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CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH culmina el 147 Período de Sesiones
5 de abril de 2013
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 147o Período ordinario de Sesiones del 7 al 22 de marzo de 2013. La CIDH está integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Rosa María Ortiz, Segunda Vicepresidenta; Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, y Rose-Marie Belle Antoine. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza L.
Durante el 147o Período de Sesiones se celebraron audiencias y reuniones de trabajo, y se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales. Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los Afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.
Por primera vez en su historia la CIDH celebró una audiencia solicitada por un grupo de Estados. Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana realizaron un llamado a aquellos Estados de la región que aún no han abolido la pena de muerte a que consideren su abolición o a que declaren una moratoria como paso previo a la abolición, tal como lo planteó la Comisión en su informe “La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de restricciones a abolición”. Asimismo, instaron a los Estados a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH relativas a personas condenadas a la pena de muerte. La Comisión Interamericana saluda esta iniciativa, que es un ejemplo de trabajo conjunto de los Estados y la CIDH en defensa de los derechos humanos.
La Comisión expresa su profunda preocupación ante la información recibida sobre la persistencia, en la actualidad, del fenómeno de las desapariciones forzadas en la región, y la invisibilidad en que permanece esta situación. Esto es resultado de la ausencia o ineficacia de las políticas públicas de los Estados en la materia, y en algunos casos de la negación de la existencia del fenómeno. Resulta de especial preocupación la falta de investigación sobre los casos de desapariciones, la ineficacia en la búsqueda de las personas desaparecidas y la impunidad en la que queda la mayoría de los casos. La Comisión identificó que la impunidad es un problema constante en la región, afectando gravemente el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas y propiciando la repetición de los crímenes.
La Comisión recibió información preocupante sobre la persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como actos de violencia en manifestaciones de protesta social y la criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos. Resulta particularmente preocupante la falta de adopción de medidas efectivas por parte de los Estados para proteger a defensoras y defensores en situaciones de grave riesgo.
En dos audiencias, la Comisión recibió información que indica que las personas afro-descendientes en Brasil y en Colombia continúan enfrentando situaciones y trato desventajoso debido a su raza, y que la interseccionalidad de raza y género agravan la discriminación contra mujeres afro-descendientes. La información recibida en estas sesiones es consistente con las conclusiones del Informe de la Comisión sobre la Situación de las Personas Afrodescendientes en las Américas sobre la situación de discriminación estructural que afecta a las personas afrodescendientes en las Américas, y que se refleja en importantes obstáculos para el goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. La invisibilización de las necesidades de las personas afrodescendientes, sumado a la continuidad de estereotipos y prejuicios, contribuyen a perpetuar situaciones históricas de segregación y exclusión. La CIDH reitera la necesidad de que los Estados adopten medidas urgentes y sin dilación para abordar los obstáculos y las barreras en el ejercicio, respeto y garantía de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en las Américas.
Por otra parte, la Comisión considera de suma preocupación la continuidad de la afectación y desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en varios países de la región, la continuidad de graves afectaciones a la vida e integridad física y cultural de pueblos, comunidades y personas indígenas, la represión de acciones de protesta y manifestaciones públicas realizadas por líderes, lideresas, autoridades y miembros de pueblos indígenas en defensa de sus derechos, y las acciones de represalia o amenazas contra líderes y lideresas indígenas.
En relación con las personas privadas de libertad, la Comisión continúa profundamente preocupada por las graves situaciones de derechos humanos existentes en los centros de reclusión de todos los países de la región. Resulta de suma preocupación la información recibida en audiencias sobre el uso excesivo de la prisión preventiva, la utilización del aislamiento solitario, así como las condiciones de detención en Cuba y en la Base Naval de Guantánamo, Estados Unidos. En particular, la CIDH expresa su profunda preocupación por la práctica existente en Estados Unidos de recluir a niños menores de 18 años en cárceles para adultos, sin una separación efectiva entre ellos. Preocupa también a la Comisión los abusos, violaciones sexuales, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el aislamiento solitario. La Comisión urge a Estados Unidos a identificar e implementar de manera urgente un mecanismo federal que identifique como niño o niña a toda persona menor de 18 años, evitando que puedan ser juzgados como adultos o recluidos junto con adultos.
En varias audiencias se recibió información preocupante sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en varios países. Agresiones a periodistas, legislación violatoria del derecho a la libertad de expresión, ausencia de marcos regulatorios que reconozcan las radios comunitarias, cierre de medios a través de procesos administrativos y judiciales, son algunos de los problemas sobre los cuales se recibió información durante las sesiones.
En relación con los derechos de las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersex, preocupa a la Comisión la existencia de centros para “curar” la homosexualidad, en los que se coacciona u obliga a las mujeres lesbianas jóvenes y adultas a ingresar a estos centros y se las sujeta a toda forma de violencia, incluida la de índole física y sexual. Asimismo, se recibió con preocupación información sobre intervenciones médicas a las que son sometidos los niños intersex por el hecho de que sus cuerpos se diferencian de un cuerpo estándar masculino o femenino, sin aguardar a una edad en que puedan dar su consentimiento. Estos procedimientos no son médicamente necesarios, se realizan por razones cosméticas, y suelen tener efectos irreversibles, incluyendo insensibilidad genital, esterilización y dolor crónico. La CIDH urge a los Estados a adoptar medidas urgentes para revisar estas intervenciones médicas a personas menores de 18 años a la luz del derecho de toda persona a la integridad personal, la dignidad, la privacidad, la identidad, la autonomía, el acceso a la información, los derechos sexuales y reproductivos y la salud.
Asimismo, se recibió información preocupante sobre la situación de los derechos de las mujeres, en especial por la persistencia de la violencia contra las mujeres en las Américas y la impunidad en que quedan estos crímenes. En las audiencias se escuchó información preocupante sobre los obstáculos legales y prácticos que persisten para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, los obstáculos en el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, el creciente problema de la trata de personas, y la interseccionalidad en la discriminación contra mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres pobres y mujeres lesbianas, quienes se encuentran invisibilizadas en la formulación de legislación, políticas públicas y programas estatales.
En diversas audiencias temáticas, la Comisión recibió información profundamente preocupante sobre derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos se encuentra la falta de tratamiento adecuado para personas indígenas LGTBI que viven con VIH, el vínculo entre discriminación contra comunidades en situación de vulnerabilidad y su ejercicio de los derechos al trabajo, a la salud y a la tierra, la intersección entre el derecho a vivir libre de discriminación y el ejercicio de los derechos económicos y sociales para diferentes grupos, incluyendo las mujeres, las personas indígenas y afrodescendientes, entre otros. Asimismo, se recibió información preocupante que indica que un alto porcentaje de los casos de mujeres y niñas que se someten a abortos ilegales o que son acusadas de violar las leyes que criminalizan el aborto, son resultado de la pobreza y de un acceso inefectivo al derecho a la salud.
La CIDH celebró audiencias de países y destaca su profunda preocupación por la información recibida sobre los graves desafíos que enfrenta el Programa Nacional de Resarcimiento para las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, y sobre la falta de avances en República Dominicana respecto a la situación que enfrentan las personas dominicanas de origen haitiano y las violaciones que sufren en sus derechos humanos, en especial su derecho a la nacionalidad, generando situaciones de apatridia. Respecto a Guatemala, la Comisión hace un llamado al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de dicho programa y para asegurar que se implementen efectivamente las medidas que garanticen una reparación integral, con pertinencia cultural y de género, a las víctimas del conflicto armado. Respecto a República Dominicana, la Comisión Interamericana continuará utilizando todos los mecanismos a su alcance para dar seguimiento a esta grave situación mientras la misma persista, e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para resolverla.
Este comunicado tiene un anexo en que se incorpora la información recibida durante estas sesiones sobre la situación de los derechos humanos en la región.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 23/13