CIDH

Comunicado de Prensa

Anexo al Comunicado de Prensa emitido al culminar el 159 Período de Sesiones

7 de diciembre de 2016

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Panamá – En la audiencia “Situación de los pueblos indígenas y derecho a la consulta en Honduras”, las organizaciones participantes informaron sobre la situación de criminalización y judicialización que viven en las comunidades indígenas las personas defensoras del derecho a la consulta previa. Indicaron que el asesinato de Bertha Cáceres, a pesar de tener medidas cautelares otorgadas por la CIDH, resaltó la violencia y represión. Señalaron que el Estado pretende privatizar y concesionar los ríos de sus territorios para crear proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, entre otros; por lo que solicitaron la creación de mecanismos de consulta previa, libre e informada para respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas. También solicitaron el respeto del Convenio 169 de la OIT. El Estado dijo que creó la mesa de trabajo interinstitucional para realizar un proyecto de ley, y se han realizado 18 talleres, con observadores nacionales e internacionales como el PNUD y la OIT, en las comunidades. Indicó que en enero de 2017 se entregará a los pueblos indígenas la sistematización de los insumos, para sus consideraciones, después se enviarán al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Informó de las acciones realizadas en materia de saneamiento y titulación de la tierra, y la atención a los casos en que se ha atentado contra pueblos indígenas y sus dirigentes. La Comisión señaló la importancia del derecho a la consulta según los estándares interamericanos y destacó el criterio que va desde la consulta previa, hasta un consentimiento libre, previo e informado, reglas y pautas establecidas en el Informe "Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo".  Al final, el Estado aceptó la sugerencia de una visita de los Relatores de país y temáticos para acompañar los procesos que se están realizando.

En la audiencia “Situación de la justicia y las personas defensoras de derechos humanos en Honduras”,  los representantes de las organizaciones solicitantes indicaron que Honduras sigue siendo el país más peligroso de la región para las personas defensoras. Indicaron que se mantienen números elevados de asesinatos con casi absoluta impunidad, el uso indebido de acciones penales por parte del Estado para criminalizar su actuación y constantes declaraciones de altas autoridades difamando la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, particularmente aquellos que defienden el medio ambiente. Manifestaron preocupación por  varios artículos de un nuevo proyecto de Código Penal en discusión en el Congreso. El Estado afirmó que es política estatal respetar los derechos humanos y que no es su política criminalizar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. Agregó que se creó la sección de defensores dentro del Ministerio Público. En relación al Código Penal, indicó que se aprobó la parte general y que la específica aún está en discusión y que aún hay tiempo para incorporar las recomendaciones de la sociedad civil. La CIDH manifestó su preocupación por la situación de las personas defensoras en Honduras e instó al Estado a hacer un reconocimiento público de su labor y su contribución al fortalecimiento de la democracia.

En la audiencia “Seguimiento del mecanismo de protección de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras”,  los solicitantes se sumaron al diagnóstico de extremada peligrosidad para el trabajo de personas defensoras, a lo que se suma la violencia extrema en parte por la circulación de armas y la existencia de bandas criminales. Agregan que la aprobación de la ley de protección fue un paso importante, sin embargo, el mecanismo no ha significado una disminución de los atentados y amenazas que siguen sufriendo estos actores, ni la investigación de los casos. Alegaron falta de participación efectiva de la sociedad civil y el incumplimiento de las recomendaciones ya establecidas por la CIDH en el caso 12.462 Carlos Antonio Luna López contra Honduras. El Estado indicó que hace un año está trabajando en la implementación del mecanismo de protección y que ha solicitado acompañamiento internacional al mismo. Informó que el Consejo Nacional de Protección está integrado por 7 representantes de la sociedad civil, y que han otorgado 31 medidas policiales y 4 reubicaciones temporales. Reiteró su compromiso con el trabajo de personas defensoras. La CIDH resaltó la necesidad de un mecanismo fuerte y eficaz de protección e instó a ambas partes a intensificar el dialogo para trabajar en las falencias que presenta, incluyendo la falta de participación de sociedad civil y la falta de transparencia de la información.

En la audiencia “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Cuba”, las organizaciones indicaron que en abril estuvieron en una audiencia de la CIDH y presentaron un informe sobre la situación de defensores y defensoras de los derechos humanos en Cuba y a partir de entonces hay un recrudecimiento de situaciones de riesgo. Informaron que es consecuencia de su trabajo de denuncia internacional, en el Sistema Interamericano y en el universal de derechos humanos. Presentaron un vídeo en el que la Directora Ejecutiva de CUBALEX muestra un allanamiento sucedido en su sede, y la detención e interrogatorio de algunos integrantes. Informaron las diversas represalias, amenazas, y detención que sufren por ejercer la libertad de expresión y opinión, y que algunos activistas han tenido que salir del país, y entregaron a la CIDH un reporte escrito en el tema. Informaron que los defensores que luchan contra el racismo y la discriminación sufren de represalias, detención, decomiso y criminalización. Presentaron los principales hallazgos de un informe sobre la situación de la prensa en Cuba. Solicitaron a la CIDH que siga pronunciándose sobre la situación de los derechos humanos en Cuba; que inste al gobierno se abstenga de estigmatizarlos y reconozca su labor; que se prevengan o disminuyan las amenazas en su contra; que se cree un punto focal que de seguimiento a su situación; y que el Relator Especial para la Libertad de Expresión realice una visita para evaluar la situación de las libertades de prensa y expresión, y haga públicos sus hallazgos y recomendaciones. La CIDH lamentó la ausencia del Estado y expresó su solidaridad por la situación que están viviendo por el ejercicio de su labor, agradeció la información recibida, y tomó nota de las represalias sufridas por acudir al Sistema. El Relator Especial dijo que se trabajará en un Informe sobre la libertad de expresión en Cuba.

La Comisión sostuvo una audiencia pública sobre el caso 12.982 Luis Alberto Rojas Marín respecto de Perú, relacionado con la presunta violación sexual y tortura de una persona por su orientación sexual, así como la subsiguiente falta de investigación y sanción de los responsables, y la discriminación por la percepción de su orientación sexual, que le habría impedido el acceso a la justicia. La CIDH escuchó las manifestaciones de la presunta víctima presentadas por los peticionarios en el marco de sus alegatos. Asimismo, se escucharon los alegatos de fondo tanto de la parte peticionaria como del Estado.

‪La CIDH sostuvo también una audiencia pública sobre el caso 12.893 Comunidad Indígena Nam Qom del Pueblo Qom (Toba) respecto de Argentina, referido a presuntas violaciones a los derechos humanos como consecuencia de una incursión de cuerpos de seguridad del Estado. Los peticionarios argumentan que este hecho tuvo lugar dentro de un contexto de discriminación estructural contra los pueblos indígenas en la Argentina y que se han venido repitiendo situaciones similares. Durante la audiencia se escuchó la declaración de una presunta víctima y se reprodujeron videos en los cuales otras presuntas víctimas efectuaron declaraciones. El Estado indicó que procederá a suministrar las observaciones de fondo sobre el caso a la brevedad.

En la audiencia “Situación de derechos humanos y sistema de justicia juvenil en Argentina”, el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Santa Fe presentó información, en particular, sobre la situación de los niños, niñas y jóvenes pobres de esa provincia que son objeto de detenciones ilegales y violencia institucional de manera estructural y generalizada de parte, principalmente, de las fuerzas policiales. La Defensa Pública indicó que ha detectado que las fuerzas policiales detienen a niños, niñas y adolescentes en casos donde no existe una situación de flagrancia comprobada ni orden de ninguna autoridad judicial que así lo determine. Asimismo, denunció como uno de los problemas mas serios, la ausencia de comunicación de estas detenciones a las autoridades correspondientes. En cuanto a la condiciones de detención, informó que son alojados en espacios no aptos, inclusive en comisarías que no cumplen con la separación adecuada entre jóvenes y adultos. Adicionalmente, denunció lo que califica como una práctica de tortura en perjuicio de los jóvenes detenidos y pidió que se ponga en marcha un Mecanismo Provincial contra la Tortura; se adopte un mecanismo para garantizar la comunicación inmediata de las detenciones a las autoridades administrativas y judiciales competentes; así como  un adecuado control judicial de las detenciones. Finamente, expresó su preocupación por la reciente suspensión del Defensor General de la Provincia, Gustavo Ganón. Por su parte, el Estado aclaró que el referido defensor fue suspendido por el Congreso provincial en un juicio político ajustado a derecho. El Estado aprovechó la audiencia para hacer publicas las políticas de la Provincia de Santa Fe en materia de justicia penal juvenil y para reafirmar su compromiso con la defensa de los derechos humanos. El Estado reconoció que las medidas adoptadas en relación con la tortura  no son suficientes y anunció que recientemente fue aprobada por la Cámara de Diputados provincial una ley que establece un Mecanismo de Prevención de la Tortura, conforme a las pautas que establece el Protocolo de Estambul. Explicó que en la actualidad existe un protocolo para informar de manera inmediata a los padres y al defensor provincial. Anunció que par evitar que la policía detiene a los ciudadanos para averiguación de antecedentes, la Provincia ya licitó 400 móviles que permitirán la identificación inmediata; y que en el futuro se van a reducir a 6 los puntos de ingreso de detenidos, que contarán equipos multidisciplinarios para el control judicial, medico y defensa de los detenidos.

En la audiencia “Denuncias de violaciones de derechos humanos de las mujeres en el contexto de actividades extractivas en Perú”, las organizaciones solicitantes de la audiencia plantearon la importancia de adoptar con urgencia un enfoque diferenciado para abordar la situación de las mujeres indígenas afectadas por las industrias extractivas de Perú. Expusieron información acerca de graves problemas que las afectan debido a la presencia no regulada de empresas extractivas en sus territorios, como por ejemplo la falta de cultivos debido a la contaminación; la ausencia de atención médica para las mujeres y niños; la introducción de la prostitución, el alcoholismo, y la violencia intrafamiliar. La representación del Estado presentó información acerca de las distintas medidas adoptadas para enfrentar los derrames de petróleo, incluida la declaración de estados de emergencia en varias regiones del país, y también las iniciativas interinstitucionales para atender las necesidades de las personas afectadas, con perspectiva de género; finalmente, manifestó la voluntad del Estado de presentar información adicional sobre lo surgido en la audiencia. La CIDH expresó preocupación por la información recibida, en particular lo referente a la violencia contra las mujeres y el impacto de estas actividades sobre la niñez, y por la necesidad de que los respectivos contratos de concesión contengan salvaguardas de los derechos humanos, y que las autoridades las controlen en forma rigurosa.

La audiencia “Política del Estado peruano en materia de derechos humanos”, sobre los avances en la política pública en materia de derechos humanos y el plan de derechos humanos para el periodo 2017-2021, fue realizada a solicitud del Estado peruano. El Estado informó a la CIDH, entre otros puntos, de la política para responder a las problemáticas de esterilizaciones forzadas, búsqueda de desaparecidos, trata de personas y educación en derechos humanos para servidores públicos. Las organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Estado la inclusión de temas de personas LGTBI, violencia sexual contra NNA, defensa publica de víctimas, aborto terapéutico, y conflictos socio ambientales entre otros. La CIDH instó al Estado a dialogar con la sociedad civil para la inclusión de otras líneas en las políticas publicas.

En la audiencia “Situación del derecho a la libertad de expresión en Paraguay”, Las organizaciones participantes informaron que, desde el año 1991 se han asesinado 17 periodistas por motivos que estarían vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión en Paraguay.  Manifestaron que un 40% de los asesinatos ocurrieron en los últimos 3 años, sin que exista un esclarecimiento a la fecha; se han incrementado las amenazas y agresiones contra periodistas, particularmente, en asuntos relacionados con denuncias sobre narcotráfico y sus vínculos con agentes de la fuerza pública en la frontera Paraguay-Brasil; no existiría en Paraguay un mecanismo de protección para las personas que ejercen la actividad del periodismo; las amenazas recibidas por las y los periodistas no serían investigadas por el Ministerio Público, pues este entendería que el delito de amenaza es un hecho punible de acción penal privada; continuaría la concentración de medios de comunicación; en relación con radios comunitarias, sostienen que estas serían objeto de persecución policial, decomiso de equipos y que persistirían serias limitaciones para tener acceso al espectro radioeléctrico. Por su parte, el Estado destacó el rol fundamental que la prensa y los periodistas han tenido en la construcción de un Paraguay democrático. Informó que la problemática ocurrida en la frontera Paraguay-Brasil no es diferente a la situación que ocurren en otras fronteras en América Latina debido al flagelo del narcotráfico; muchas de las investigaciones relacionadas con el asesinato de periodistas han estado permeadas por dificultades que se relacionan con hechos ocurridos en zonas fronterizas; respecto a los asesinatos ocurridos en los últimos 3 años, el 60% de los supuestos autores estarían sobreseídos y el 40% llevados a juicio; se ha firmado un carta de intención para establecer un mecanismo de seguridad para periodistas, en el marco del Plan de Acción de  Naciones Unidas; se ha sometido un proyecto de ley ante la cámara de diputados sobre “libertad de expresión y protección de periodistas”; se han impulsado una serie de medidas por parte de la SICOM y CONATEL  a fin de atender los desafíos relacionados con la concentración de medios de comunicación y radios comunitarias. La CIDH destacó los esfuerzos en esta materia por parte del Estado de Paraguay y exhortó a la creación de un mecanismo en materia de protección para periodistas y trabajadores de prensa. Adicionalmente, el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH destacó la necesidad de redoblar esfuerzos para evitar la concentración de medios e implementar medidas para ampliar el espectro radioeléctrico para radios comunitarias.

En la audiencia “Situación del derecho a la libertad de expresión en Ecuador”, las organizaciones participantes informaron que, durante el año 2016, “se ha registrado un total de 460 agresiones” contra el ejercicio de la libertad de expresión y en particular para el trabajo de la prensa en Ecuador. Durante la audiencia pública, se afirmó que ha continuado la aplicación selectiva y arbitraria de la Ley de Comunicación, normativa que ha generado diversos pronunciamientos de preocupación por parte del Sistema de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana; persistiría la censura previa a través de la imposición de contenidos ejercida por distintas autoridades estatales, afectando el derecho a la réplica y a la rectificación; se ha continuado reportando censura de contenidos en Internet, ejercida a través de la acción de la Secretaría Nacional de Comunicación; continuarían los cierres de medios e incautación de equipos; se habrían generado nuevos insultos y discursos estigmatizante contra blancos periodísticos concretos; persistirían las agresiones físicas, prisión y represión en contra de quienes ejercen el derecho a la protesta; entre otras acciones que estarían afectando el ejercicio de la libertad de expresión en Ecuador. Adicionalmente, informaron que persistiría el uso abusivo de medios oficiales y la imposición de réplicas y cadenas obligatorias, en el marco de un creciente ambiente hostil y de estigmatización contra periodistas; se estaría generando censura en internet, suspensión arbitraria de cuentas y abuso de normas de derechos de autor con el fin de silenciar a las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión. Durante la audiencia, destacaron su preocupación sobre un Proyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales, que actualmente se discute en la Asamblea Nacional, en vista que la propuesta de ley no delimitaría de manera clara cuál será su ámbito de aplicación, no distinguiría entre la información personal de los ciudadanos y la información que debería ser catalogada de interés público, entre otras posibles situaciones. Por su parte, el Estado de Ecuador no participó en esta audiencia y envió una comunicación a la CIDH con sus razones para no comparecer. La Comisión lamentó la falta de comparecencia del Estado ecuatoriano en la audiencia, y manifestó su preocupación por la situación de la libertad de expresión actual en Ecuador, la cual ha sido manifestada a través de comunicados de prensa y el informe anual de Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

En la audiencia “Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela”, los solicitantes indicaron que existe una crisis social y económica en Venezuela y en ese contexto, los medios de comunicación no son plurales ni diversos, ya que los medios independientes al gobierno han sido sancionados. Agregaron que existe un consenso de todos los órganos internacionales y regionales de derechos humanos que en Venezuela la libertad de expresión de los medios es violada, y que sus recomendaciones son incumplidas. Indicaron también que existe una discriminación en el ejercicio de los derechos políticos, por ejemplo se publicó el contenido de las planillas que las personas completaron para el referéndum revocatorio, lo que llevó a que hubiese detenciones de personas que estaban de acuerdo con dicho referéndum.  El Estado indicó que en Venezuela existe libertad de expresión plena, en un marco jurídico que se encuentra apegado a todos los estándares internacionales. Agregó que existe un amplio ejercicio de la transparencia y del acceso a la información pública y denunció que existe una campaña de vandalismo de grupos paramilitares contra las estructuras de telecomunicaciones, lo que ha dejado a zonas enteras en silencio. La CIDH manifestó su preocupación por la situación e insistió en la necesidad de hacer una visita al país.

En la audiencia “El derecho humano a la vivienda en Venezuela”, El Estado informó sobre la política “Gran misión. Vivienda Venezuela”, y la llamada “Gran misión. Barrio nuevo tricolor”, enfatizó el éxito de la nueva concepción de la política de vivienda entre el 2009 y 2016, logrando reducir las viviendas inadecuadas y la construcción de 1.828.596 viviendas adecuadas, y que la meta para el 2019 es la construcción de 3 millones de viviendas. Dijo que se ha avanzado en el desarrollo de urbanismos y la rehabilitación de viviendas. Informó sobre la inversión económica destinada, entre el 2011 y el 2016, para la construcción de viviendas dignas a cada familia que lo necesite, y que en el 2010 se promulgó el programa de construcción masivo de vivienda más grande en la historia del país, otorgando títulos de propiedad de tierras urbanas y de viviendas a la población. Refirió que el derecho a la vivienda se ha garantizado sin distinción, priorizando a las familias en situación de pobreza; y proyectó un video y entregó material en el tema. La sociedad civil presentó información sobre el derecho a la vivienda en tres aspectos: falta de acceso a la información de las políticas de vivienda y contradicciones en la cifras sobre su ejecución; violaciones a la seguridad jurídica de la tenencia inherente al derecho a la vivienda adecuada; y violaciones al derecho a la vivienda como consecuencia del “operativo liberación del pueblo”, la cual se refirió es una política de seguridad ciudadana implementada en el 2015; hizo recomendaciones a la CIDH en estos temas, y solicitó al Estado se comprometa a que no habrá represalias en contra de las personas que denunciaron y fueron presentadas en la audiencia. La CIDH destacó la importancia de la información presentada sobre el avance del derecho a la vivienda, manifestó la importancia de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente del derecho a la vivienda, así como de las medidas adoptadas para su progresividad y no regresividad en el país, temas que continuará estudiando. La Comisión reiteró al Estado la importancia de asegurar la participación de peticionarios y víctimas ante órganos del Sistema Interamericano en un ambiente libre de represalias y retaliación.
 

En la audiencia “Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela”, el Observatorio Venezolano de Prisiones informó sobre algunas cifras en materia de hacinamiento carcelario, deficiencias en materia de salud y garantías de protección judicial de las personas en prisión preventiva. El Estado por su parte, informó sobre la creación de nuevos centros penitenciarios y los diferentes programas en materia de salud y educación que se encuentra desarrollando. La Comisión solicitó información mas detallada a los participantes de la audiencia y expreso la disposición de la CIDH de realizar una visita de observación de los centros penitenciarios en Venezuela de existir anuencia estatal para tales efectos.

En la audiencia “Derechos humanos en el contexto del proyecto ‘Arco Minero del Orinoco’ en Venezuela”, los peticionarios indicaron que el Decreto 2248 publicado el 24 de febrero de 2016 y mediante el cual se creó el Arco Minero del Orinoco, constituye una violación a los estándares internacionales y a la Constitución venezolana. Específicamente denunciaron que no se realizaron estudios de impacto ambiental y social y que no se efectuaron consultas previas, libres e informadas. Asimismo se refirieron a la incidencia del Arco Minero del Orinoco en la demarcación de las tierras y territorios de los pueblos y comunidades indígenas, en los derechos a la libertad de reunión , asociación pacífica y en los derechos laborales. También señalaron la relación entre el Arco Minero del Orinoco y las facultades excepcionales del Gobierno. Por su parte, el Estado venezolano indicó que el objetivo del proyecto no es una política extractivista sino que tiene el propósito de que la minería sea el motor de la economía. El Estado invocó los principios de soberanía y autodeterminación para aplicar modelos sustentables que aseguren las condiciones económicas, políticas y sociales necesarias para satisfacer los derechos humanos. Indicó que se han asegurado las condiciones de participación de los actores involucrados. La CIDH solicitó más información sobre las consultas mencionadas por el Estado. Asimismo, se hizo énfasis en la importancia de no permitir ningún tipo de represalia contra las organizaciones que acuden a la CIDH a fin de que se resguarde su derecho a defender los derechos humanos.  

En la audiencia “Derechos humanos y proceso de paz en Colombia”, las organizaciones indicaron que entre 1970 y noviembre de 2016 más de 60,000 personas fueron desaparecidas en Colombia, que esto no se ha traducido en una respuesta real, efectiva y duradera por parte del Estado para combatir la impunidad y que existe una falta de resultados en la localización de restos, paradero o destinos de las víctimas.  Indicaron que la impunidad en los resultados de la Fiscalía alcanza el 99% y en la Procuraduría el 100%.  Señalaron que existen notables diferencias entre las cifras del Registro Nacional de Desaparecidos y las levantadas en otros registros estatales, lo cual constituye uno de los principales obstáculos para el diseño e implementación de acciones para enfrentar esta temática.  Indicaron que las víctimas mujeres y niñas aparecen con señales de violencia sexual, y que son aproximadamente 18,000 víctimas catalogadas como “sin información”.  Les preocupa que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas establecida en el acuerdo final no cuente con rango constitucional, autonomía e independencia.  Plantearon la perpetración de desapariciones en la zona de frontera con Venezuela, donde los cuerpos serían dejados.  El Estado, por su parte, indicó que la tasa de homicidios se ha reducido de 80 a 24 por cada 100,000 habitantes desde los años 80-90s hasta 2015 y que a partir de los acuerdos ha habido un desescalamiento de la violencia con una baja del promedio de muertes en un 98%.  Señaló los esfuerzos que ha realizado para la búsqueda y entrega digna de restos.  Indicó que el acuerdo final creó un proceso especial estrictamente humanitario de aporte de información de las partes, con el fin de continuar la búsqueda de personas de manera más ágil.  La Comisión reiteró la importancia de la firma y aprobación del nuevo Acuerdo Final, y la necesidad de que el Estado asegure su implementación conforme a los estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En la audiencia “Perspectiva de género en el contexto del proceso de paz en Colombia”, las organizaciones señalaron que recibieron con beneplácito el proceso paz, en particular la inclusión del enfoque de género en el acuerdo final y la continuidad del diálogo con el ELN con la participación ciudadana como un punto importante de éste.  Como desafíos para la implementación del acuerdo en materia de género identificaron la necesidad de incorporar las particularidades de las mujeres en el conflicto armado en las políticas de atención y reparación; la reducida efectividad de la participación de las representantes de víctimas y las dificultades de acceso a medidas para la superación de su victimización; y que el presupuesto recientemente aprobado ha tendido a la disminución en la inversión pública.  Les preocupa que el gobierno no haya dado cuenta de medidas concretas para cambiar la realidad de desigualdad, así como la incompatibilidad entre el enfoque de crecimiento económico propiciado por el gobierno, contrapuesto al enfoque de vida digna de las poblaciones rurales.  Indicaron que las mujeres víctimas de violencia sexual no se sienten incluidas en los planes de acción del gobierno y que persiste la falta de garantías para el acceso a la justicia, verdad y no repetición.  El Estado, por su parte señaló que la participación de las mujeres fue fundamental para el logro de un acuerdo incluyente y señaló una serie de medidas de inclusión transversal del enfoque de género en cada punto del acuerdo.  Asimismo, indicó las medidas que ha venido adoptando en cuanto a restitución de tierras y que el acuerdo pone en marcha un gran programa de acceso a las tierras.  Señaló que los acuerdos son una hoja de ruta que requiere que los ciudadanos se apropien de su implementación y que las mujeres campesinas y madres cabeza de familia son la prioridad en el proceso de implementación del acuerdo sobre el acceso a las tierras. La Comisión toma nota de las observaciones realizadas en el marco de su acompañamiento al proceso de paz y reafirma la importancia del enfoque de género en todas las medidas y políticas en materia de derechos humanos.

En la audiencia “Derechos humanos y reforma penal y penitenciaria en Bolivia”, las organizaciones participantes informaron a la CIDH acerca de algunos de los principales problemas que enfrenta el sistema judicial y penitenciario boliviano. En ese sentido, indicaron que solamente el 0.52% del presupuesto nacional es destinado al funcionamiento del sector justicia, incluyendo al Ministerio de Justicia. Indicaron que esta situación tiene implicaciones concretas, tanto en el retraso en los procesos judiciales, como en la propia situación concreta de las personas privadas de libertad, a quienes sólo se les destinan 8 pesos bolivianos al día por interno para su alimentación (el equivalente a USD$. 1.15). Asimismo, destacaron que el sistema penitenciario como un todo tiene una capacidad instalada de 5,400 cupos, sin embargo alberga más de 15,500 personas privadas de libertad. Asimismo, denunciaron que los fiscales y jueces no toman en consideración las circunstancias particulares de las mujeres embarazadas, madres de niños pequeños o cabezas de hogar al momento de imponerles prisión preventiva; que las autoridades penitenciarias son insensibles a las necesidades diferenciadas de grupos vulnerables como las personas LGTBI, portadores de VIH, o adultos mayores; y que las posibilidades de las personas privadas de libertad de realizar actividades productivas dependen casi exclusivamente de las iniciativas de terceros u organizaciones no gubernamentales. El Estado por su parte, reconoció las consideraciones presupuestarias planteadas por los peticionarios; y destacó el hecho de que el 68.52% de las personas privadas de libertad se encuentran bajo detención preventiva. Asimismo, destacó la implementación de importantes reformas en materia de justicia penal juvenil; acceso a programas educativos para personas privadas de libertad; la reducción del número de personas privadas de libertad por medio de la aplicación de decretos presidenciales de indultos y amnistías. Los miembros de la Comisión presentes en la audiencia señalaron enfáticamente el deber del Estado de asegurar la separación efectiva entre hombres y mujeres privados de libertad, y de establecer una debida clasificación de internos. Asimismo, llamaron al Estado a proveer al sistema judicial de los medios adecuados para su funcionamiento y a hacer un uso racional de la prisión preventiva, de acuerdo con los estándares internacionales.

En la audiencia “Situación de las personas operadoras de justicia en El Salvador”, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD) enfocaron su presentación en el proceso de selección y funcionamiento de las altas cortes de justicia y los importantes desafíos que enfrenta en relación con la independencia judicial en el El Salvador. Al respecto, informaron que la actual regulación del mecanismo para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia no favorece el mérito como criterio de selección y mantiene serias deficiencias en materia de publicidad, transparencia y participación de la ciudadania. Expresaron su preocupación porque ese proceso deficiente será el que se aplique para seleccionar próximamente a quienes reemplazarán a 4 de los 5 magistrados de la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema, la que en el pasado reciente ha sido objeto de varios intentos por limitar su independencia.  El Estado por su parte, valoró el dialogo auspiciado por la CIDH sobre este tema; así como la exhortación al tema de la reforma. Asimismo, enfatizó que el medio para hacer efectivo el control sobre la selección de los miembros de las altas cortes es la participación ciudadana. La CIDH resaltó como positiva la jurisprudencia de la Sala Constitucional que detalla los estándares en materia de selección de jueces de las altas cortes, entre los que se encuentra la necesidad de un análisis de idoneidad de los candidatos, y la debida motivación de la selección realizada por el Consejo Nacional de la Judicatura. Al mismo tiempo, resaltó la importancia de asegurar la renovación escalonada de los altos tribunales para evitar el control por fuerzas políticas dominantes en un contexto determinado.

En la audiencia “Situación de los derechos sindicales en México”, las confederaciones sindicales manifestaron preocupación por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México mediante dos formas: 1) el uso persistente de los contratos colectivos de protección patronal que impiden el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva y 2)  a través de la criminalización de la protesta social para iniciar procedimientos judiciales en contra de sindicalistas, llegando al extremo de encarcelar a sindicalistas en cárceles de alta seguridad. El Estado Mexicano recordó una serie de reformas legislativas entre las que destaca la reforma laboral  2012 cuyo objetivo fue transparentar la existencia, acción  y la administración de las organizaciones sindicales a fin de que los trabajadores conozcan de la existencia de un sindicato dentro de la empresa. Además la representación del Estado recordó que el pasado mes de abril el Presidente Peña Nieto remitió al Congreso una iniciativa de reforma Constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, las reformas tienden a modernizar la justicia laboral para generar certidumbre jurídica para las personas trabajadoras y empleadoras. La Comisión recordó la importancia de los avances legislativos con la trascendencia de llevar las reformas a la vida. Por otra parte, enfatizó en la creación de la Relatoría DESC y la importancia del diálogo entre el Estado y las personas trabajadoras.

En la audiencia “Situación de derechos humanos de las personas afectadas por el desplazamiento interno en México”, las organizaciones participantes informaron que continuaría un panorama alarmante de desplazamiento en México, debido a la continuidad de serios hechos de violencia, desastres naturales, entre otras causas. Informaron que, durante el año 2016, se habría presentado 25 episodios masivos de desplazamiento que han impactado a un aproximado de más de 10,000 personas, principalmente, en los estados de Guerrero y Sinaloa; las autoridades estatales no estarían adoptando las medidas necesarias para prevenir y atender dicha problemática; no se habría incluido una perspectiva de atención para personas que enfrentan desplazamientos en México en la elaboración de la Ley de Víctimas; miles de personas desplazadas, principalmente mujeres y niños, se ven obligados a quedarse en albergues que no estarían preparados para proporcionar una atención integral. Por su parte, el Estado informó que el tema de desplazamiento es de principal relevancia y que se han impulsado una serie de estrategias integrales, con un enfoque de derechos humanos, para prevenir las causas y consecuencias del desplazamiento; se estaría implementando una serie de acciones de infraestructura, salud, reparación de viviendas, seguridad, entre otras, a fin de atender a la población desplazada; actualmente se encontraría pendiente el estudio de una reforma a la Ley de Víctimas a fin de atender la situación de personas desplazadas en México. La Comisión señaló su preocupación por el impacto multidimensional en los derechos humanos de personas que se encuentran afectados por una situación de desplazamiento y exhortó al Estado a reforzar las políticas públicas destinadas a atender, de manera integral, dicha situación.

En la audiencia “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Yucatán, México”, la CIDH escucho a diferentes miembros de comunidades indígenas de la Península de Yucatán, quienes presentaron información sobre los alegados daños ambientales producidos por las actividades de producción de palma de aceite, las afectaciones producidas por las fosas hidráulicas de absorción y la siembra de soya transgénica, entre otras problemáticas relacionadas con el macro desarrollo de zonas rurales de la región. Los solicitantes expresaron su preocupación por la destrucción de la biodiversidad y la falta de acceso y participación en los programas de desarrollo, para el ejercicio de la agricultura sostenible. El Estado por su parte, informó sobre las gestiones que habría llevado a cabo para realizar una consulta previa, libre e informada con diferentes comunidades de la Península de Yucatán, asimismo indico la disposición del Gobierno para dialogar con los solicitantes para buscar la manera de incorporar sus preocupaciones y su participación en las actividades agrícolas. El Estado reconoció que la consulta en material de siembra de soya no fue previa, ya que las actividades de siembra y cultivo comenzaron en el año 2000. Sin embargo, indico el Estado que en la actualidad se estarían adelantando los procesos de consulta conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos.

En la audiencia “Situación de derechos humanos y desaparición forzada en México”, las organizaciones de la sociedad civil indicaron su preocupación por las pendientes reformas institucionales, el proceso de dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, la necesidad de contar con una Fiscalía Especial de Desaparición de Personas autónoma, y los riesgos que enfrentan los familiares de personas desaparecidas en el contexto de las brigadas de búsqueda. Dijeron que el reto del Estado es lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables, así como la reparación del daño a las víctimas. Solicitaron a la CIDH su acompañamiento, como lo ha hecho con el mecanismo de seguimiento en el caso Ayotzinapa. El Estado reconoció que la desaparición forzada en el país es un grave problema que enfrenta desafíos fundamentales, y presentó los avances para generar las acciones y mecanismos necesarios para fortalecer a las instituciones dedicadas a prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada, e indicó su compromiso por crear las medidas estructurales para mejorar la seguridad y la justicia. La CIDH saludó el reconocimiento del Estado mexicano de que tiene un grave problema sobre desaparición forzada, y su compromiso en esa materia. Dijo que celebra el esfuerzo de orden legislativo en el tema, enfatizó la petición del Estado relacionada con el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones en el caso Ayotzinapa, y destacó la oportunidad para avanzar en los casos específicos presentados durante la audiencia.

En la audiencia “Educación en derechos humanos en Brasil”, el Estado señaló que frente a las prácticas históricas de discriminación racial, actos de agresiones homofóbicas e intolerancia a la identidad de género, y actos de bullying (matoneo) en el ámbito educativo, se han venido desarrollado una serie de iniciativas para impulse programas, directrices y acciones en materia de Educación y derechos humanos. Algunas de estas iniciativas dirigidas a promover la tolerancia y promover una cultura inclusiva y de derechos humanos incluyen el lanzamiento del pacto nacional universitario para La Paz y los derechos humanos; el inicio de muestras del cine y derechos humanos, y el impulso de las Directrices Nacionales para la Educación en derechos humanos. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil participantes presentaron el contexto de discriminación histórica sufrida por la población negra brasileña y los patrones de desigualdad social y educativa a los que siguen siendo sujetos. Adicionalmente, sostuvieron que pese a existir un marco normativo de protección, la comunidad LGBT negra sufre de una doble discriminación y que los avances en educación de derechos humanos es lento y rechazado por una bancada parlamentaria que califican como conservadora, racista y fóbica. En este sentido, rechazaron el proyecto de ley "Escuela Sin Partidos" impulsado por un sectores sociales y políticos que califican como ultra conservadores. Indicaron que el proyecto atenta contra de la libertad de expresión e intenta sacar de la agenda educativa la prioridad de trabajar contra la discriminación y la tolerancia a la identidad y diversidad de género. Respecto de esta iniciativa, el Estado informó que el Ministerio Público Federal envió al Congreso un pronunciamiento en el que aboga por la inconstitucionalidad de la iniciativa.  La CIDH manifestó su preocupación por iniciativas legislativas que pudieran implicar un retroceso en derechos humanos a la vez de saludar las iniciativas en materia de educación y derechos humanos las cuales deben ser abordadas de forma integral. La CIDH llamó al Estado a redoblar esfuerzos para desarrollar campañas de capacitación en materia de tolerancia, inclusión y no discriminación que incluya a las fuerzas de seguridad y otras entidades del Estado.

En la audiencia sobre el caso 11.291 Masacre de Carandirú respecto de Brasil, decidido por la CIDH con el informe 34/00 del año 2000, las organizaciones solicitantes de la audiencia puntualizaron una serie de obstáculos en materia de justicia y reparación integral a los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes. Respecto de las medidas de reparación integral sostuvieron que a 24 años de los hechos, la reparación es lenta, y que la mitad de las víctimas no han recibido una indemnización por los daños causados. Asimismo, sostuvieron que el Estado no ha cumplido con su obligación de realizar una investigación completa, imparcial y efectiva para identificar y procesar a los responsables por las  violaciones establecidas en las conclusiones del informe de fondo de la CIDH. informaron que en contravención con la normativa interna, en septiembre de 2016 la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de Sao Paulo anuló los cinco procesos a través de los cuales se condeno a 74 policías militares involucrados en la masacre. Solicitaron a la CIDH su intervención para garantizar que las recomendaciones emitidas en el informe de fondo sean efectivamente implementadas y que se establezca que el Estado ha incurrido en una nueva violación a sus obligaciones internacionales. Por su parte, el Estado sostuvo que este es un caso emblemático que se mantiene en la memoria colectiva de la sociedad brasileña dado que, en las cárceles brasileñas se encuentran en crisis y persisten situaciones de violencia. Asimismo, el Estado manifestó su sorpresa frente a la decisión absolutoria de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de Sao Paulo a la vez de resaltar que en un estado federativo como Brasil, el Poder Ejecutivo debe respetar la independencia de Poderes. Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que el gobierno esta desarrollando un plan nacional contra la violencia y seguridad en las cárceles y programas de capacitación en materia de derechos humanos con magistrados de las cortes. Finalmente, manifestó el compromiso de que Brasil a seguir observando y cumpliendo con las recomendaciones del informe de la CIDH a fin de transformar la realidad que infelizmente todavía les "da vergüenza". La CIDH manifestó su extrema preocupación por la decisión absolutoria antes mencionada, la cual propicia la impunidad y pudiera generar una nueva responsabilidad internacional. Por tanto, la CIDH instó al Estado a cumplir con las recomendaciones emitidas por la CIDH Investigando, procesando y sancionando a los responsables de las violaciones a los derechos humanos,  además de investigar disciplinariamente a quienes propicien que esta masacre quede en la impunidad.

En la audiencia “Derechos humanos y reformas legislativas en Brasil”, las organizaciones participantes informaron que la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC  55/2016), que establece el congelamiento del gasto público en los próximos 20 años, de ser aprobada, generaría una gran crisis en el sistema público de educación, salud y seguridad social, afectando de manera desproporcional a los sectores más vulnerables. Indicaron además que este grave retroceso en los derechos económicos, sociales y culturales está vinculado a un escenario de violación de derechos civiles y políticos, como los derechos a la libertad de expresión y asociación. Señalaron al respecto que las manifestaciones y ocupaciones de locales en protesta por la PEC fueron reprimidas en forma violenta y desproporcional por la fuerza pública. El Estado por su parte rechazó los alegatos de violaciones de derechos humanos e indicó que la propuesta de enmienda, la cual abarca un tecnicismo muy grande ligado a cuestiones fiscales, refleja la extrema politización del debate en torno a cualquier política pública. Asimismo, rechazó que la enmienda sea violatoria de la Constitución y de compromisos internacionales e indicó que el Magistrado Luis Roberto Barroso del Supremo Tribunal Federal, conocido por sus posiciones progresistas, en la sentencia que rechazó un “mandado de segurança” preliminar para la PEC 55/2016 señaló que el Congreso es la instancia adecuada y legítima para que se discutan enmiendas de la Constitución. La CIDH manifiesta su preocupación respecto al impacto que la medida planteada por la PEC podría tener en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, y recuerda al Estado su deber en materia de no regresividad de dichos derechos.

En la audiencia “Derecho a la salud y falta de medicamento en las Américas”, las organizaciones participantes informaron que la falta de acceso a medicamentos es uno de los temas más graves problemas para el disfrute del derecho a la salud, no sólo porque compromete el derecho a la salud y la vida, sino porque afecta a más de 2.000 millones de personas en el mundo. Informaron que la región enfrenta diversos problemas como falta de investigación y desarrollo de tecnologías médicas aptas para prevenir, diagnosticar y tratar la mayor parte de las enfermedades prevalentes en los países; altos precios de los medicamentos, especialmente de los medicamentos pioneros; y el bloqueo del acceso a los medicamentos genéricos. Las organizaciones proporcionaron un serie de propuestas para suspender la falta de medicamentos necesarios en los países de ingresos medios y bajos, entre ellas: 1. Apoyar el diseño de incentivos a la innovación farmacéutica desligados de patentes y altos precios de monopolio; 2. Abolir las patentes farmacéuticas en los países de ingresos medios y bajos, respecto de los medicamentos necesarios para la salud y vida; 3. Mientras se logra la abolición de las patentes farmacéuticas, velar por la utilización plena de los instrumentos legales concebidos para contrarrestar sus efectos nocivos; 4. Promover la calificación jurídica del bloqueo de los medicamentos genéricos con precios asequibles como crimen lesa humanidad. La CIDH valoró la información aportada y manifestó su compromiso por continuar trabajando en la temática de derechos económicos, sociales y culturales, con un énfasis en temas que se relacionan con el derecho a la salud.

En la audiencia “Situación del derecho a la salud en Guatemala”, los representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala plantearon que el sistema de salud pública está padeciendo un colapso generalizado. Informaron que el 42% de la población nacional no tiene acceso a los servicios de salud pública, y que en aquellos casos en los que las personas pueden acceder al mismo, se ven obligadas a pagar por el costo de los medicamentos e insumos médicos que correspondería proveer al Estado. Señalaron la falta de una política pública del Estado en materia de salud; la falta de presupuesto adecuado; la inestabilidad institucional (entre 2012 y 2016 se sucedieron ocho Ministros de Salud, cada uno con visiones diferentes); la mala gestión administrativa y de personal de las instituciones de salud; la corrupción institucional que va desde irregularidades en la licitación y compra de medicamentos, equipos e insumos, hasta el robo pormenorizado de los mismos; la falta generalizada de medicamentos, insumos, equipos, incluso los más básicos como vacunas, inyecciones, medicinas para resfriados; la falta de pago a proveedores; y la falta de cumplimiento de las autoridades de salud de resoluciones judiciales de amparo emitidas para proteger derechos fundamentales de personas afectadas por la falta de servicios. El Estado, por su parte, reconoció la grave crisis que atraviesa el sistema de salud público en Guatemala, en particular la falta de presupuesto, la inestabilidad institucional y la corrupción como factores que tienen una incidencia concreta en esta crisis. Con respecto a la situación planteada, la Comisión reiteró que la salud no sólo puede ser entendida como un servicio a cargo del Estado, sino que es un derecho humano con contenido propio, reconocido ampliamente en el derecho internacional. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de adoptar medidas de medicina preventiva, y en concretar en la práctica el derecho a la salud que se establece en la Constitución Nacional de Guatemala.

En la audiencia “Derecho a la reparación integral para las víctimas del conflicto armado en Guatemala”, los solicitantes de la audiencia dieron a conocer la situación crítica en la que se encuentra el Programa Nacional de Reparación que se manifiesta en reducción de presupuesto y personal técnico que pueda atender a las víctimas, así como la falta de continuidad en los procesos de reparación, lo cual genera revictimización en las víctimas. Los solicitantes exigieron al Estado  la aprobación de la Ley 35-51, la creación de un registro nacional de víctimas, la designación de funcionarios idóneos y una adecuada asignación presupuestal en el Plan Nacional de Reparación. El Estado reconoció que la reparación de las víctimas del conflicto es un tema pendiente en Guatemala e informó que ha comenzado a tomar medidas para recuperar el Programa de Reparaciones en Guatemala. El Estado comparte la preocupación de las víctimas por la pronta aprobación de la Ley 35-51 y por el Registro Nacional de Víctimas. Ante este escenario, la Comisión instó al Estado a saldar una deuda histórica porque un acuerdo de paz de hace veinte años no puede quedarse en el sólo en el papel.

En la audiencia “Situación de personas defensoras de derechos humanos en República Dominicana”, las organizaciones de la sociedad civil participantes lamentaron que el Estado no participó, al considerar que este es el único espacio de intercambio y diálogo que tienen las organizaciones de la sociedad civil para tratar sus inquietudes con el Estado.  Informaron que en los últimos años el hostigamiento, las campañas públicas de desprestigio e incitación a la violencia y odio contra defensores y defensoras de derechos humanos, incluso aquellas que son beneficiarias de medidas cautelares y provisionales, ha continuado. Denunciaron que en el último año se ha evidenciado un incremento de estos ataques incluyendo actos de violencia física que ponen en riesgo sus vidas e integridad personal. Sostuvieron que la condición de riesgo se ve exacerbada debido a que, pese a las denuncias interpuestas, estos ataques se mantienen en impunidad. Informaron que tampoco han habido manifestaciones públicas de apoyo y reconocimiento de sus labores desde las más altas autoridades del Estado. Describieron diversos  casos de agresiones, asesinatos y desapariciones de personas defensoras desde el 2009 a la fecha, especialmente de aquellas personas defensoras que trabajan por los derechos de los migrantes haitianos y que defienden la nacionalidad de sus descendientes dominicanos. Solicitaron a la CIDH incentivar al Estado a que realice un acto público de reconocimiento de la labor de los y las defensores de derechos humanos, se establezca un mecanismo nacional de protección para los y las defensoras de derechos humanos, como así también un programa de protección para testigos y víctimas de violaciones a los derechos humanos y se  tomen medidas dirigidas a investigar los ataques a las personas defensoras para dar frente a la impunidad como medida de no repetición. La CIDH lamentó la ausencia del estado a la audiencia dado que representa un obstáculo para que la CIDH pueda llevar a cabo su mandato de monitoreo. Asimismo, lamentó que el Estado no haya dado respuesta a la solicitud de información relacionada con el cumplimento a las recomendaciones formuladas en el informe de país publicado en el 2015 e invito al estado a proporcionar la información solicitada. Finalmente, la CIDH reiteró lo señalado en el informe antes mencionado, en el sentido de que el Estado tome medidas decisivas para responder a los actos de violencia y obstáculos que menoscaban la labor de defensa de las personas defensoras de derechos humanos en República Dominicana.

En la audiencia “Derechos humanos y apatridia en República Dominicana”, las organizaciones participantes se refirieron a la implementación de la ley 169-14 (Ley de Naturalización) dictada tras la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, así como otras normas y prácticas. Destacaron que ésta sentencia dejó apátridas a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana y que la ley adoptada para hacer frente a esta situación perpetúa la discriminación y además ha tenido falencias en su implementación. Indicaron que la ley dividió a las personas afectadas en dos grupos: grupo A para quienes tienen registro de nacimiento en República Dominicana y grupo B para quienes no tienen dicho registro. Respecto de este último grupo, señalaron que el tratamiento dado a estas personas es incompatible con la Convención Americana ya que les correspondía la nacionalidad dominicana por haber nacido en República Dominicana. Sin embargo, se las obliga a inscribirse en libros de extranjería para obtener la residencia y a los dos años tener la posibilidad de nacionalizarse. Indican que, de un universo estimado de 100.000 personas contempladas por la ley según la oficina nacional de estadística, sólo 8.765 personas fueron registradas y de éstas solamente 4.500 solicitudes habrían sido aceptadas, quedando las demás sin respuesta. Concluyeron que, por lo tanto, las medidas para mitigar los efectos de la sentencia chocan con recomendaciones de la CIDH y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Asimismo, se refirieron a la necesidad de crear una mesa de trabajo con el Estado para dialogar sobre la situación y propuestas de respuesta. Las organizaciones indicaron que las personas afectadas por la sentencia “están siendo tratadas como objetos y no como sujetos de derechos”. La CIDH manifiesta su preocupación por la ausencia del Estado en la audiencia y hace un llamado al Estado para lograr un mecanismo de diálogo que permita un acercamiento para la búsqueda de una solución integral. Resalta además el efecto desproporcionado que tuvo la sentencia 168-13 en la población dominicana de originen haitiano que refleja una situación de discriminación estructural. En su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en República Dominicana publicado en 2016 la CIDH formuló una serie de recomendaciones al respecto y está a la espera de información sobre el estado de cumplimiento. 

En la audiencia “Derechos humanos, Estado laico y morbimortalidad femenina en las Américas”, los solicitantes expresaron que su motivación para presentarse a la audiencia es la ausencia de laicidad por parte de los Estados aún cuando constitucionalmente son laicos, se ven influidos por grupos anti-derechos. Esta situación conlleva a afectaciones a derechos a la vida y a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTIQ. Los solicitantes muestran su preocupación de la brecha entre la laicidad y la influencia de los grupos anti-derechos o grupos fundamentalistas que obstaculizan el goce de derechos. El Comisionado Orozco agradeció la solicitud de esta audiencia, al tiempo que recordaba que nadie tiene derecho de imponer sus propias concepciones morales a las otras personas. Por su parte el Comisionado Vannuchi reconoció que el mundo vive una clara situación de regresión debido a la presencia de algunos grupos intolerantes.

En la audiencia “Tortura, violencia institucional e impunidad en las Américas”, las organizaciones participantes informaron que la tortura y la violencia institucional a la que se ven sometidas las personas privadas de libertad constituyen serios problemas que continúan estando presentes en la mayor parte de la región. Informaron que el aislamiento, requisas vejatorias, hacinamiento, traslados gravosos, sobrepoblación, implementación de políticas represivas de control social, falta de infraestructura adecuada, entre otras problemáticas, son factores que inciden en la práctica de la tortura, violencia y malos tratos que enfrentan las personas privadas de la libertad. Adicionalmente, agregaron que existiría ausencia y falencias en los registros de casos torturas y hechos de violencia; persistiría la falta de colaboración de parte de las autoridades penitenciarias cuando se les requiere información sobre  estos casos; las investigaciones penales no se llevan a cabo con la diligencia necesaria y la inexistencia de sentencias judiciales condenatorias por delitos de tortura ha servido en ocasiones como argumento a las autoridades para negar la sistematicidad de dichas prácticas; no se realizarían exámenes médicos adecuados y oportunos, de acuerdo al Protocolo de Estambul, a personas que alegan ser víctimas de torturas; entre otros aspectos que consolidan la impunidad en este tipo de situaciones. La CIDH agradeció la información aportada y reiteró su compromiso con esta temática, en el marco de los diversos mecanismos de la Comisión Interamericana.

En la audiencia “Situación de derechos humanos en el contexto de la implementación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en las Américas”, las organizaciones manifestaron su preocupación por la protección que el Acuerdo da a los inversionistas, a través de disposiciones subjetivas, sobre las decisiones de los Estados para implementar políticas públicas, incluidas aquellas relacionadas con la protección de los derechos humanos. Manifestaron que las disposiciones del Acuerdo impedirían el pleno goce del derecho de los pueblos indígenas de la región al consentimiento previo, libre e informado de proyectos en sus territorios ancestrales. Sostuvieron además que las disposiciones de resolución de conflictos del tratado afectarían los derechos a un juicio imparcial y al debido proceso en los Estados que se adhieran a él. Adicionalmente, indicaron que las disposiciones del Acuerdo en materia de propiedad intelectual tendrían un impacto negativo en el derecho a la salud en la región, ya que priorizan la protección de patentes comerciales sobre las necesidades de tratamiento y prevención de enfermedades de los órganos salud pública de los Estados. Instaron a la Comisión a seguir de cerca la relación entre la firma de tratados internacionales de comercio y sus posibles consecuencias para los derechos humanos. La Comisión reconoció la importancia de discutir sobre este y otros acuerdos de alcance regional para monitorear su posible impacto en los derechos humanos en el hemisferio.

En la audiencia “Situación de derechos humanos de las personas migrantes en Nicaragua”, las organizaciones participantes informaron sobre la grave situación de los migrantes que se encuentran en tránsito en Nicaragua rumbo a los Estados Unidos, entre ellos migrantes africanos, haitianos, cubanos y de otras nacionalidades. Se refirieron en particular a los obstáculos que enfrentan los migrantes al momento de cruzar la frontera sur desde Costa Rica. Al respecto, indicaron que en noviembre de 2015 3.000 cubanos permanecieron en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y que, al momento en que 1917 de ellos intentaron ingresar a Nicaragua por el puente fronterizo, el gobierno impidió el ingreso con un operativo de seguridad conformado por un batallón del Ejército y una fuerza especial de la policía, utilizando uso excesivo de la fuerza y gases lacrimógenos. Señalaron además que entre 800 y 1000 migrantes, entre ellos niños, niñas, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, se encuentran en un campamento en la frontera norte de Costa Rica debido a que se les prohíbe el tránsito por el territorio nicaragüense. Indican que esta situación de extrema vulnerabilidad los expone a enfermedades, delincuencia y trata de personas. Las organizaciones también documentaron la muerte de 10 migrantes cubanos quienes se ahogaron intentando cruzar el Lago de Nicaragua, así como la detención el 24 de abril de 2016 de más de 26 migrantes africanos en el puesto policial de la frontera sur, quienes iban ocultos en un camión cisterna y fueron deportados inmediatamente. Por último, denunciaron que el 20 de septiembre de 2016 una profesora fue condenada a 3 años de prisión por dar asistencia humanitaria a los migrantes en esta situación, y que las autoridades no han investigado los casos de uso excesivo de la fuerza pública contra migrantes. Solicitan a la CIDH que pida a los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que contemplen la posibilidad de adoptar un acuerdo regional para asegurar un tránsito seguro y humanitario a los migrantes. La CIDH manifestó su gran preocupación por la ausencia del Estado en la audiencia, la cual es un espacio de diálogo que permite la búsqueda de soluciones integrales a las problemáticas de derechos humanos. Recordó además las obligaciones específicas de los Estados en materia de personas migrantes, la prohibición de las expulsiones masivas y el respeto al principio de no devolución. 

En la audiencia “Situación de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en Nicaragua”, las organizaciones solicitantes se refirieron a la falta de acceso a la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, a quienes no se les permite la interrupción legal del embarazo aún cuando sus este es resultado de violencia sexual. Las solicitantes también se refirieron al constante desprestigio del que son sujetas las defensoras de derechos humanos, a las dificultades para participar en audiencias judiciales, a campañas de desprestigio llevadas a cabo en medios de comunicación afines al Estado y a amenazas directas en las instalaciones del organizaciones de mujeres. La CIDH expresó su preocupación por la ausencia del Estado en la audiencia y su preocupación por las cifras alarmantes que presentaron las solicitantes: 1,600 niñas de entre 10 a 14 años dan a luz cada año en Nicaragua; 8% de las mujeres han sido víctimas de violación en Nicaragua; se estima que 10,000 niñas son víctimas de violación en Nicaragua. La Comisión manifestó que estas cifras muestran una debilidad en las políticas públicas del Estado, así como la necesidad de desarrollar una respuesta integral a estas problemáticas.

En la audiencia “Situación de los derechos políticos en Nicaragua”, las organizaciones solicitantes informaron a la CIDH sobre el deterioro de las condiciones para el efectivo ejercicio de los derechos políticos en Nicaragua, en el contexto de las elecciones generales celebradas el pasado 6 de noviembre, y su efecto en la institucionalidad democrática. Se refirieron a los acontecimientos que han impedido el desarrollo de una contienda electoral competitiva y en igualdad de condiciones, afectando también el pluralismo político. Informaron que Nicaragua ha sufrido un retroceso sustancial en sus instituciones democráticas, mediante la adopción de diversas reformas a la Constitución y la legislación electoral, que han significado restricciones indebidas al ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía nicaragüense. Se refirieron a la reforma de la Constitución que permite una reelección indefinida del Presidente de la República. Indicaron que todas las instituciones y poderes del estado, así como la gran mayoría de los medios de comunicación, pasaron a estar bajo el control absoluto del partido de gobierno, y que la Policía Nacional y el Ejército se transformaron en instituciones partidarias. Refirieron asimismo a la decisión del Presidente Ortega de prohibir la observación electoral en las pasadas elecciones y a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 8 de junio de 2016 que removió la representación legal del Partido Liberal Independiente y los candidatos de la principal agrupación opositora. Concluyeron indicando que el actual gobierno tiene como único propósito perpetuarse en el poder en contra de la voluntad de las mayorías, sin asegurar la independencia y transparencia del poder electoral.  La CIDH lamentó la falta de participación del Estado en la audiencia y manifiesta su preocupación por la grave situación descrita por las organizaciones. La Comisión también recordó que el Estado se ha obligado a respetar los derechos políticos y tomar las medidas necesarias para garantizar su libre ejercicio en Nicaragua.

Asimismo, el día viernes 2 de diciembre de 2016, la CIDH sostuvo 8 reuniones de trabajo en los asuntos P-850-15, Pueblo Ayoreo, Paraguay; Caso 12.191, María Mamérita Mestanza Chávez, Perú; Caso 12.905, Pablo Rafael Galván y Otro, P-118-12 Isabel Guzmán, y Caso 13.011, Graciela Ramos Rocha, todos de Argentina; P-1159-08 y 1377-13 AN y Aurora, ambas de Costa Rica; y Caso 12.789, Heriberto Chica y otro de Honduras. De estas reuniones de trabajo se destaca que se suscribieron 5 actas para el impulso de las negociaciones o de la implementación de acuerdos de solución amistosa.

El día lunes 5 de diciembre, la CIDH facilitó 10 reuniones de trabajo en los asuntos Caso 12.376, Alba Lucia Rodríguez, Caso 10.916, James Zapata, Caso 11.990 Oscar Orlando Bueno Bonnet y Caso 11.144, Gerson Jairzinho González Arroyo, todos de Colombia; P946/12, César Antonio Peralta Wetzel y otros , P687/12, GB y su hija GBB y Caso 12.904, Comunidad Aymara Chusmiza Usagama, todos de Chile; P-735-07, Ismael Mondragón Molina, México; P1224/07,David Rabinovich, Uruguay; y Casos 12.487, Rafael Cuesta Caputi y 12.625, Marco Javier Zambrano y José Rada, ambos de Ecuador. Dentro del marco de dichas reuniones se firmaron 2 actas de entendimiento para el impulso de las negociaciones una; y otra para la implementación de acuerdos de solución amistosa. Adicionalmente, las partes en el caso 11.144 Gerson Jairzinho González, suscribieron un acuerdo de solución amistosa. La CIDH aprovecha la oportunidad para saludar la disposición de las partes orientada al diálogo y la resolución del asunto por fuera de la vía contenciosa.

El miércoles 7 de diciembre la CIDH facilitó 2 reuniones de trabajo en los asuntos Caso 12.934, Frank Guelfi y 12.552, Rita Wald ambos de Panamá. En dichas reuniones la CIDH facilitó los diálogos entre las partes para impulsar la negoción de una solución amistosa en el primero, y el cumplimiento de un acuerdo de solución amistosa en el segundo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 183A/16