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CIDH
Comunicado de Prensa
La CIDH viaja a Colombia para recibir información sobre la situación de afrodescendientes
27 de agosto de 2015
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Washington, D.C – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un viaje de trabajo a Colombia del 10 al 12 de agosto de 2015 a fin de recibir información sobre la situación de los derechos humanos de los afrocolombianos. La Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes, Comisionada Rose-Marie Belle Antoine, encabezó la delegación, entre cuyos integrantes se contaba también un abogado principal de su Secretaría Ejecutiva.
Las actividades se iniciaron en Cali, la ciudad más grande de la región del Pacífico colombiano, donde la Comisionada Antoine se reunió con varias autoridades, entre ellas representantes del gobierno del Departamento del Valle del Cauca, como el Secretario de Etnias, el Secretario de Cultura y el Alto Comisionado para la Paz y los Derechos Humanos para el Valle del Cauca. La delegación se reunió también con varios representantes de la ciudad de Cali, encabezados por el Secretario de Cultura en representación del alcalde, y con representantes para el Valle del Cauca de la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo. Por último, la delegación de la CIDH se reunió con un grupo de representantes de la sociedad civil que promueven y defienden los derechos de los afrocolombianos, especialmente en los cuatro departamentos que conforman la región del Pacífico colombiano.
La CIDH también participó en un evento académico que tuvo lugar en la Universidad ICESI de Cali, con una conferencia de la Comisionada Antoine sobre los derechos de los afrodescendientes en el sistema interamericano. La delegación también ofreció un taller sobre los mecanismos jurídicos de la Comisión Interamericana y la Corte para estudiantes, abogados y líderes comunitarios, centrado en la protección y la promoción de los derechos de los afrodescendientes.
En Bogotá, la Presidenta Antoine tuvo una extensa reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores con una amplia gama de representantes del gobierno nacional de Colombia. La reunión, presidida por el Viceministro de Asuntos Multilaterales, contó con la presencia del Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, así como autoridades del Ministerio de Cultura, la Fiscalía General, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y el Director de la Estrategia para el Pacífico. La delegación se reunió también con el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las actividades de Bogotá concluyeron con una reunión con representantes de la sociedad civil que trabajan en asuntos relacionados con los afrocolombianos, en la cual la delegación recibió información sobre la situación con un enfoque nacional.
Durante la visita, la Comisionada Antoine observó la actitud positiva y el compromiso de las autoridades, que reconocen la deuda histórica de la sociedad colombiana con los afrodescendientes. Observó que hay numerosos programas para mejorar la situación de los derechos humanos de los afrodescendientes en Colombia, como el plan especial para el desarrollo de la región del Pacífico (Todos somos PAZcífico), la promoción de la cultura y la lucha contra la discriminación en Cali, la formulación de políticas de inclusión, y la creación y el financiamiento de entes gubernamentales a nivel nacional y local para abordar algunos de los problemas. La Comisionada Antoine recibió favorablemente el papel activo y valiente que desempeñan los defensores de derechos humanos y los representantes de la sociedad civil en la promoción de los derechos de los afrocolombianos, así como el interés de las instituciones académicas en esta labor. No obstante, la Comisionada Antoine observó la necesidad de que tales programas y políticas se ejecuten de manera expedita y efectiva.
Entre las preocupaciones planteadas durante la visita de la Comisionada Antoine, la más grave es la continuación de los patrones de violencia que han plagado a los afrodescendientes, particularmente en sus intentos de defender el derecho a sus tierras ancestrales y comunales y a la dignidad humana, y que los priva de la posibilidad de gozar de sus derechos humanos. La violencia y los asesinatos de afrodescendientes siguen constituyendo un problema agudo a pesar de los planes del Estado para hacer frente a estas graves violaciones. La Comisión observa que los afrodescendientes siguen siendo víctimas de desplazamientos de manera desproporcionada como consecuencia del conflicto armado en sus territorios ancestrales y de la continuación de proyectos de industrias extractivas, actividades que exacerban la violencia, incluida la violencia sexual contra mujeres afrodescendientes, y los asesinatos.
La Comisión señala que la Corte Constitucional de Colombia observó esos patrones y los colocó de plano en el contexto más amplio de desigualdad, discriminación y descuido histórico por el Estado, que la Corte ha descrito como “invisibilidad”. La Comisión refrenda las conclusiones de la Corte Constitucional e insta al Estado colombiano a que ponga en práctica las decisiones esclarecidas de la Corte, que requieren medidas concretas para abordar las violaciones de derechos humanos, y a que adopte un enfoque diferente.
La CIDH hace un llamamiento a las autoridades para que investiguen y enjuicien a los responsables de estos presuntos delitos motivados por prejuicios raciales, basándose en una comprensión y valoración cabales del contexto de discriminación e inequidad que los afrodescendientes enfrentan en Colombia, situaciones reconocidas por los tribunales colombianos y por el mismo Estado. La Comisión insta también al Estado a que tome medidas para proteger eficazmente a los defensores de derechos humanos y líderes afrodescendientes. La Comisión recuerda la obligación que tienen los Estados de erradicar la discriminación, recordando que la Corte Interamericana ha reafirmado el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a “actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”. En ese sentido, la Corte Interamericana señala que los Estados están obligados a adoptar “medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas”.
Otras preocupaciones que la CIDH puso de relieve durante el viaje a Colombia son la falta de representación política de este grupo humano en todos los niveles del gobierno y especialmente en los cargos más altos, los graves efectos de las industrias extractivas y los proyectos de desarrollo, la mayor vulnerabilidad de las mujeres, los niños y los adolescentes afrodescendientes y la cultura persistente de discriminación y segregación que debe abordar la ciudadanía en conjunto como complemento necesario de las iniciativas oficiales y campañas de erradicación.
La Comisionada Antoine agradece sinceramente al gobierno nacional de Colombia, que facilitó la visita y proporcionó amplio acceso a sus autoridades, así como a las autoridades del Departamento del Valle del Cauca y de Cali. Agradece asimismo a los representantes de la sociedad civil y del sector académico, que cooperaron para que la visita fuese provechosa. La Comisión espera mantener una comunicación fructífera con todas las partes en Colombia, especialmente las que trabajan en asuntos relacionados con los derechos de los afrodescendientes, a fin de dar seguimiento a estos asuntos en cumplimiento de su mandato.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 095/15