CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH denuncia escalada de ataques a la prensa y persistencia de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua
6 de febrero de 2019
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
denuncia la escalada de ataques a la prensa, la censura y clausura de medios
de comunicación, y la detención arbitraria y enjuiciamiento de periodistas
en Nicaragua. La Comisión también ha documentado la persistencia de un
patrón de detenciones arbitrarias e ilegales, así como condiciones de
detención que violan los derechos de las personas privadas de la libertad y
de sus familias.
Durante las primeras semanas del año, el MESENI de la CIDH recibió
información sobre la detención de Wilfredo Brenes Domínguez, Karla y
Fernando Escobar Maldonado y Ramón Javier Cerrato ocurrida en el barrio Fox
el 2 de enero, y la de Keneth Martínez, ocurrida en el barrio Monimbó el 3
de enero. Para estas detenciones la Policía habría desplegado unos treinta
efectivos antimotines acompañados de perros. Además, el 11 de enero, en el
poblado El Jícaro en Nueva Segovia, fueron detenidos Jorge García y Salvador
Orozco por realizar pintadas de protesta contra el Gobierno en letreros
públicos. En el momento de la detención fueron llevados a la delegación del
Jícaro y luego a la delegación departamental del Jocotal. Sin embargo,
durante cuatro días a partir de su detención, sus familiares no tuvieron
información precisa sobre su paradero, ninguno de los dos había sido
presentado ante un juez, ni se conocía la imputación legal que habría
justificado la detención. Finalmente, Jorge García y Salvador Orozco fueron
liberados de la estación policial el 19 de enero.
Lo anterior pone de relieve la gravedad de la persistencia de un patrón
de detenciones arbitrarias ininterrumpido en el que la detención preventiva
pierde su función cautelar y constituye la regla general para castigar a
quienes manifiestan su disidencia con el Gobierno. La CIDH recuerda al
Estado que una detención es ilegal o arbitraria cuando se produce fuera de
las hipótesis previstas en la ley, o cuando es utilizada para fines
diferentes a los previstos y sin las estrictas formalidades establecidas en
la norma. La CIDH hace presente, además, que las detenciones ilegales y
arbitrarias constituyen verdaderas penas aplicadas sin que se haya llevado a
cabo un debido proceso legal.
La Comisión también recibe con profunda preocupación el aumento de las
denuncias de malos tratos y castigos físicos contra mujeres y hombres
recluidos en las cárceles conocidas como La Esperanza y La Modelo. A través
del MESENI, la Comisión tomó conocimiento de que la noche del 31 de
diciembre en la cárcel La Modelo, un grupo de antimotines, armados con
fusiles de guerra AK 47, con gas pimienta y con perros agredieron a un grupo
de internos que había entonado el himno nacional. También se conoció sobre
la golpiza recibida el 11 de enero por Francisco Sequeira, recluido en
dependencias de máxima seguridad de la cárcel La Modelo. La agresión habría
sido cometida por varios funcionarios, como represalia por la eventual
grabación de un video en el que el interno Chester Membreño habría
comunicado su testimonio desde el interior de la unidad penal. Sequeira
habría sido rociado con gas pimienta y, luego de la agresión, dejado en su
celda sin atención médica. Similares denuncias llegaron a la CIDH sobre la
agresión, el 16 de enero, contra Kenia Gutiérrez, recluida en la cárcel La
Esperanza. Según la denuncia pública, la detenida habría comparecido a su
primera audiencia de juicio con marcas visibles de golpes en los brazos, los
que habría recibido de una funcionaria penitenciaria como represalia por
haber brindado agua a otra mujer detenida. En el mismo contexto, la CIDH ha
tomado conocimiento de que los días 23 y 24 de enero, agentes penitenciarios
realizaron allanamientos en las galerías 16-1 y 16-2 de la cárcel la Modelo
e inutilizaron los alimentos no perecibles de las personas privadas de
libertad en el lugar. Además se habrían apropiado de varios utensilios y
productos de primera necesidad que regularmente traen los familiares de los
detenidos para su aseo personal, lo que podría afectar sus condiciones de
salud e integridad.
La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, expresó que "se
trata de un conjunto de prácticas que reflejan el uso de la privación de la
libertad como un modo de criminalizar, sancionar y neutralizar la protesta
social, desnaturalizando las funciones excepcionales que debería cumplir la
privación de la libertad en una sociedad democrática y respetuosa de los
derechos humanos”. La Comisionada añadió: "reitero el llamado al Estado al
cese de la represión, así como violaciones a los derechos humanos de las
personas privadas de libertad y de sus familiares y al restablecimiento de
las garantías del debido proceso”.
Asimismo, la CIDH recibió información sobre personas privadas de la
libertad que no estaría recibiendo la debida atención médica. En este marco,
la CIDH expresa su especial preocupación por el caso de María Mercedes
Chavarría, que se encuentra con parte importante de su cuerpo paralizada sin
que se haya brindado información sobre su estado de salud, ni se haya
provisto la atención médica que requiere. También se recibieron antecedentes
de la operación de reparación del marcapaso a la que fue sometida el 7 de
enero Ruth Matute, detenida también en la cárcel La Esperanza, y quien tuvo
que ser intervenida de suma urgencia debido a la desatención por las
autoridades penitenciarias de la seria condición médica que padece.
La Comisión ha expresado en reiteradas ocasiones la grave violación a los
derechos humanos que constituye la falta de atención médica adecuada a las
personas privadas de libertad. La CIDH recuerda nuevamente a las autoridades
del Estado de Nicaragua su insoslayable obligación de garantizar la
integridad física de las personas que se encuentran bajo su custodia y de
brindar las condiciones sanitarias y de atención médica adecuada. La
Comisión recuerda que el incumplimiento de esta obligación, en particular
cuando se trata de personas confinadas bajo el control de agentes estatales,
constituye una seria violación a los derechos humanos.
El Relator para Personas Privadas de la Libertad, Comisionado Joel
Hernández, expresó que “las condiciones de reclusión deben tener en cuenta
el especial deber de protección del Estado con la integridad y salud de las
personas recluidas”. Asimismo, añadió que "el Estado de Nicaragua debe
modificar las prácticas en su sistema penitenciario para cumplir con los
estándares a los que está obligado”.
Sobre la situación de las personas privadas de libertad, la CIDH toma
nota que la delegación del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua el 23 de
enero de 2019 tuvo acceso a las personas detenidas en los centros de
detención denominados La Esperanza y El Chipote. Si bien la visita confirmó
las preocupaciones sobre la salud de las personas detenidas y sobre las
condiciones generales de reclusión, la CIDH toma nota de la apertura del
Gobierno para facilitar la visita y el contacto con los detenidos.
En las últimas semanas sigue la ofensiva para cerrar y censurar medios de
comunicación independientes, detener y encarcelar periodistas y forzar al
exilio a los nombres más importantes del periodismo nicaragüense. La CIDH ya
había denunciado los ataques a la prensa ocurridos desde el inicio de la
crisis, entre los que se encuentran La Prensa, Confidencial, 100% Noticias,
Radio Darío, Radio Mi Voz, Canal 12 y el equipo periodístico de Canal 10 de
Nicaragua (Comunicado R267/18). En este mismo ámbito, la Comisión recibió
información sobre la criminalización de Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora,
Jefa de Prensa y Director del canal de televisión 100% Noticias, quienes
fueron detenidos el 21 de diciembre y luego acusados de “proposición y
conspiración para cometer actos terroristas y apología e inducción para
cometer delitos impulsados por el odio”, junto a otros tres trabajadores de
la prensa, Jaime Arellano, Jackson Orozco, y Luis Chavarría Galeano, quienes
habrían abandonado el país.
La Policía Nacional mantiene el control y ocupación de las plantas y
equipos de las redacciones de 100% Noticias y el medio digital El
Confidencial. El ente regulador de las telecomunicaciones suprimió de la
grilla de la televisión para abonados canales con líneas editoriales
independientes, como 100% Noticias. Asimismo, el Canal 12 ya no transmite
los programas “Esta Semana” y “Esta Noche”, que se producían en las
instalaciones de El Confidencial. Las autoridades mantienen retenidas en la
aduana las importaciones de papel realizadas por el histórico diario La
Prensa, que publicó su portada en blanco como una forma de denunciar este
nuevo mecanismo de censura, mientras que anunció el inminente cierre de su
edición papel debido a la medida.
A lo largo de los últimos tres meses, se han exiliado más de 60
periodistas nicaragüenses debido a amenazas provenientes de distintos grupos
controlados por el Estado. En paralelo, el Gobierno favorece al duopolio que
mantiene el control de la mayor parte de la televisión y la radio en
Nicaragua. De acuerdo a información pública, uno de esos grupos estaría
constituido por miembros da familia del Presidente y la Vice Presidenta del
país.
“La democracia y el Estado de Derecho son incompatibles con la
criminalización de la prensa independiente. El uso del derecho penal para
castigar la emisión de información u opiniones, conforme a un criterio
fuertemente asentado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, viola
abiertamente sus estándares. El Estado de Nicaragua debe cesar
inmediatamente los ataques a la prensa independiente y mostrar cuanto antes
apego a los principios democráticos”, sostuvo el Relator Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.
La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Sociales, Culturales y
Ambientales (REDESCA) han manifestado su preocupación por la garantía de los
derechos sociales en Nicaragua, en relación con los actos de represión por
parte del Estado desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018.
Recordando que dichas protestas siguieron al anuncio de una reforma del
seguro social, la REDESCA de la CIDH manifiesta su preocupación ante la
adopción del Decreto Presidencial No. 06-2019 en la materia, publicado el 1
de febrero. Dicho decreto contiene reformas al “Reglamento General de la Ley
de Seguridad Social” sobre la base de la resolución 1/325, del 28 de enero
de 2019 del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS). Entre otros aspectos, la reforma implica aumentos en las
cotizaciones de trabajadores y empleadores, omite referirse a la
actualización periódica de las pensiones ahora en el 5% anual, e introduce
modificaciones en el cálculo de las mismas que puede suponer una disminución
de hasta el 30% en las nuevas pensiones. Recordando el carácter progresivo
de los derechos sociales y ambientales, la REDESCA expresa su preocupación
por el carácter prima facie regresivo de tales reformas y su potencial
impacto negativo para los derechos humanos de la población nicaragüense, en
particular para los derechos laborales, el derecho a la seguridad social y
los derechos de las personas mayores.
La CIDH y la REDESCA también han recibido información que indica que las
reformas son decretadas sin un apropiado proceso de consultas, información y
diálogo con los diferentes sectores afectados. Un Decreto presidencial no
resulta la vía adecuada para la realización de reformas que afecten derechos
sociales y puedan suponer retrocesos en relación con los niveles de progreso
ya alcanzados por Nicaragua en el cumplimiento de obligaciones relativas a
DESCA. La CIDH y su REDESCA recuerdan que el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los instrumentos interamericanos y universales
vigentes requiere que cualquier medida que afecte al desarrollo progresivo
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tenga la
consideración más cuidadosa y se justifique plenamente en el contexto del
aprovechamiento pleno del máximo de los recursos disponibles. Además, la
toma de decisiones debe producirse en el marco de procesos transparentes y
ampliamente informados, asegurando una amplia y efectiva participación
social que permita a las autoridades evaluar el impacto y considerar con
seriedad todas las alternativas diferentes a la adopción de medidas de
naturaleza regresiva.
Asimismo, la REDESCA reitera que una reforma al sistema del seguro social
debe tomar en cuenta no sólo una perspectiva económica o financiera, sino
fundamentalmente de derechos humanos. "Cualquier proceso de reforma
legislativa que afecte derechos sociales debe garantizar la participación
ciudadana y evaluar exhaustivamente el impacto para la realización de tales
derechos antes de su adopción”, manifestó Soledad García Muñoz, Relatora
Especial sobre DESCA de la CIDH.
La CIDH urge a restablecer las condiciones propias de un Estado de Derecho en Nicaragua. El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, destacó: “Es muy preocupante que junto al cierre paulatino de los espacios democráticos en el país, también persistan las amenazas a la integridad y a la libertad de las personas. Asimismo, reiteramos el llamado a que el Gobierno de Nicaragua se abra al escrutinio internacional en materia de derechos humanos”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 026/19