CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH condena la muerte de diez personas en cárcel de Ceará, Brasil
16 de febrero de 2018
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los hechos de violencia ocurridos en el estado de Ceará, Brasil, que ocasionaron la muerte de diez personas, y que por lo menos 8, resultaran heridas. La Comisión Interamericana urge al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como a identificar y sancionar a los responsables.
Según información de público conocimiento, el 29 de enero de 2018 tuvo lugar un motín en la Cárcel Pública de Itapaje, ubicada en el estado de Ceará, Brasil. Estos hechos de violencia habrían derivado de un enfrentamiento entre dos grupos rivales del crimen organizado, el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho. De acuerdo con la Secretaría de Justicia y Ciudadanía de Ceará, policías municipales y agentes penitenciarios del Grupo de Operaciones Regionales realizaron una intervención para controlar la cárcel. De una requisa realizada con posterioridad a los hechos, fueron confiscados armas, municiones, cuchillos y drogas. De acuerdo con declaraciones a la prensa del Consejo Penitenciario de Ceará, el enfrentamiento se habría ocasionado debido a que integrantes de ambos grupos criminales no estaban separados; por ello, y como respuesta a estos hechos, reportan las autoridades haber ordenado la transferencia de 44 personas a otros centros de detención.
La CIDH toma nota que las autoridades se encuentran investigando estos hechos. En este sentido, según declaraciones de la Policía Civil del Estado de Ceará a la prensa, se han iniciado las investigaciones correspondientes, y se ha identificado a seis reclusos como los presuntos responsables de los hechos. La Comisión Interamericana recuerda que el Estado de Brasil tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas las muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión.
“La Comisión Interamericana ha hecho reiterados llamados al Estado a fin de que como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, adopte acciones concretas controlar los posibles brotes de violencia”, dijo el Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado Joel Hernández. “Para tal fin, es indispensable que el Estado brasileño realice acciones para desarmar a los reclusos; imponga controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos; investigue y sancione actos de violencia y corrupción, y adopte medidas para prevenir el accionar de organizaciones delictivas en las cárceles”, agregó.
La Comisión Interamericana advierte con profunda preocupación que estas muertes se ocasionan en un contexto de reiterados actos de violencia en los centros del sistema penitenciario de Brasil, caracterizado por graves problemas de hacinamiento y condiciones de detención deplorables. La CIDH y la Corte Interamericana, a través de sus diversos mecanismos, han realizado reiteradas recomendaciones al Estado de Brasil a fin de garantizar los derechos de esta población. La Comisión ha otorgado medidas cautelares y analizado peticiones y casos sobre la materia, ha celebrado audiencias públicas y realizado visitas a centros de detención. Adicionalmente, ha emitido diversos comunicados de prensa manifestando su preocupación sobre los hechos. Así, la CIDH condenó a inicios de este año las muertes derivadas del motín ocurrido en cárcel de Goiás; y en 2017 advirtió con profunda preocupación los hechos de violencia ocurridos en cuatro centros de detención en los estados de Amazonas y Roraima, que resultaron en la muerte de casi un centenar de personas. De igual forma, en 2016, la CIDH advirtió sobre la situación de hechos de violencia en cárceles de Brasil que habría ocasionado la muerte de por lo menos 54 personas privadas de libertad.
“Considerando este contexto reiterado de violencia, la CIDH urge a las autoridades brasileñas a implementar acciones que tengan un impacto real en la especial situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. Esto incluye adecuar las condiciones de detención de los centros de reclusión a los estándares internacionales y adoptar acciones inmediatas, además de planes a mediado o largo plazo, para garantizar la vida y la integridad personal de esta población”, señaló la Relatora de la CIDH para Brasil, Comisionada Antonia Urrejola.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 030/18