Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
en cumplimiento al compromiso de monitorear la implementación del Acuerdo
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera”, firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC – EP), hace un
llamado al Estado para redoblar sus esfuerzos en la implementación del mismo
a fin de garantizar su adecuado cumplimiento y continuar promoviendo la
consolidación de la paz en Colombia.
En el marco de la evaluación periódica que la CIDH realiza sobre la
situación de derechos humanos en Colombia, desde 2016 ha venido dando
seguimiento a los esfuerzos realizados por el Estado tras la firma del
Acuerdo de Paz, enfocándose en los avances y los desafíos que persisten, en
el entendido de que la implementación del Acuerdo va de la mano con el
cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en
esa materia. En este sentido, la Comisión observa que a tres años de la
firma del Acuerdo de Paz, se han logrado sustantivos avances en su
implementación. Sin embargo, también nota la persistencia de retos
importantes en la implementación de los compromisos contenidos en el Acuerdo,
particularmente ante la continuidad de la violencia que se concentra en
diversos territorios del país en donde la presencia de grupos armados
disputan por el control territorial.
En especial, ha observado avances en el punto 1 sobre la Reforma Rural
Integral contenida en el Acuerdo, como por ejemplo la continuidad en la
implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
en los territorios. Al respecto, el Estado brindó información a la CIDH
sobre la elaboración de una Hoja de Ruta Única que permitiría articular los
diversos instrumentos de planeación para determinar el cronograma de las
intervenciones públicas en los 170 municipios más afectados por la violencia.
La Comisión hace un llamado al Estado a continuar con los esfuerzos
desplegados para la implementación de la Reforma Rural Integral. La falta de
acceso a la tierra ha sido una de las causas estructurales generadoras de
violencia en Colombia, y la Reforma Rural representa una valiosa oportunidad
para garantizar un acceso más equitativo a este derecho.
En relación con la participación política contenida en el punto 2 del
Acuerdo, la Comisión destaca dentro de los avances observados la
participación del partido político FARC en las elecciones locales de 2019,
así como la ocupación de 9 de los 10 curules de ese partido político en el
Congreso de la República. Al mismo tiempo, observa diversos desafíos como la
continuidad de la violencia contra candidatas y candidatos políticos y ex
integrantes de las FARC-EP, la falta de modificaciones a las normas que
regulan la protesta social, y los retrasos en el establecimiento de las 16
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Cámara de
Representantes.
Preocupa de igual forma a la CIDH los retos presentados en la
implementación del punto 3 del Acuerdo, relacionado con el fin del conflicto
armado. La Comisión ha sostenido que la violencia en Colombia es una
realidad extremadamente compleja y por consiguiente no atribuible a una
causa exclusiva sino el resultado de la suma de múltiples factores y causas
estructurales. Sin embargo, nota con alarma que la violencia se ha enfocado
en diversos territorios del país, especialmente en aquéllos que de manera
histórica se han visto afectados por el conflicto armado interno, en
perjuicio principalmente de líderes sociales.
De acuerdo con información suministrada por el Estado, hasta junio de
2020, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz habría acreditado a 13.511
excombatientes, de los cuales 12.773 se encuentran en proceso de
reincorporación. No obstante, la CIDH nota con preocupación que durante el
2019 se habría registrado un total de 77 casos de excombatientes asesinados
y que en lo transcurrido del 2020, organizaciones de la sociedad civil han
relevado por lo menos 20 asesinatos de personas en proceso de
reincorporación. La Comisión destaca que uno de los aspectos relevantes para
la construcción de una paz sólida y duradera es la reincorporación efectiva
de excombatientes de las FARC-EP a la vida económica, social y política del
país. Para ello, el Estado requiere brindar las garantías de seguridad
necesarias para proteger la vida e integridad de quienes se encuentran en
ese proceso. Al respecto, el Estado presentó información sobre las diversas
medidas implementadas para reforzar la seguridad de los excombatientes,
entre la que se destaca la expedición de 65 alertas tempranas para
prevención de daño y detección de riesgo para excombatientes; así como la
implementación de 260 esquemas de de protección, de los cuales 220 serían
individuales, 13 colectivos, 26 para antiguos Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorporación (ETCR) y uno para sedes de organizaciones.
De igual manera, la CIDH enfatiza su alarma por los asesinatos de
personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, que
se ha mantenido en un número alarmante. La Comisión registra los esfuerzos
desplegados por el Estado para hacer frente a esta problemática a través del
Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la Comisión
Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). En
materia de investigación y judicialización, la CIDH conoce sobre los avances
de la Unidad Especial de Investigación al interior de la Fiscalía General de
la Nación y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional. Al respecto, el Estado
informó que Fiscalía General de la Nación habría logrado avanzar hasta el
56% en el esclarecimiento de los homicidios contra personas defensoras. Ante
la persistencia de la violencia, urge al Estado a reforzar las estrategias
de prevención y establecer medidas de protección integrales, culturalmente
adecuadas y especializadas, para garantizar que las personas defensoras
puedan realizar su labor en un ambiente libre de toda forma de violencia. En
ese sentido, toma nota sobre la “Política Pública Integral de Garantías para
Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos” que será próximamente
aprobada por parte del Estado y reitera su compromiso y disposición para
brindar el apoyo técnico necesario para su implementación, a la cual dará
seguimiento.
Asimismo, se han identificado desafíos en la solución al problema de las
drogas ilícitas contenidos en el punto 4 del Acuerdo, particularmente en lo
que refiere a la implementación del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Preocupa, que muchas de las
personas líderes asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz, habrían
estado relacionados con el impulso en la implementación del PNIS. Es
indispensable que el Estado proporcione garantías de seguridad a quienes
forman parte de este programa, especialmente ante los riesgos que se
enfrentan por la presencia de grupos armados ilegales que operan en algunas
zonas del PNIS. A su vez, organizaciones de la sociedad civil informaron a
la CIDH sobre medidas que estarían siendo implementadas por el Estado
contrarias a lo contenido en el Acuerdo como, por ejemplo, acciones de
erradicación forzada y el presunto abandono a la población campesina que
formaría parte del Programa. No obstante, la Comisión toma nota de la
inversión del Estado de 217,7 millones de dólares al PNIS que beneficiaría a
99.097 familias vinculadas al programa.
Por otra parte, la CIDH ha observado importantes avances en los
mecanismos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición(SIVJRNR) y ha sido informada que, hasta julio de 2020, la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habría adoptado más de 29.000
decisiones judiciales. Además, desde el inicio de sus operaciones, el órgano
habría recibido al menos 279 informes dando a conocer información relevante
sobre los hechos y conductas relacionadas con el conflicto. Al respecto, la
Comisión valora que se haya ampliado el plazo de presentación de informes
por parte de organizaciones de la sociedad civil ante la JEP hasta el 15 de
marzo de 2021. La CIDH también observó avances en la acreditación de
víctimas y destaca la aplicación del enfoque étnico en la identificación de
personas afectados por el conflicto armado. Asimismo, saluda la creación de
la Comisión Étnica y Racial, al interior de la JEP, mediante la cual se
busca propiciar diálogos con los sistemas de justicia propios de las
comunidades.
A su vez, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición (CEV) también habría presentado avances como
la recolección de al menos 10.755 testimonios brindados a través de los
diferentes instrumentos y espacios en perspectiva de esclarecimiento, de los
cuales al menos 5.243 fueron entrevistas individuales a víctimas del
conflicto armado y sus familiares. En particular, la CIDH toma nota de los
esfuerzos realizados por la CEV para implementar el enfoque de género de
manera transversal en su actuación y garantizar la participación y escucha
de las voces de las mujeres y las personas LGBTI. Por su parte, la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) dio a conocer el Plan
Nacional de Búsqueda el cual servirá como hoja de ruta para las acciones
humanitarias de búsqueda, junto a los 12 Planes Regionales de Búsqueda
elaborados hasta el momento. La CIDH observa que, según la información
disponible, la UBPD ha recibido al menos 5.389 solicitudes de búsqueda de
personas desaparecidas.
En relación con el Capítulo Étnico contenido en el punto 6.2 del Acuerdo,
la Comisión nota que las poblaciones indígenas y afrodescendientes estarían
siendo afectadas por el recrudecimiento de la violencia en sus territorios.
De igual forma, organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH que
ante el contexto de la pandemia se estarían haciendo procesos de consulta
virtual los cuales no considerarían como idóneos por no cumplir con los
estándares propios de la consulta libre, previa e informada. La CIDH
recuerda que, de acuerdo con los estándares interamericanos, los procesos de
consulta en este ámbito implica que la forma en que se realizan también debe
ser concertados, sin condicionamientos a las comunidades participantes. Al
respecto, el Estado informó a la Comisión sobre la política “Paz con
Legalidad” a través de la cual se busca extender la presencia efectiva del
Estado en los territorios más vulnerables para trabajar de manera conjunta
con las comunidades víctimas de violencia en acompañamiento de las
autoridades en sus distintos niveles y la comunidad internacional.
La CIDH mantiene su convicción respecto a que la consolidación de la paz
es un requisito indispensable para el ejercicio y respeto de los derechos
humanos. En esta línea, la Comisión y el Estado colombiano firmaron el 22 de
febrero de 2018, un Acuerdo de Cooperación para la aplicación y difusión de
los instrumentos internacionales de derechos humanos. Mediante dicho acuerdo,
las partes coinciden en la necesidad de trabajar en conjunto para
incrementar los esfuerzos que conduzcan a una mejor aplicación y difusión de
los instrumentos internacionales rectores de los derechos humanos. Asimismo,
coinciden en la importancia de que la CIDH brinde asistencia técnica en el
proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, para que éste se
desarrolle conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos.
Consciente de los nuevos desafíos generados en el contexto actual de la pandemia por el COVID-19, la CIDH insta al Estado continuar adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la implementación adecuada de los programas relacionados con el Acuerdo de Paz. Asimismo, insta a procurar la participación de las víctimas y la aplicación de enfoques étnicos y diferencial en todo este proceso. La Comisión reitera que en ejercicio de su mandato, se encuentra a disposición el mecanismo de cooperación y asistencia técnica, para brindar al Estado y a la sociedad colombiana en su conjunto, las herramientas necesarias que permitan alcanzar soluciones a los desafíos identificados en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz como parte de su propósito de abordar efectivamente los obstáculos que enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia y cumplir con sus obligaciones internacionales.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 185/20