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Comunicado de Prensa

CIDH repudia asesinato de Berta Cáceres en Honduras

4 de marzo de 2016

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María Isabel Rivero
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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su profundo repudio ante el asesinato de Berta Cáceres, reconocida defensora de derechos humanos, lideresa indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Berta Cáceres era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2009 y en repetidas ocasiones había denunciado de forma pública la situación de grave riesgo y hostigamiento en la que se encontraba.

Cofundadora de COPIHN en 1993, líder de la comunidad indígena lenca y una prominente defensora de los derechos humanos, Berta Cáceres dedicó gran parte de su vida a la defensa del territorio y de los derechos del pueblo Lenca. En dicha capacidad, tomó parte activa en la campaña por la defensa del Río Gualcarque, en el departamento de Santa Bárbara, en el noroeste de Honduras, lugar donde se planifica instalar la represa hidroeléctrica Agua Zarca. El movimiento contra la instalación de la represa del cual Berta Cáceres formaba parte denunciaba que no se había realizado la consulta previa, libre e informada con las comunidades locales afectadas. Berta Cáceres ganó premios internacionales por su actividad de defensa de derechos humanos y para defensores del medio ambiente.

De acuerdo a información de público conocimiento, en la madrugada del 3 de marzo de 2016, personas armadas entraron a su domicilio en La Esperanza, departamento de Intibucá, donde le dispararon causándole la muerte de forma inmediata. Una semana antes del asesinato, Berta Cáceres denunció en una rueda de prensa los asesinatos de cuatro líderes de su comunidad, así como amenazas en contra de ella y otros defensores y defensoras de derechos humanos. En los últimos años de su vida, junto con otros integrantes del COPINH, fue víctima de numerosos actos de agresión, criminalización, amenazas e intimidación, sobre los cuales la CIDH se comunicó por escrito con el Estado, a la luz del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana expresa su consternación y preocupación por el hecho de que este asesinato haya tenido lugar, a pesar de las medidas cautelares otorgadas a su favor y después de la última reunión de trabajo, que tuvo lugar en la sede de la CIDH el 21 de octubre. En efecto, en dicha reunión la CIDH llamó la atención a la delegación del Estado sobre la situación de riesgo de Berta Cáceres y sobre las falencias en la implementación de las medidas de protección a su favor. Asimismo, la CIDH consultó sobre las razones por las cuales no se adelantaba una investigación efectiva destinada a remover los factores de riesgo que perpetuaron los continuos hechos de violencia y hostigamientos en su contra. En seguimiento a la situación de riesgo de la beneficiaria de la medida cautelar, la CIDH envió una carta al Estado de Honduras el 8 de diciembre de 2015 solicitando información sobre las medidas de protección e investigación que se debían adoptar. Según información reportada por el COPINH, los hechos de violencia continuaron y el 20 de febrero de 2016 durante una caminata pacífica contra la implementación del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, más de 100 personas, entre las que se encontraba Berta Cáceres, fueron presuntamente detenidas y hostigadas por fuerzas de seguridad.

La Comisión saluda las declaraciones del Presidente Juan Orlando Hernández Alvaro del 3 de marzo, condenando de forma contundente el asesinato de la defensora y anunciando los esfuerzos para investigar esos hechos. Asimismo, la CIDH reconoce la carta recibida por la CIDH de parte de la Misión Permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), expresándose en términos similares. 

En efecto, tal como lo reconocen las autoridades, el Estado hondureño tiene la obligación de investigar este lamentable asesinato de manera seria, pronta y eficiente, e incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil su actividad como defensora de derechos humanos. Además de establecer la verdad de lo ocurrido, esta investigación debe establecer responsabilidades y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Este crimen no debe quedar en la impunidad. Como lo ha sostenido en el reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, la CIDH reitera su recomendación de implementar, en forma prioritaria, una política global de protección de los defensores de derechos humanos y adoptar una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención con el fin de evitar ataques en contra de las defensoras y defensores de los derechos humanos.

La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y en la consolidación del Estado de Derecho. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 024/16