentes y constató que su infraestructura mantiene el carácter carcelario y no cuenta con condiciones adecuadas para la custodia de los adolescentes. Por otro lado, la Comisión se complace con la intención del Estado de sustituir las unidades actuales por nuevas en modelo estructuralmente adecuado y también la adopción de una Hoja de Ruta 2020-2025 que prioriza el cumplimiento de recomendaciones de órganos de monitoreo, además de la adecuación del sistema de aplicación de medidas socioeducativas a los estándares internacionales correspondientes.

La Comisión destaca los avances observados respecto de los derechos de las personas privadas de libertad, especialmente en relación al uso la prisión preventiva. Sin embargo, la CIDH insta a que el Estado continúe a disminuir las cifras, recordando que la prisión preventiva es una medida excepcional. La CIDH también recibió información sobre la necesidad de mejorar las condiciones de detención de las cárceles, así como la necesidad de generar una política integral de medidas alternativas. En ese sentido, la Comisión hace un llamado al Estado a continuar avanzando en materia de los derechos de las personas privadas de la libertad, a fin de garantizar sus derechos de conformidad con estándares internacionales en la materia.

La Comisión toma nota y felicita el importante esfuerzo brindado por el Estado en la investigación y sanción de los casos de violencia de género en Uruguay. En ese sentido, la CIDH destaca que, en 2018, se dictó la primera sentencia aplicando el agravante de "femicidio" en el caso del asesinato de Valentina Walter, una niña de 9 años. El fallo establece como motivación el odio, desprecio o menosprecio debido a la condición de mujer de la niña. Sin embargo, la Comisión subraya la alarmante información de que la violencia doméstica es el delito más frecuente en el país después del hurto. Sobre eso, la Comisión insta al Estado continuar avanzando para disminuir y erradicar la violencia de género por medio de la inversión de recursos adecuados para reforzar los servicios de atención a los casos de violencia, así como a tomar medidas preventivas y brindar una educación que tenga la perspectiva de género.

Sobre los derechos de las personas LGBTI, la CIDH destaca los importantes avances en lo relativo al reconocimiento de la identidad y/o expresión de género en Uruguay por medio de la promulgación la Ley Integral para Personas Trans, que garantizó el derecho a la identidad de género basada en los estándares interamericanos, así como la creación de una categoría de identidad de género en el censo nacional y la reparación a víctimas de persecuciones estatales basadas en la identidad de género en el periodo de la dictadura. Sin embargo, la Comisión tomó conocimiento de la preocupante información de que la Corte Electoral aprobó un pre-referéndum para derogar dicha ley. Al respecto, la Comisión reconoce el gran valor democrático que tienen los referéndums y plebiscitos. Por otra parte, la CIDH reitera que la identidad de género es un elemento esencial del derecho humano a la personalidad jurídica e identidad de las personas. A la CIDH le preocupa a la eventualidad que un derecho humano sea objeto de mecanismo de consulta popular.

Por otra parte, en materia de memoria, verdad y justicia, la CIDH observa con suma preocupación que, pese a los esfuerzos realizados por el Estado, subsistan interpretaciones judiciales en procesos penales que niegan la imprescriptibilidad de las graves violaciones de derechos humanos en el periodo de la dictadura cívico-militar. Dichas interpretaciones resultan en la impunidad a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y niegan justicia y reparación a las víctimas. Al respecto, la Comisión recuerda al Estado su obligación de dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman vs. Uruguay, la cual estableció que “no son admisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Por consiguiente, la Comisión llama al Estado, especialmente al Poder Judicial, a cumplir con su deber de aplicación del control de convencionalidad en el marco de su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos previstos en las decisiones de la Corte Interamericana y de la Convención Americana. La Comisión subraya que subsiste una deuda del Estado con todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos en materia de justicia y verdad. Según la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Uruguay y para la Memoria, Verdad y Justicia, “Durante la visita, fue particularmente doloroso conocer los testimonios de las mujeres víctimas de violencia sexual durante ese periodo”.

En relación con las reparaciones establecidas en la ley para las víctimas de la actuación ilegitima del Estado, la CIDH recuerda que, de acuerdo con los estándares interamericanos, estas reparaciones obedecen a su calidad de víctimas por las graves violaciones a los derechos humanos de las cuales el Estado es responsable. Estas reparaciones no son incompatibles, ni sustituyen los ingresos propios, ni subsidios o pensiones de la seguridad social. Por lo tanto, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para ajustar su legislación interna para permitir adecuadamente este aspecto de reparación de las víctimas.

Por otra parte, la Comisión toma nota y agradece la información brindada por el Estado en los avances de las investigaciones en la identificación y sanción de los responsables de las amenazas del grupo autodenominado "Comando Barneix" en contra de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura en Uruguay. La CIDH urge al Estado continuar invirtiendo todos los esfuerzos para determinar y sancionar a los responsables. La Comisión expresa su reconocimiento sobre el admirable trabajo de los defensoras y defensores de derechos humanos para dar efectividad a los derechos humanos de la región y, por lo tanto, reitera que dichas amenazas deben ser esclarecidas.

La Comisión agradece a las autoridades del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias internacionales y al pueblo uruguayo su colaboración en el desarrollo de esta visita. Los insumos recibidos serán importantes para fortalecer el trabajo de la CIDH no sólo en Uruguay sino también en la región. Asimismo, la presente visita de trabajo fue realizada gracias al valioso apoyo del Gobierno de Canadá en el marco del proyecto "Combatiendo la discriminación y la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes en la América Latina y el Caribe". La CIDH continuará dando seguimiento a los esfuerzos del Estado en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 135/19