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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 154º Período ordinario de Sesiones del 13 al 27 de marzo de 2015. Durante estas sesiones, la CIDH eligió a sus autoridades, y su mesa directiva quedó integrada por Rose Marie Antoine como Presidenta, James Cavallaro como Primer Vicepresidente, y José de Jesús Orozco Henríquez como Segundo Vicepresidente. La elección se realizó conforme al reglamento de la Comisión, el primer día del Período de Sesiones. Los otros Comisionados y Comisionadas miembros son: Tracy Robinson, Felipe González, Rosa María Ortiz y Paulo Vannuchi. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza L.

Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, así como en la implementación de planes a fin de resolver el atraso procesal. También se realizaron numerosos encuentros con representantes de Estados, peticionarios, y organizaciones de la sociedad civil de la región, así como con el Secretario General electo de la OEA, Luis Almagro. La Comisión asimismo recibió a representantes del Comité de Derechos Humanos de la Liga Árabe y de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo a Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos; y a John Knox, Experto Independiente en Derechos Humanos y Medio Ambiente. En el marco de las sesiones, la CIDH presentó asimismo el informe “Derecho a la verdad en América”.

La CIDH recibió información de que las personas de algunos países han sufrido represalias y reciben amenazas por asistir a audiencias y por acudir al sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión considera absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

Durante estas sesiones se celebraron 55 audiencias públicas, en las cuales se recibió información sobre casos en etapa de fondo, así como temáticas regionales de derechos humanos y diversas situaciones en 22 países. En las audiencias participaron delegaciones de 19 Estados Miembros de la OEA, así como más de 200 organizaciones de la sociedad civil y 17 instituciones académicas. También se realizaron 29 reuniones de trabajo, 20 de las cuales fueron sobre soluciones amistosas. En este informe se presenta un resumen de cada audiencia, en el orden cronológico en el que fueron realizadas.

Justicia criminal y raza en los Estados Unidos

A solicitud del gobierno de los Estados Unidos de América, la Comisión convocó esta audiencia para recibir información sobre la situación de discriminación racial en el país, especialmente en relación con el sistema de justicia penal. En el marco del 50 aniversario de la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos, los representantes del Estado declararon que el Gobierno federal sigue profundamente comprometido con la lucha contra el racismo y la discriminación racial en el país. Los representantes del Estado presentaron una actualización del trabajo del Task Force on 21st Century Policing, establecido en 2014, a raíz de la muerte de Michael Brown, Eric Garner y otros afroamericanos a manos de la policía. Asimismo, presentaron información sobre el rol de la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales en la protección de los trabajadores contra la discriminación basada en la raza, el color, y otros factores. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil participantes destacaron que el sistema penal tiene un impacto desproporcionado sobre las personas afro-americanas y latinas, algo que alegaron perpetúa un legado perjudicial de racismo en el país. Mencionaron casos específicos de cuerpos policíacos de ciudades de Estados Unidos que detienen a personas afroamericanas y latinas con mayor frecuencia, indicando que esta frecuencia es desproporcionada respecto al porcentaje de estos grupos en la población total. Finalmente, indicaron que muchos cuerpos de policía tienen prácticas perjudiciales para las minorías raciales, tal como la utilización de perfiles raciales (racial profiling). La CIDH manifestó su preocupación en el tema y su interés en dar seguimiento para lograr el progreso en la erradicación de la discriminación racial y la justicia.

Situación general de derechos humanos en Puerto Rico, Estados Unidos

En este período de sesiones se celebró una audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Puerto Rico, 15 años después de la última audiencia sobre este tema. Las organizaciones de la sociedad civil destacaron varios problemas relacionados con los derechos de niñas y niños, personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), mujeres, afrodescendientes y migrantes. Además, la CIDH recibió información sobre la grave situación de la trata de personas y su posible relación con el trabajo forzado, la prostitución de niñas y niños y el narcotráfico. La Comisión también fue informada que, a pesar de la garantía legal de acceso a la información, hay un control institucional que estaría dificultando el acceso a la información. Asimismo, se informó que, a pesar de que Puerto Rico hubiera abolido y prohibido la pena de muerte, ésta sigue siendo impuesta por el gobierno de Estados Unidos en razón de delitos federales, en juicios realizados en inglés. Por su parte, el gobierno de Puerto Rico indicó que se ha logrado avances importantes en la implementación de los derechos de la Declaración Americana en lo que se refiere a la protección de las niñas y niños de los malos tratos y en el combate a la trata de personas. El gobierno también destacó la protección ofrecida a las mujeres contra la violencia doméstica. Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico reconoció la necesidad de elaborar un plan de acceso a la educación especial a las niñas y niños con discapacidad y otro de combate a la violencia de género. El gobierno de Estados Unidos, también presente en la audiencia, no se manifestó sobre la imposición de la pena de muerte a la población de Puerto Rico por delitos federales. La CIDH manifestó preocupación respecto a varios temas, incluida la detención de migrantes y la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes afrodescendientes y pobres. También consideró particularmente preocupante el hecho de que Estados Unidos, el único país que actualmente aplica la pena de muerte en la región, imponga este tipo de sanción a una población que la ha abolido y prohibido en el derecho interno, y manifestó preocupación con la realización de juicios en un idioma que puede no ser plenamente comprendido por los acusados.

Caso 12.834 - Leopoldo Zumaya y Francisco Berumen Lizalde, Estados Unidos

Las organizaciones peticionarias presentaron información sobre el Caso 12.834, Leopoldo Zumaya y Francisco Berumen Lizalde, Estados Unidos, el cual se encuentra en etapa de fondo. En particular, alegaron que después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión en el caso de Hoffman Plastics se restringió el alcance de leyes estatales, así como políticas y prácticas federales proteccionistas, lo cual ha generado discriminación y denegación de la justicia para trabajadores migrantes en situación irregular. También alegaron que las presuntas víctimas tenían derecho a recibir la compensación a trabajadores por accidentes laborales, así como otros pagos y beneficios relacionados a la incapacidad, pero que fueron deportados antes  de poder acceder a ellos. Destacaron los desafíos que existen para trabajadores migrantes como las presuntas víctimas del caso en cuestión de continuar sus reclamos judiciales tras ser deportados. Por su parte, el Estado reiteró lo sostenido en sus observaciones de 26 de junio de 2014, respecto a que el caso no debería ser admitido por la CIDH  dado que no se habrían agotado los recursos internos y sus reclamos carecen de fundamento. El Estado considera que la decisión de Hoffman Plastics sólo limitó un recurso disponible entre varios bajo la ley para trabajadores migrantes en situación irregular y que no se ha demostrado que las presuntas víctimas no podrían reingresar a los Estados Unidos para continuar con sus denuncias. El Estado también destacó los esfuerzos que realiza para proteger los derechos de todo trabajador, independientemente de su situación migratoria. La CIDH solicitó información sobre la situación general de trabajadores migrantes para que sea tenida en cuenta por la CIDH al resolver el fondo del caso. 

Situación de derechos humanos de personas privadas de libertad en la Base Naval de Guantánamo, Estados Unidos

La CIDH celebró su 11ª audiencia sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Base Naval de Guantánamo. Esta audiencia fue solicitada por dos grupos de defensores públicos militares que actúan ante las Comisiones Militares creadas para juzgar a los detenidos de Guantánamo. Las organizaciones solicitantes de la audiencia informaron a la CIDH acerca del impacto del Committee Study of the CIA’s Detention and Interrogation Program, en los procesos que actualmente se están adelantando ante las Comisiones Militares y en las condiciones de detención en Guantánamo. El estudio revela que el uso de la tortura contra los detenidos ha sido sistemático. De acuerdo con los participantes en la audiencia, las experiencias y recuerdos de las víctimas de tortura son considerados información clasificada, lo que impide la reparación y rehabilitación de las víctimas de tortura, y el establecimiento de responsabilidades de los responsables de las mismas. Además, según informaron las organizaciones, el sistema de comisiones militares fue diseñado para garantizar el silencio de las víctimas de tortura, para mantener en secreto e impunidad las acciones de los perpetradores en tales actos. La delegación de los Estados Unidos reafirmó el compromiso de la administración del Presidente Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo, y destacó algunos avances recientes. Asimismo, indicó que las Comisiones Militares incorporan garantías fundamentales del debido proceso, y que la Oficina del Fiscal está revisando el reciente estudio del Senado a fin de encontrar la posible existencia de evidencia exculpatoria. Los representantes del gobierno indicaron además que tomaría al menos doce meses más para que todos los detenidos elegibles tengan acceso a una audiencia ante el Panel de Revisión Periódica (Periodic Review Board).

La CIDH subraya que la absoluta prohibición de la tortura, como norma perentoria de derecho internacional (ius cogens), genera obligaciones erga omnes para los Estados. Los Estados tienen la obligación de asegurar que las víctimas de torturas y malos tratos tengan acceso pronto y gratuito a servicios de rehabilitación, los cuales deben ser integrales y centrados en la persona de la víctima; y la obligación de considerar inadmisible toda evidencia obtenida directa o indirectamente por medios de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. De acuerdo con la información presentada por el Gobierno, bajo las actuales circunstancias, la clausura del centro de detención de Guantánamo no sería materialmente posible a corto plazo, si se toma en consideración el tiempo estimado que tomaría revisar la situación de todos los detenidos que se encuentran en detención indefinida. La CIDH reitera su llamado al gobierno de los Estados Unidos de cerrar el centro de detención de la Base Naval de Guantánamo sin mayor dilación; y de investigar, procesar y sancionar todos aquellos actos de tortura y tratos crueles cometidos contra las personas allí detenidas, así como de proveer reparación integral a las víctimas. 

Situación de derechos humanos de niñas y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual en Estados Unidos

Las organizaciones solicitantes de esta audiencia presentaron información sobre la situación precaria de las niñas y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual en los Estados Unidos. Según los alegatos de las organizaciones, el Estado procesa a las víctimas de trata como infractoras en lugar de víctimas de un delito. De esta forma, el Estado detiene aproximadamente mil niños y niñas cada año por cargos de prostitución. Esto se contradice con la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata (Trafficking Victims Protection Act), la cual exige que las autoridades del Estado traten a los niños, niñas, y adolescentes que se encuentran en situaciones de explotación sexual como víctimas de una forma grave de trata de personas. Asimismo, a las víctimas de trata se les niega la protección que necesitan, contrario a la atención prestada a otros niños y niñas víctimas de abuso infantil o violación sexual. Además, reportaron que estas víctimas han sido re-victimizadas y se han enfrentado a barreras para acceder a la educación, empleo, y vivienda después de su encarcelamiento. Las organizaciones indicaron que la detención de niños, niñas y adolescentes ha tenido un impacto desproporcionado en las niñas afrodescendientes y latinas. Por su parte, el Estado destacó sus programas federales contra la trata con fines de explotación sexual de niños y niñas, y también el consejo y apoyo que el Estado ha brindado a los países extranjeros sobre esta problemática. Las y los Comisionados llamaron al Estado a reconocer a las niñas y niños como titulares de derechos, y también expresaron su preocupación sobre la situación de los niños y niñas migrantes.  La Relatora sobre los Derechos de la Niñez destacó la importancia de que el Estado reconozca a niños y niñas como sujetos de derecho, ratifique la Convención sobre los Derechos del Niño, y aborde las causas del problema de la trata; así mismo, reconoció la colaboración del Estado con estos temas en la región.

Construcción del canal transoceánico y su impacto sobre los derechos humanos en Nicaragua

Las organizaciones solicitantes de la audiencia presentaron información sobre la construcción del canal transoceánico en Nicaragua y su impacto negativo en los derechos de la población nicaragüense. En particular, destacaron la violación del derecho a la integridad personal, a la vida digna,  al medio ambiente adecuado, al agua, a la propiedad, a no ser desplazados forzosamente de sus tierras, a la cultura, entre otros.  Además, los participantes manifestaron que la ley en la que se basa el proyecto del canal, así como el contrato firmado con la empresa china para la construcción del proyecto, fueron realizados sin haberse realizado estudios de impacto socio ambiental, y sin haber llevado a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas que se verían afectados y con la población en general. Asimismo, destacaron que la concesión otorgada para la construcción del canal es violatoria de la constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales. Las organizaciones manifestaron su preocupación por la represión del Estado ante el ejercicio del derecho a la protesta de quienes buscan la suspensión del proyecto, que ha tenido como resultado afectaciones a la integridad física de los manifestantes y la detención ilegal de los líderes de las protestas. Adicionalmente, solicitaron una visita in loco de la CIDH a Nicaragua con el fin de constatar los efectos que el proyecto del canal representa para los derechos humanos en el país. Por su parte, el Estado informó que el proyecto del gran canal de Nicaragua era de interés supremo nacional y que tomaba en cuenta los derechos humanos y la preservación del medio ambiente. El Estado indicó que este proyecto impulsaría la economía del país, generaría una reducción de la pobreza, y la marginación, y ayudaría a la preservación del medio ambiente. Asimismo, el Estado señaló que se habían realizado consultas públicas para la realización de los estudios previos, que en la última semana de abril de 2015 se estarían presentando los estudios de impacto ambiental correspondientes, y que estaba por aprobarse el marco bajo el cual se desarrollaría la consulta libre e informada de las poblaciones afectadas. La CIDH expresó su preocupación sobre las acciones de la policía en contra de los opositores del proyecto, la aparente falta de una consulta adecuada y estudios ambientales previos sobre la realización del proyecto en territorios ancestrales de comunidades indígenas, así como el acceso al agua de la población. La Comisión solicitó más información al Estado en relación a la consulta de los pueblos indígenas y de la población en general, la existencia de mecanismos apropiados de compensación, así como por los estudios de impacto socio ambiental a los que el Estado hizo referencia.

Situación de los derechos laborales en Nicaragua

Los solicitantes de la audiencia presentaron información sobre el deterioro y la falta de cumplimiento de los derechos constitucionales, laborales, humanos, sindicales y de seguridad social de los y las nicaragüenses. Según la información presentada, las violaciones a los derechos laborales en particular se reflejarían en represalias, discriminación, despidos y suspensiones ilegales; contrataciones ilegales, traslados de trabajadores en forma arbitraria, eliminación de organizaciones sindicales, y despido de dirigentes sindicales por ejercer su trabajo sindical. Además, indicaron que a los empleados públicos se les obligaría de forma permanente a participar en actividades políticas partidarias del gobierno a cambio de estabilidad. Los participantes destacaron la situación de algunos grupos vulnerables a violaciones laborales, incluyendo las niñas, los niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, y pequeños campesinos y obreros agrícolas. En tal sentido, los participantes por parte de la sociedad civil hicieron un llamado al Estado para mejorar su política pública en esta materia. Por su parte, el Estado informó sobre los avances en el país en materia laboral y seguridad social, como también las protecciones constitucionales y legales del derecho laboral. Los representantes del Estado informaron sobre la creación en recientes años de 1,267 nuevas organizaciones sindicales y 485 convenios colectivos, como evidencia de avances en esta área. La Comisión reiteró su gran interés en visitar a Nicaragua, y expresó su preocupación sobre los alegatos de presuntas situaciones de presión política en el ámbito laboral. 

Derecho de asociación laboral en América

Los solicitantes de la audiencia presentaron información sobre la situación del derecho de asociación laboral en Américas, con particular énfasis en Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, Colombia y Honduras. Según la información presentada, los trabajadores y trabajadoras de la región son víctimas de violaciones graves y sistemáticas de su derecho a la libertad de asociación y de negociación colectiva. Las organizaciones participantes consideran que dichas violaciones provocan un descenso en la membresía sindical y una menor cobertura de los convenios colectivos, y por consiguiente, reducciones salariales y de beneficios sociales, aumento de la inseguridad laboral y mayor desigualdad. En tal sentido, las organizaciones de la sociedad civil presentes en la audiencia hicieron un llamado a la Comisión a desarrollar y promover las obligaciones de los Estados miembros a respetar los derechos laborales, en línea con los estándares internacionales en la materia. Asimismo, solicitaron que se coordinara con la OIT el seguimiento y la evaluación de la protección y respeto de libertad sindical y la negociación colectiva en América. Por último, solicitaron a la CIDH la realización de un informe regional sobre la libertad sindical en América. La Comisión expresó su particular preocupación en cuanto a las denuncias de amenazas y asesinatos que habrían ocurrido en la región contra sindicalistas, que se encontrarían impunes. Por su parte, la Comisión aseguró su interés en recibir información adicional sobre las prioridades en esta materia para el futuro trabajo de la Relatoría Especial DESC, para el cual se destacó que los derechos laborales serán un área de prioridad.

Pena de muerte en el Gran Caribe

La CIDH celebró la primera audiencia relativa a la pena de muerte en el Gran Caribe.  Con excepción de Estados Unidos, los 13 países de América que mantienen la pena de muerte se encuentran en dicha región. La organización peticionaria, Gran Caribe por la Vida, destacó que en esta región se encuentran, por un lado, Venezuela y Costa Rica, países que abolieron la pena de muerte en el siglo XIX y, por el otro, Trinidad y Tobago y Barbados, cuyas legislaciones aún contemplan la pena de muerte obligatoria. Entre los aspectos preocupantes las organizaciones participantes informaron que si bien desde 2008 no se llevan a cabo ejecuciones a la pena de muerte en la región, varios Estados aún se oponen a la abolición. En tal sentido, informaron que entre 59 y 80 personas se encontrarían en el corredor de la muerte en ocho países del Gran Caribe (si bien no ha habido ejecuciones desde 2008). Asimismo, destacaron la falta de una defensa legal gratuita y efectiva para las personas procesadas por delitos pasibles de la pena de muerte. Como aspecto positivo se señaló la reciente abolición de la pena de muerte en Suriname el 3 de marzo de 2015 y el compromiso asumido por Barbados a abolir la pena capital. En relación, cabe destacar que en cumplimiento con decisiones del sistema interamericano, diez países de la región han abolido la pena de muerte obligatoria. La CIDH reitera la necesidad de avanzar en la reforma legislativa en los países del Gran Caribe a fin de abolir esta pena en toda la región o, en su defecto, a imponer una moratoria en su aplicación.

Derechos humanos y nueva legislación penal de Uruguay

Las partes presentaron información sobre la reforma del Código Penal de Uruguay. Las organizaciones peticionarias identificaron como preocupación la carencia de un espacio adecuado para facilitar la participación de la sociedad civil en el desarrollo de la nueva legislación penal. Como resultado, la propuesta de la nueva legislación penal contiene lenguaje que menoscaba los derechos humanos de las mujeres en relación a temas como la violencia sexual y sus derechos sexuales y reproductivos.  Hicieron mención de las disposiciones sobre delitos sexuales, las cuales no incluyen actos más allá de la penetración, y la omisión del delito de feminicidio y ciertas formas de violencia doméstica; exclusiones que entienden representan un retroceso en los derechos de las mujeres. Además, las peticionarias indicaron que la nueva legislación incorpora un nivel de protección más amplio a “la vida prenatal” y no incluye lo relacionado a la vulneración de derechos frente a la esterilización y la inseminación forzada. Las peticionarias solicitaron a la CIDH que emita recomendaciones para el Estado destacando los estándares internacionales que deben guiar la reforma penal vinculados a la prevención, investigación, sanción y reparación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres.  Las y los Comisionados presentes expresaron su preocupación sobre la presunta falta de un espacio adecuado para la participación de la sociedad civil en el proceso de reforma. El Estado reiteró su voluntad de participar en un proceso democrático y abierto incluyendo la perspectiva de la sociedad civil en la reforma del código penal.  

Protesta social y derechos humanos en América

Treinta organizaciones de la sociedad civil de la región presentaron información a la CIDH sobre una preocupante tendencia a la criminalización y represión violenta de quienes ejercen el derecho a la protesta social en las Américas. Al respecto, los participantes informaron que en muchos países de la región las fuerzas de seguridad han hecho un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza en el manejo de protestas sociales, que ha provocado incluso  la muerte de manifestantes. Se recibió información sobre la autorización dada por algunos gobiernos al Ejército para actuar durante protestas, cuando es una fuerza no entrenada para actuar en el espacio público. También se aportó documentación sobre la represión particular de la que son objeto los periodistas que dan cobertura a estos eventos, así como los ciudadanos que registran las mismas en dispositivos digitales. Según las organizaciones participantes, la persecución penal de quienes participan en manifestaciones y de líderes sociales y comunitarios ha sido otro de los fenómenos registrados. La CIDH recibió con preocupación información sobre el uso de figuras como la alteración del orden público, la asociación ilícita, el corte de rutas, la usurpación, el desacato, entre otras, como herramientas de amedrentamiento. En tal sentido, agregaron que existirían iniciativas legales que buscan regular, restringir y/o invisibilizar de manera indebida el ejercicio de la protesta o que avalarían su represión violenta. Según informaron, dichas iniciativas incluyen exigencias inaceptables como la autorización previa, la obligación de no detenerse o el uso de medios tecnológicos para bloquear las comunicaciones y establecer condiciones de ruido y estruendo para dispersar a los manifestantes. En esta audiencia, la CIDH recibió la opinión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christoph Heyns. La Comisión agradeció la información proporcionada y aseguró que dará un seguimiento cercano a esta situación en el Continente.

Libertad de expresión, diversidad, pluralismo y concentración de medios en América

Durante la audiencia, la CIDH recibió información relacionada al fenómeno de la concentración en la propiedad de medios de comunicación en América. Por un lado, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil brindó información sobre la conformación de monopolios u oligopolios de comunicación en la región y su afectación a la diversidad y pluralidad de voces. De acuerdo con estos grupos, la concentración en América Latina es muy elevada y es necesario que la CIDH realice un informe temático ofreciendo estándares para que los Estados aborden este fenómeno y formule recomendaciones para lograr una mayor diversidad y pluralismo. Por otro lado, una organización que reúne a empresas periodísticas de todo el hemisferio, integrada por los principales periódicos del continente, destacó su oposición a los monopolios u oligopolios, pero señaló que deberían ser regulados por leyes generales para todos los mercados y no a través de normativas específicas, dado que –a su criterio- pueden ser utilizadas por los gobernantes para su propio beneficio. Particularmente, la organización de empresas periodísticas se refirió a monopolios u oligopolios estatales y destacó la acumulación de medios en diversos países por parte de conocidos empresarios, tal como el mexicano Ángel González. La Relatoría Especial agradeció los estudios e informaciones proporcionadas y los insumos recibidos para continuar trabajando en estos temas.

Situación de derechos económicos, sociales y culturales de las personas trans en América

Las organizaciones solicitantes de la audiencia destacaron la relación que existe entre la falta de reconocimiento de la identidad género de las personas trans, la violencia que sufren y la violación a sus derechos económicos, sociales y culturales. La CIDH toma nota del círculo vicioso entre violencia, discriminación y ejercicio de derechos. Según indicaron las organizaciones, la falta de acceso de las mujeres trans al empleo formal se debe en gran parte a la exclusión y discriminación en el ámbito familiar, educativo y social. En consecuencia a ello, indicaron que las mujeres trans deben recurrir a ocupaciones que las colocan en un mayor riesgo a sufrir violencia y a ser criminalizadas, lo que a su vez genera que tengan aún menos posibilidades de trabajar en el sector formal. Asimismo, presentaron un estudio que indicó que aproximadamente 90% de las mujeres trans ejercen el trabajo sexual como único medio de subsistencia en dieciséis países de América Latina. La CIDH llamó a los Estados a adoptar leyes de identidad de género no patologizantes, así como medidas afirmativas diferenciadas y específicas para asegurar que las personas trans tengan acceso, sin discriminación alguna y en condiciones seguras, al empleo y seguridad social, a la vivienda, a la educación y a la salud.

Situación del derecho a la libertad de expresión en Ecuador

La Unión Nacional de Periodistas de Ecuador y la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica de ese país, por un lado, y la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios (Fundamedios) junto a la organización Usuarios Digitales, por otro, solicitaron audiencias ante la CIDH para tratar la situación de la libertad de expresión en su país. La Comisión unió ambas solicitudes y convocó a los interesados y al Estado de Ecuador a exponer su punto de vista. Las organizaciones expresaron discrepancias con la Ley Orgánica de Comunicación vigente por considerar que ha sido utilizada de forma arbitraria y ha generado un clima de censura previa, según sus palabras. En tal sentido, señalaron que el gobierno ha impuesto multas a los medios de comunicación que han provocado su debilitamiento y la autocensura de periodistas, además de falta de garantías que deriva en escasez de recursos destinados a la investigación periodística. También presentaron casos de estigmatización y hostigamiento a usuarios de internet críticos del gobierno. Las organizaciones solicitaron a la CIDH una visita al país y posterior elaboración de un informe, que se formulen estándares sobre derechos digitales, y que se analice la caracterización de la comunicación en ese país como un servicio público. El Estado de Ecuador no concurrió a la audiencia a ofrecer información y su punto de vista.

Situación de derechos humanos de los líderes y defensores del Pueblo Shuar en Ecuador

Las organizaciones participantes presentaron información sobre la oposición del pueblo Shuar a los proyectos petroleros y mineros que el Estado de Ecuador ha implementado en sus territorios, sin haber realizado consultas previas, libres e informadas. Las organizaciones señalaron que estos proyectos han generado la destrucción de sus tierras y cultivos, y han ocasionado una escalada de violencia. Además, indicaron que los esfuerzos de resistencia del pueblo Shuar han traído como consecuencia el asesinato de tres de sus integrantes, que aún no han sido investigados adecuadamente y continúan en la impunidad. Por último, informaron que no existían mecanismos estatales para proteger a las personas defensoras de derechos humanos.  Por su parte, la Comisión Interamericana expresó su preocupación por la falta de respeto al derecho a una consulta previa, libre e informada, la criminalización y ataques cometidos en contra de los líderes indígenas, y las afectaciones a los derechos a un medio ambiente adecuado y al agua.  Asimismo, instó al Estado a dar respuesta a estas alegaciones de violaciones a los derechos humanos, destacando la importancia de trabajar junto con las organizaciones de la sociedad civil. La Comisión lamentó la falta de comparecencia del Estado ecuatoriano en la audiencia.

Migración forzada y persecución de defensores LGBT en Centroamérica

Las organizaciones solicitantes de la audiencia presentaron información sobre amenazas y diversas formas de persecución que conllevan a la migración forzada de personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua a países como Costa Rica. En tal sentido, indicaron que las personas LGBT son más vulnerables a la extorsión y violencia por parte del crimen organizado y que son víctimas de crímenes de odio y abusos policiales. Además, manifestaron que los marcos internacionales sobre asilo y refugio no toman en cuenta la particularidad de las personas LGBT y que los requisitos y el nivel de prueba que se les exigen son inaccesibles, lo cual conlleva a que no puedan recibir protección internacional efectiva. Los participantes sostuvieron que muchas personas LGBT llegan a los países en situaciones muy precarias, y como consecuencia de su situación migratoria irregular se ven forzadas a vivir en la clandestinidad. También indicaron que en muchos casos las políticas para solicitantes de asilo y refugiados LGBT en los países de destino resultan insuficientes e inaccesibles. Finalmente, las organizaciones participantes denunciaron la cancelación de personería jurídica y cierre forzado de varias organizaciones LGBT en estos países. La CIDH insta a los Estados de Centroamérica a adoptar medidas efectivas, diferenciadas y específicas para proteger y garantizar el derecho a la vida e integridad personal de personas LGBT.

Caso 12.797 – Linda Loaiza López Soto y otros, Venezuela

En el transcurso de la audiencia, las partes presentaron información sobre el fondo del caso. De tal forma, Linda Loaiza López ofreció su testimonio describiendo los hechos relativos a la privación de su libertad y los graves actos de violencia sexual, física y psicológica a las cuales fue sometida por Luis Carrera Almoina. También compartió con la CIDH información sobre las numerosas barreras que enfrentó para acceder a la justicia y por qué considera que su caso permanece impune. El Estado por su parte destacó que existen dos sentencias emitidas por el poder judicial en este asunto, a la vez que destacó la independencia de dicho poder. Los representantes alegaron que el Estado Venezolano hizo todo lo que tenía que hacer para cumplir con su deber de proteger los derechos humanos en este asunto.

Situación general de derechos humanos en Venezuela

Durante la audiencia, la Comisión recibió información de la sociedad civil sobre la alegada injerencia del Poder Ejecutivo y el partido político oficialista en las instituciones del Estado, lo que tendría un impacto directo en la protección de los derechos humanos en el país. Las organizaciones destacaron la situación del Poder Judicial con relación al alto número de jueces y juezas, que según cifras oficiales, se encuentran en situación de provisionalidad. En tal sentido, las organizaciones participantes indicaron que los procesos de designación de altas autoridades del Poder Público se realizarían sin garantías suficientes para la vigencia del pluralismo, e informaron sobre hechos de persecución política. También presentaron cifras sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, y la grave situación de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, la CIDH recibió denuncias sobre el incremento en la intimidación y hostigamiento hacia defensores y defensoras de derechos humanos, y en particular, a quienes acuden ante instancias internacionales, como por ejemplo las audiencias públicas en la Comisión Interamericana. Por su parte, los representantes del Estado cuestionaron la información aportada en relación con la situación de jueces y juezas provisionales, señalando que si bien la cifra es del 66%, el Estado viene realizando importantes esfuerzos para lograr su disminución. Asimismo, consideraron como un avance la instauración de la jurisdicción disciplinaria judicial en el año 2010 y destacaron que el Ministerio Público viene adelantando importantes acciones en la “lucha contra la vulneración de derechos fundamentales”. Finalmente, la Comisión recibió con preocupación información sobre la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa que autoriza el uso de la fuerza letal y armas de fuego en el control de manifestaciones. Según lo señalado por el Estado, la Resolución regula el uso progresivo de la fuerza cuando sea necesario el control de manifestaciones que se tornan “violentas”.

Situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela

En relación con la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) en Venezuela, las organizaciones solicitantes de la audiencia señalaron que altos funcionarios se han pronunciado públicamente de manera discriminatoria respecto de dichas personas. Según informaron las organizaciones, en Venezuela no hay reconocimiento de las familias diversas; existe discriminación en el ámbito de la salud; y no se llevan adelante investigaciones en los casos de crímenes de odio de personas LGBT, aún cuando incluyen ataques y detenciones ilegales por parte de agentes estatales. En tal sentido, destacaron que la situación de impunidad se agrava considerablemente en el caso de personas trans que ejercen trabajo sexual. En relación con la actividad de defensores, alegaron haber recibido amenazas relacionadas con el ejercicio de su defensa de personas trans, e indicaron que el Estado cierra espacios de participación a organizaciones que critican la situación de derechos de personas LGBT. Por su parte, los representantes del Estado indicaron que la discriminación contra personas LGBT es un tema cultural, y se refirieron antecedentes jurisprudenciales y medidas legislativas en garantía de los derechos de personas LGBT. Adicionalmente, indicaron que la Defensoría del Pueblo ha adoptado varias medidas en materia de capacitación de agentes estatales, aunque reconocieron que existen retos para la inclusión plena de personas LGBT. La CIDH insta al Estado a adoptar una ley de identidad de género no patologizante; a investigar con debida diligencia los delitos cometidos contra personas LGBT, y a profundizar las medidas estatales, incluyendo a través de políticas públicas en favor de personas LGBT, y sus defensores.

Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela

En la audiencia referida a la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, los solicitantes indicaron que si bien en su momento se dio la implementación de una serie de políticas sociales (misiones), a partir del año 2012 se inició un proceso de regresión en la lucha contra la pobreza. Las organizaciones participantes sostuvieron que no se han publicado las cifras oficiales de pobreza correspondientes al año 2014, pero que el agravamiento de diferentes indicadores (inflación elevada, crisis en la prestación de servicios básicos y desabastecimiento generalizado) hace sostener que las cifras van en progresivo aumento. Asimismo informaron que se ha restringido el derecho a la educación plural y que se producen distintas violaciones al derecho de reunión pacífica, como por ejemplo el caso del estudiante Kluiverth Roa, quien según indicaron, murió por arma de fuego en una manifestación pacífica. En cuanto al derecho a la salud sostuvieron que los servicios de salud pública, de los que depende más del 60% de la población, no funcionan conforme a los estándares mínimos (deterioro de las estructuras y el desabastecimiento de insumos y medicamentos). En particular, las organizaciones participantes de la audiencia solicitaron a la Comisión que no haya hostigamiento contra defensores y defensoras, organizaciones, y contra quienes trabajan en el ámbito del derecho a la educación y la salud que están documentando y denunciando las referidas violaciones en el país. Por su parte, el Estado informó sobre las gestiones emprendidas para dar cumplimiento a los objetivos del milenio de Naciones Unidas y manifestó que, junto con otros países de América Latina, ha sido ejemplo de desarrollo social.  Adicionalmente, los representantes del Estado aseguraron que en Venezuela no hay ataques a personas y organizaciones que defienden los derechos humanos. En cuanto a las cifras presentadas con relación a la pobreza, el Estado solicitó que dichos análisis se hagan científicamente y acudiendo a la verdad, sin que esto signifique que no se haga el trabajo de alerta cuando se detecten violaciones.

Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos de Perú

En la audiencia, el Estado presentó su Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales. Según informaron los representantes del Estado, el Plan apuesta por incorporar en todas las instancias, niveles y formas educativas, la enseñanza de los derechos humanos, los deberes fundamentales y el derecho internacional humanitario, así como los principios y normas que rigen el Estado de Derecho. Además, indicaron que el Plan cuenta con tres componentes principales: igualdad y no discriminación, ejercicio pleno de la ciudadanía y cultura de paz. Por su parte, la Comisión felicitó al Estado por la elaboración del Plan, y resaltó la importancia que el mismo revestirá en la promoción y protección de los derechos humanos en Perú. Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil participantes manifestaron que el Plan era el producto de un trabajo muy serio en educación en derechos humanos, y destacaron la incorporación del concepto de género para abordar la discriminación sufrida por las mujeres. En el ánimo de que el Plan sea integral, la Comisión hizo un llamado al Estado para que se asegure que la educación en no discriminación abarque también la discriminación contra grupos LGTBI y grupos de personas con discapacidades. Asimismo, hizo un llamado para que la educación en derechos humanos abarque el sistema interamericano de derechos humanos y el cumplimiento con sus sentencias y recomendaciones, así como para que asegure que la educación en derechos humanos sea un elemento esencial de ascenso en la carrera judicial y de las fuerzas del orden y seguridad.

Situación del derecho a la libertad de asociación y reunión en Perú

Las organizaciones solicitantes de la audiencia informaron sobre el aumento de la conflictividad social y la respuesta represiva y restrictiva del Estado frente a la protesta social. Al respecto, indicaron que 60% de los conflictos sociales estarían asociados a temas socio-ambientales. Las restricciones consistirían en el uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas del estado mediante el uso de armas letales y la participación de policía militarizada en el control de la protesta social, la ausencia de investigación en casos de ataques en contra de la vida de los manifestantes, la utilización del derecho penal para criminalizar e intimidar a quienes promueven protestas sociales así como el hostigamiento y estigmatización de quienes participan en manifestaciones calificándolos de terroristas, personas vinculadas al narcotráfico o en contra del desarrollo. Por su parte, el Estado señaló que ha mantenido una política de diálogo frente a los conflictos sociales y la promoción de oportunidades de desarrollo. Particularmente indicó que las tensiones sociales han sido reducidas y que se han resuelto más de 100 conflictos sociales. Asimismo, el Estado señaló que se encuentra en discusión una normativa sobre el uso de la fuerza que será socializada con la sociedad civil. La Comisión se puso a la disposición para prestar apoyo en el proceso de elaboración de la legislación sobre el uso de la fuerza y manifestó su preocupación por el uso de la figura de la denuncia penal preventiva así como por la continuidad de convenios entre las empresas privadas y policías estatales.

Situación del derecho al acceso a la información en Haití

Las organizaciones solicitantes de la audiencia presentaron información preocupante acerca de los obstáculos que existen para ejercer el derecho de acceso a la información pública particularmente en proyectos de inversión extranjera, desarrollos turísticos, minería y explotación de recursos naturales. La CIDH también recibió información que refleja la falta de un marco jurídico que establezca y desarrolle mecanismos para acceder a la información pública y que limite la gran discrecionalidad que existe por parte del Estado para clasificar la información mediante cláusulas de confidencialidad. Asimismo, las organizaciones participantes informaron que la escasa publicación de información que se realiza por parte del Estado se publica en idioma francés sin incluir el idioma criollo haitiano, impidiendo con ello el acceso de una gran cantidad de la población. Respecto a lo anterior, no se obtuvo un pronunciamiento por parte del Estado en virtud de que no compareció a la audiencia. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión por su parte manifestó la necesidad de implementar una legislación específica que regule el acceso a la información tendiente a garantizar el ejercicio de este derecho. La Comisión lamenta la falta de comparecencia del Estado haitiano en la audiencia.

Denuncias de actos de violencia e impunidad contra personas trans en Paraguay

Las organizaciones participantes presentaron una investigación sobre 36 asesinatos documentados de personas trans desde el fin de la dictadura, es decir, entre febrero de 1989 y diciembre de 2013, según la cual en ninguno se pudo constatar que la persona responsable haya sido sancionada. En particular, indicaron que no existe ninguna política pública o legislación contra la violencia o discriminación de personas trans, lesbianas, gays o bisexuales (personas LGBT). Criticaron los pronunciamientos de altos funcionarios estatales contra personas LGBT y la negativa del Estado de firmar y ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. El Estado mencionó las medidas tomadas para prevenir la violencia contra personas trans como programas de capacitación a agentes policiales y otras relacionadas con acceso a la justicia. El Estado se comprometió a brindar información sobre la investigación de los casos presentados. Asimismo, indicó que luego de la visita del Relator de Personas Privadas de Libertad en 2014, las personas trans detenidas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú fueron trasladadas a una celda con baño privado. La CIDH insta al Estado de Paraguay a investigar con la debida diligencia los asesinatos y actos de violencia contra personas trans y personas LGB; a aprobar una ley contra la discriminación que incluya explícitamente la orientación sexual y la identidad de género; a adoptar una ley de identidad de género; y a implementar políticas públicas destinadas a erradicar la violencia y discriminación contra personas trans y personas LGB.

Denuncias sobre prácticas discriminatorias respecto al permiso de maternidad en el sector público de Chile

La Comisión recibió información sobre la ley No. 20.545 de 2011 y alegatos sobre el supuesto impacto discriminatorio de la misma. Las organizaciones indicaron que la ley otorga el derecho de ejercer un descanso por maternidad por un periodo de 12 a 18 semanas, con un subsidio con tope que comienza inmediatamente después del inicio del permiso postnatal de 12 semanas. Según informaron los participantes, el subsidio con tope es discriminatorio para las mujeres que tienen un salario mayor que dicho tope, y por eso estas mujeres tienen que elegir entre su salario y el cuidado de sus hijos. Las organizaciones alegaron que esta decisión fortalece la división sexual del trabajo y es discriminatoria contra las niñas y los niños.  En tal sentido, se refirieron al Convenio 183 de la OIT y al informe temático de la CIDH “Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos”.  El Estado, por sus parte, destacó la diferencia entre el empleo público y privado y reiteró que la ley 20.545 ofrece un beneficio nuevo mayor que lo que requieren los estándares internacionales. Además, los representantes del Estado explicaron que la Presidenta Bachelet tiene como prioridad abordar este asunto durante el 2015. Las y los Comisionados reconocieron el hecho de que el Estado haya ofrecido un beneficio nuevo a las mujeres, pero expresaron su preocupación de que la ley enviara un mensaje negativo a las mujeres quienes acaban de obtener acceso a los empleos de salarios más altos. Las partes se comprometieron a continuar dialogando sobre este tema para encontrar una solución al mismo.  

Industrias extractivas y derechos humanos del pueblo Mapuche en Chile

Las organizaciones solicitantes de la audiencia presentaron información sobre la situación generada por los proyectos de industrias extractivas en el territorio del pueblo indígena Mapuche y su preocupación por la operación de estos sin una consulta previa, libre e informada. Destacaron los efectos nocivos en materia de derechos humanos que el pueblo Mapuche ha experimentado por los proyectos de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera, tales como afectaciones en sus sistemas productivos, contaminación de los ecosistemas, y la pérdida de sus territorios. En tal sentido, las organizaciones señalaron que el sistema de evaluación de impacto ambiental realizado por el Estado tiene estándares ambientales muy bajos, no es independiente, y no prevé un proceso adecuado de consulta. Además, hicieron énfasis en el proyecto de la central hidroeléctrica de Neltume, que afectará directamente a la comunidad, especialmente a un complejo ceremonial donde se encuentra un cementerio mapuche. Por su parte, el Estado destacó la importancia de los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas y las diversas acciones que ha impulsado en el hemisferio para promover su aplicación. Los representantes del Estado, señalaron la elaboración del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas, mediante el cual se realizará un estudio para identificar los cambios a implementarse en la materia en conjunto  con los pueblos indígenas. La CIDH acogió con satisfacción la iniciativa del Estado a la vez que solicitó mayor información al respecto y reiteró su interés de participar en el proceso. Asimismo, expresó su preocupación sobre la tensión entre las leyes sectoriales y el derecho a la consulta, a la propiedad privada y al agua. 

Empresas, derechos humanos y consulta previa en América

Los solicitantes de la audiencia presentaron información a la Comisión sobre la diversidad de impactos directos e indirectos de las empresas sobre los derechos humanos en la región. Los participantes identificaron los principales avances y obstáculos relacionados al desarrollo de la normativa de empresas y derechos humanos a nivel internacional, particularmente los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por su parte, resaltaron problemáticas en relación a la responsabilidad extraterritorial de los estados de origen de las empresas transnacionales, y manifestaron su preocupación por las deficiencias que caracterizarían a los procesos de consulta previa en las Américas. En particular, los participantes destacaron las situaciones preocupantes de empresas, pueblos indígenas y consulta previa en Guatemala, Perú y Colombia. Las organizaciones solicitaron a la Comisión que a través de su sistema de peticiones y casos, desarrolle el deber de protección de los Estados frente a violaciones de derechos humanos en las cuales estén involucradas empresas, tomando en cuenta la obligación de los Estados de origen. Adicionalmente, solicitaron a la CIDH que ejerza sus funciones de protección con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de empresas, abriendo la posibilidad de tramitar denuncias relativas a la responsabilidad extraterritorial de los Estados de origen de las empresas. La Comisión solicitó a las organizaciones que continúen presentando información al respecto, ya que la Unidad sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuenta con una línea de trabajo específica sobre esta materia.

Situación del derecho al trabajo de las personas con discapacidad en Tucumán, Argentina

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Argentina, solicitó esta audiencia, en la cual se refirió a las políticas inclusivas que ha realizado para hacer efectivo el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en el sistema judicial de su provincia. Según informaron los solicitantes, dichas políticas se han desarrollado a la luz de los más altos estándares internacionales, y han consistido principalmente en la implementación de diversos ajustes razonables, tales como la accesibilidad física y comunicacional, y la adecuación de pruebas de ingreso. Por su parte, la CIDH se refirió a la importancia que el tema de discapacidad representa en su labor, y destacó el nuevo paradigma de la discapacidad consiste en tratar a las personas con esta condición como “sujetos de derechos y obligaciones”, y no como “objetos de protección”. Asimismo, la Comisión valoró las políticas llevadas a cabo por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y enfatizó que la presente audiencia permitía visualizar el derecho al trabajo de estas personas, como un derecho que representa el claro cambio de paradigma de la discapacidad.

Seguridad ciudadana y denuncias de tortura en Argentina

En audiencia sobre seguridad ciudadana y denuncias de tortura en Argentina, representantes de las defensorías públicas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, se refirieron a la existencia de patrones uniformes y constantes de prácticas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por los cuerpos de policía; los cuales fueron ejemplificados con la mención a casos representativos. Los participantes hicieron énfasis en la relación entre la corrupción policial; el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas; la impunidad en la que permanecen los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; la falta de mecanismos de prevención de la tortura; los ataques a la independencia de las defensorías públicas como agentes de protección de los derechos humanos; la persistencia de un discurso populista de mano dura por parte de actores políticos relevantes; y el ensañamiento de los cuerpos de policía hacia determinados sectores vulnerables. El Estado, reconoció la existencia de un “uso oportunista” del discurso de mano dura. Asimismo, mencionó distintas prácticas institucionales y políticas públicas destinadas a reducir la comisión de actos de tortura. Por ejemplo, los representantes del Estado mencionaron la creación de fiscalías especializadas en la investigación de casos de violencia judicial, y la presentación de un proyecto de ley para la creación del Mecanismo de Prevención de la Tortura en la provincia de Buenos Aires. A este respecto, la CIDH hizo énfasis en la obligación fundamental del Estado argentino de asegurar que los casos de tortura no queden impunes. En tal sentido, destacó la importancia de los registros de denuncias de torturas que mantienen las defensorías públicas y cuestionó la efectividad de las políticas públicas que el Estado indica haber estado tomando a este respecto. Por último, calificó de “alarmantes” los alegados actos de tortura contra niños y jóvenes mencionados por los participantes.

Derecho a la verdad, justicia y reparaciones por las violaciones de derechos humanos de las dictaduras militares en Bolivia

Las organizaciones solicitantes de la audiencia expusieron la situación de acceso y establecimiento de la verdad, justicia y reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, por distintos regímenes militares. En opinión de los participantes, a la fecha no se ha implementado una política integral de verdad, justicia y reparación. Frente al tema de esclarecimiento de la verdad, señalaron que existen múltiples obstáculos para el acceso a archivos militares, y denunciaron una falta de voluntad política para aprobar el proyecto de ley presentado en 2013 ante el Congreso, para instaurar una Comisión de la Verdad en el país. En cuanto al tema de justicia, resaltaron que muy pocas personas fueron condenadas por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las dictaduras. Finalmente, informaron que nunca ha existido en el país un plan integral de reparaciones. El Estado por su parte reportó avances en la búsqueda e identificación de restos óseos de personas desaparecidas, y afirmó que más de un millón de personas han sido beneficiarias de reparaciones. La Comisión por su parte felicitó los avances hechos por el Estado e invitó al mismo a que se establezca una Comisión de la Verdad, y se trabaje en el proceso de establecimiento y difusión de la verdad de lo ocurrido durante las dictaduras.

Derechos humanos e industrias extractivas en América Latina

Durante la audiencia, los participantes expresaron la posición de la iglesia católica ante las actividades de las industrias extractivas en la región, las cuales habrían generado la destrucción del medio ambiente y múltiples violaciones de derechos humanos, especialmente de personas, grupos y colectividades en una mayor situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas, los campesinos, y los niños y las niñas. Según informaron, en la región la calidad de vida se sacrifica por la industria extractiva, lo cual resulta en una injusticia trans-generacional por sus afectaciones en los índices de pobreza. Además, mostraron preocupación por la criminalización de los defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente, así como de la protesta social. En tal sentido, destacaron la responsabilidad de los Estados, tanto los receptores como los de origen de las empresas extractivas, de implementar los estándares ambientales y sociales necesarios para evitar la devastación del ambiente y el tejido social. Para ejemplificar la situación, los participantes expusieron casos de Colombia, Brasil, Ecuador, Honduras y México. Los participantes hicieron un llamado a los Estados, la CIDH, la comunidad internacional, las empresas nacionales y trasnacionales, así como a la sociedad civil, a trabajar juntos para buscar un modelo de desarrollo diferente, basado en el desarrollo humano. La Comisión agradeció la presencia de los representantes de la Iglesia Católica y su compromiso con un tema de tal importancia, afirmando la necesidad de cooperación para la construcción de un desarrollo económico respetuoso de los derechos humanos. 

Acceso a la justicia para personas con discapacidad en Guatemala

Los solicitantes de la audiencia señalaron que debido a la falta del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y a la ausencia de ajustes de procedimiento por parte del Estado, estas personas se enfrentan a serios obstáculos en el acceso pleno a la justicia. En particular, destacaron que de conformidad con la normativa civil guatemalteca, cuando las personas con discapacidad ingresan a instituciones de larga estancia, tal como el hospital psiquiátrico Federico Mora, su capacidad jurídica se les suprime sin ningún proceso administrativo o judicial, y se les deja imposibilitadas para acceder a la justicia. Por su parte, el Estado guatemalteco afirmó que la atención a las personas con discapacidad se fundamenta en la Constitución guatemalteca y en los tratados internacionales en la materia; en este sentido, se refirió a la implementación de diversas iniciativas que garantizan la igualdad de oportunidades para personas con esta condición. Por su parte, la Comisión manifestó su preocupación en relación con la normativa guatemalteca que permite que a las personas con discapacidad se les suprima su capacidad jurídica al ingresar a instituciones de larga estancia. Asimismo, la CIDH se refirió a la importancia de la garantía de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad a fin de que participen directamente en sus procesos judiciales.

Denuncias de trata de mujeres, niñas y niños en Guatemala

Según las organizaciones solicitantes de la audiencia, Guatemala es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Debido en gran parte a los factores de desigualdad, pobreza y pobreza extrema, violencia y el contexto actual geopolítico, sufre de un problema grave de la trata de personas. Las organizaciones alegaron que habría ocurrido un aumento de 44.4% en el número de víctimas de trata entre el periodo de 2012 a 2013 según datos de la Procuraduría de Derechos Humanos, y que este aumento habría tenido un impacto desproporcionado contra mujeres y niñas. En cuanto a factores que dificultan la judicialización de este crimen, los participantes identificaron la falta de conocimiento por parte de operadores de justicia de lo que consiste el delito de trata de personas, la escasez de personal especializado, la capacidad institucional insuficiente y la ausencia de seguimiento estatal durante la re-integración de las víctimas en sus comunidades o la deportación de víctimas extranjeras. Asimismo, destacaron la invisibilidad total de la trata de niños y hombres y el nivel de complicidad o corrupción de algunos funcionarios estatales. El Estado describió un conjunto de medidas que está llevando a cabo a nivel nacional y regional para combatir la trata de personas y crear un ambiente propicio para que estos actos se puedan denunciar sin miedo. Los representantes del Estado indicaron que existen funcionarios e instituciones especializadas pertinentes a este tema, incluyendo una fiscalía, una unidad de policía y varios albergues. Las y los Comisionados solicitaron mayor información sobre el impacto de las instituciones especializadas en relación al acceso a la justicia, las causas de impunidad de este delito, y los esfuerzos del Estado para lograr la des-institucionalización de los niños y niñas víctimas de trata.

Derechos humanos e independencia judicial en Guatemala

En la audiencia, la CIDH recibió con preocupación información sobre la presunta injerencia de otros poderes en el poder judicial y sobre diversas irregularidades que habrían ocurrido en el proceso de selección y nombramiento de magistrados y magistradas de altas cortes. Las organizaciones señalaron que quienes han denunciado vicios en dichos procesos habrían sido víctimas de represalias por parte del organismo judicial tales como despidos injustificados, supervisiones preventivas y traslados presuntamente ilegales. Por su parte, el Estado afirmó que los procesos de selección y nombramiento se realizaron conforme a la normativa vigente, a la vez que reconoció la necesidad de reformar el marco normativo e indicó que actualmente se encuentra trabajando en la iniciativa de una reforma legislativa en la materia. Adicionalmente, en cuanto a los traslados de jueces el Estado señaló que los mismos serían motivados y que la Corte Constitucional tiene la potestad de renovar a los jueces en sus cargos luego de transcurridos cinco años. La Comisión manifestó su preocupación sobre la aplicación de la normativa vigente en los procesos de nombramiento y selección, así como respecto a las alegadas represalias de las que estarían siendo víctimas aquellos jueces y juezas que habrían manifestado su disconformidad con dichos procesos.  A su vez, recordó la importancia de que los traslados de las y los operadores de justicia se realicen sobre la base de criterios públicos y objetivos; adoptados a través de un procedimiento previo y claramente establecido, en el cual se tengan en cuenta los intereses y necesidades de las y los operadores de justicia involucrados.

Denuncias de ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia

Las organizaciones solicitantes de la audiencia presentaron un informe sobre 230 casos de ejecuciones extrajudiciales documentados en los últimos cuatro años. Al respecto, señalaron que se han identificado hasta 6 tipos o modalidades en su comisión, y que resulta de suma preocupación que al menos 37% de las víctimas serían personas menores de 17 años. Por otra parte, se refirieron a la situación de impunidad en la que se encontraría un alto número de casos cometidos en períodos anteriores, especialmente los relacionados con el fenómeno de los “falsos positivos”, así como fallas en la debida diligencia de estas investigaciones. Por ejemplo, no se estarían siguiendo hipótesis relacionadas con el contexto o con las estructuras que favorecieron su comisión, o la escasa vinculación de altos mandos militares a los procesos judiciales. Por su parte, el Estado señaló primeramente que existe una política de cero tolerancia a las violaciones graves de derechos humanos y a la impunidad, y que continúa desplegando importantes esfuerzos para robustecer el sistema de administración de justicia. Además, señaló que los casos de “falsos positivos” se trata de “hechos execrables”, “que no pueden volver a ocurrir” y que las autoridades competentes continúan avanzando en las investigaciones y sanción a los responsables. El Estado destacó que son múltiples y de distinta índole, las medidas que se han adoptado para “contrarrestar” este fenómeno, y que han arrojado importantes resultados reconocidos por órganos de Naciones Unidas. Asimismo, señaló que son los jueces y las autoridades investigativas –de la jurisdicción ordinaria- quienes en el marco de su competencia deben hacer la determinación de responsabilidades a que haya lugar, y que la Fiscalía viene implementando metodologías que permitan conocer la posible existencia de patrones comunes, entre otros.

Denuncias sobre retrocesos en la legislación sobre justicia penal militar en Colombia

La Comisión recibió información sobre el contenido y alcance de tres iniciativas legislativas que cursan actualmente ante el Congreso de Colombia relacionadas con la competencia de la jurisdicción penal militar. Las organizaciones señalaron su preocupación porque consideran que estas iniciativas –impulsadas por el Gobierno- ampliarían el fuero militar para el conocimiento de violaciones graves de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por su parte, el Estado señaló que lo que se busca con las iniciativas es reformar la justicia penal militar para fortalecerla y establecer reglas claras de juzgamiento, y sólo en los casos en que se cometan delitos relacionados con el servicio. Específicamente, la Comisión fue informada sobre el Proyecto de Ley 085 de 2013, que tiene como propósito reestructurar la justicia penal militar para implementar el sistema penal acusatorio; el Proyecto de Acto Legislativo 022 de 2014, que reformaría el artículo 221 de la Constitución Nacional sobre la competencia de la justicia penal militar; y el Proyecto de Ley 129 de 2014, que establece reglas para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública bajo la aplicación del DIH. La Comisión valora lo señalado por el Estado en cuanto a que en el curso de los trámites legislativos restantes y el debate sobre el tema, se tendrán en cuenta las diferentes observaciones planteadas y que el examen que haga la Corte Constitucional permitirá confrontar su cumplimiento con los estándares internacionales. La CIDH reitera en ese sentido que una posible ampliación de la justicia penal militar significaría un grave retroceso para los esfuerzos que ha realizado Colombia en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas, en contravención con sus obligaciones internacionales, y sería un elemento que sólo sumaría a la impunidad.

Seguimiento a la implementación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) en Colombia

Las organizaciones solicitantes de la audiencia presentaron información sobre la situación de “alta vulnerabilidad y desprotección” en la que se encuentran las víctimas de violencia sexual frente al retorno de los agresores al lugar en que se cometieron hechos pertinentes a la Ley de Justicia y Paz. Alegaron que sólo dos de las diecinueve sentencias bajo la Ley de Justicia y Paz contemplan el delito de violencia sexual, algo que podría tener el efecto de eliminar la memoria del sufrimiento y la vulnerabilidad de las mujeres dentro el marco del conflicto armado. Respeto de las garantías de no repetición, las organizaciones destacaron la carencia de un programa integral para asegurar que los desmovilizados no retornen a las actividades ilegales cuando recobren su libertad por cumplimiento de la pena impuesta. Además, los participantes expresaron su profunda preocupación sobre la situación de riesgo de las mujeres defensoras de derechos humanos. El Estado, por su parte, se comprometió a fortalecer los esfuerzos del grupo estatal que tiene como fin la participación activa de las mujeres dentro del proceso de transición a la paz. La Comisión reconoció los avances del Estado y el hecho de que había reconocido que todavía persisten retos en la transición a la paz. Sin embargo, la Comisión expresó su profunda preocupación sobre las tasas bajas de procesamiento de los casos de violencia sexual. 

Derechos humanos y procesos de reasentamiento en Colombia

La CIDH recibió información en relación con la reubicación de población desplazada, programas de prevención y atención del riesgo y los desplazamientos generados por proyectos de desarrollo y desastres naturales. Las organizaciones participantes informaron que según cifras oficiales se registran 7.2 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales 5.7 millones son desplazadas forzadas. En consecuencia, un gran número de estas personas viven en de zonas de alto riesgo en las principales ciudades de Colombia. También informaron que persisten actuaciones administrativas irregulares en el marco de procesos de reasentamiento. Asimismo, expresaron que debe primar una planeación y gestión preventiva, y no reactiva frente al cambio climático y los desplazados que se generan. También se denunció la falta de regulación en el tema de desplazamiento por proyectos de desarrollo urbanístico y las amplias y discrecionales facultades otorgadas a los entes territoriales. Por su parte, el Estado informó que existe un marco jurídico diferenciado para las distintas formas de reasentamiento, ya sean los que se dan por desplazamiento forzado o despojo de tierras. Asimismo, el Estado indicó que ha adoptado una serie de políticas públicas para la atención a las víctimas, así como el diseño de distintos proyectos para la inclusión social de los ciudadanos en procesos de reasentamientos. La CIDH solicitó mayor información sobre cifras actualizadas del número de personas a las que se les habría restituido sus tierras o alternativas, y el número de personas efectivamente reasentadas.

Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en El Salvador

En audiencia sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en El Salvador, las organizaciones participantes presentaron un panorama general de las principales deficiencias estructurales que han conducido a la actual crisis penitenciaria que enfrenta ese Estado. De acuerdo con información oficial aportada por los participantes, la capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario sería de 8,490 plazas, en 22 cárceles para adultos, mientras que la población reclusa ascendería a 28,697 personas, lo que representa un nivel de ocupación general del 338%. Esta saturación ha traído como consecuencia que los jueces de ejecución penal dispongan la reclusión de personas en celdas de estaciones de policía (bartolinas). En relación con ello, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha observado que de las aproximadamente 1231 personas recluidas en bartolinas de San Salvador, el 93% está bajo prisión preventiva o incluso cumpliendo una sentencia penal. Los participantes se refirieron a otras graves deficiencias del sistema penitenciario relativas a los servicios de salud, alimentación y agua potable, visitas familiares, condiciones sanitarias y de higiene, y actividades productivas. El Estado informó acerca del acceso a estadísticas penitenciarias, y sobre algunas medidas paliativas que se están adoptando frente a la actual crisis penitenciaria del país. La Comisión Interamericana hizo énfasis en la necesidad de adoptar políticas públicas integrales en materia penitenciaria, dirigidas fundamentalmente a revertir las causas del hacinamiento.

Impunidad por violaciones graves de derechos humanos durante el conflicto armado en El Salvador

Los solicitantes de la audiencia señalaron que la impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado se ha convertido en un “patrón de conducta deliberado” por parte del Estado. Según informaron, la situación se ha agravado con la aplicación de leyes de amnistía y se ha obstaculizado a las víctimas del conflicto al acceso a la justicia, la verdad y la reparación. Además, refirieron que desde hace diez meses, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce de una demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil, que solicita la revisión de la Ley de Amnistía; lo cual, según los solicitantes, podría representar una oportunidad para que desde el ámbito constitucional se deje sin efecto la referida normativa. El Estado manifestó su compromiso con las víctimas del conflicto armado, y señaló que la actual administración realiza esfuerzos a fin de garantizar sus derechos a la verdad, justicia y reparación; sin embargo, también lamentó las serias limitaciones que enfrenta la  Fiscalía General en la realización de las investigaciones de estos casos, debido a que el Ministerio de Hacienda no ha provisto fondos para tal efecto. Por su parte, la Comisión manifestó su preocupación por la aplicación de la ley de amnistía en casos de graves violaciones de derechos humanos, así como su interés en conocer sobre los avances en las investigaciones de los referidos casos. 

Situación general de derechos humanos en Cuba

Los solicitantes de la audiencia señalaron que desde diciembre de 2014, con los anuncios de normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, se ha incrementado la represión contra la población cubana. Asimismo, manifestaron su preocupación por las situaciones de riesgo que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos, tales como criminalización de sus actividades, actos de tortura, amenazas, privaciones arbitrarias de la libertad, allanamientos de moradas y desalojos. Los solicitantes se refirieron también a las represalias que habrían sufrido Yris Tamara Pérez Aguilera y su esposo Jorge Luis Pérez Antúnez en Cuba después de haber presentado sus testimonios ante la CIDH, durante su 153 periodo ordinario de sesiones. Por su parte, la CIDH expresó su preocupación ante las alegadas represalias sufridas por dos participantes en audiencias públicas ante esta Comisión, y reiteró la obligación internacional que tienen los Estados de garantizar su seguridad. La CIDH también valoró los avances que se han logrado en el marco del periodo de negociación entre Cuba y Estados Unidos, pero expresó su preocupación por la situación de derechos humanos en el Estado cubano, y por que no se haya finalizado el embargo.

Derechos Humanos, la Ley y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en Trinidad y Tobago

La CIDH celebró una audiencia sobre la Ley de Igualdad de Oportunidades adoptada en el año 2000 y la Comisión establecida por dicha ley en 2008 para promover y defender los derechos humanos en Trinidad y Tobago. La ley prohíbe la denegación de empleo, vivienda, bienes y servicios en el sector público y privado por motivos de sexo, grupo étnico, origen, estado civil o discapacidad. Según la información recibida, la Comisión creada por esta ley recomendó al Estado en varias ocasiones ampliar dicha prohibición a otras categorías, tales como edad, orientación sexual y estado serologico. Sin embargo, estas recomendaciones, también realizadas por diversos Comités de Naciones Unidas, no habrían sido cumplidas. Asimismo, la Comisión recibió información sobre las múltiples e interrelacionadas formas de violencia y discriminación contra las mujeres trans, mujeres viviendo con HIV, y niñas en Trinidad y Tobago. Las organizaciones indicaron además que las personas con VIH deben ser consideradas como un grupo separado y no ser incluidas en la categoría de discapacidad. Según informaron las organizaciones participantes, las mujeres viviendo con el HIV/SIDA enfrentan barreras graves para obtener un pleno acceso a los servicios de salud y una fuerte estigmatización de parte de sus comunidades. Señalaron asimismo que uno de los desafíos en materia de derechos humanos en el país es la ausencia de una institución nacional de derechos humanos que cumpla con los principios de París. La CIDH manifiesta su preocupación respecto a la falta de cumplimiento con las recomendaciones de la Comisión de Igualdad de Oportunidades, y solicita al Estado incluir las categorías de edad, orientación sexual, identidad de género y VIH como causales prohibidas de discriminación. La CIDH lamenta que el Estado de Trinidad y Tobago no haya participado en la audiencia. El Estado respondió por escrito a los temas planteados en la misma.

Situación general de derechos humanos en el estado de Guerrero, México

Los solicitantes de la audiencia señalaron que en octubre de 2014, la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero logró emitir su informe final a pesar de falta de recursos necesarios y de obstáculos en el acceso a la información. En el mencionado informe, se destacó la existencia de un contexto generalizado y sistematizado de graves violaciones a derechos humanos contra disidentes políticos, activistas y estudiantes, durante la guerra sucia. Asimismo, refirieron que la impunidad respecto a estos hechos ha permitido que subsista hasta la actualidad, un patrón de graves violaciones a derechos humanos, y que se criminalice y difame a las defensoras y defensores. En particular, destacan la campaña de estigmatización contra el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, cuyos integrantes –algunos de ellos, beneficiarios de medidas provisionales– habrían sido vinculados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) con grupos armados y considerados “subversivos”. El Estado mexicano valoró la labor de investigación de la Comisión de la Verdad y se comprometió a dar seguimiento a las recomendaciones contenidas en su informe final. Por su parte, el Estado mexicano reconoció que los hechos recientes de Tlatlaya y Ayotzinapa ponen a prueba sus avances normativos y fortaleza institucional en materia de derechos humanos. Por su parte, la Comisión reiteró la importancia de que el Estado cumpla con su obligación internacional de proteger la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos, y manifestó su interés por conocer el plan de seguimiento para el cumplimiento con las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, así como el proceso de tipificación de los delitos de desaparición forzada y tortura.

Denuncias sobre hechos de desaparición forzada e impunidad en México

Los solicitantes de la audiencia expresaron que México vive una grave crisis de desapariciones, que ha sido recientemente catalogada por el Comité contra la Desapariciones de la ONU como generalizada. En consecuencia, según las organizaciones participantes, lo acontecido en Ayotzinapa debe constituir el punto de inflexión para abordar este grave problema. Además, indicaron la ausencia de cifras concretas de desapariciones lo cual refleja la falta de políticas integrales de registro, así como la ausencia de políticas de prevención, identificación de restos, investigación, sanción y protección de familiares. Durante la audiencia, se recibieron las declaraciones de tres mujeres cuyos familiares desaparecieron en México, Chihuahua y Nuevo León. De acuerdo con información oficial, de 2010 al 2014 se han encontrado en Chihuahua 90 fosas con 225 personas en total, y solo se ha identificado a 100. En el mismo periodo en Guerrero, se han encontrado 207 fosas con 299 cuerpos, de los cuales sólo han sido identificadas 40 personas. Según los solicitantes: “México es un cementerio humano y la tragedia continúa”. Refirieron que solo existen 6 sentencias firmes por el delito de desaparición forzada de personas y que no hay cumplimiento de las recomendaciones internacionales en la materia. El Estado reconoció la gravedad de la situación, y que a pesar de los avances en materia de derechos humanos, en particular en el aspecto normativo y en la elaboración de protocolos, aún existen muchos retos que superar. Asimismo, el Estado se comprometió a seguir trabajando con la sociedad civil para combatir la desaparición forzada. Asimismo reiteró la voluntad de seguir cooperando con la CIDH y con la comunidad internacional. La CIDH abordó el dolor de los familiares de personas desaparecidas y la necesidad de encontrarlos, y requirió al Estado información sobre las medidas adoptadas en relación a elementos de corrupción que posibilitan la desaparición forzada, como el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México

En la audiencia, las organizaciones participantes señalaron que la reforma energética en México supone graves afectaciones a los derechos humanos. Según indicaron,  la reforma tuvo el objetivo de eliminar la exclusividad del Estado mexicano en diversos ámbitos del sector energético, priorizando y facilitando la entrada de empresas a los territorios por encima de los derechos humanos de sus habitantes. También señalaron que desde el proceso de presentación, discusión y aprobación de la reforma se vulneraron los derechos de acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas, así como el derecho a la participación ciudadana. Por otro lado, mostraron su preocupación por la explotación de hidrocarburos no convencionales, tales como el fracking, y sus impactos en los derechos humanos al medio ambiente sano, agua y saneamiento, salud, propiedad, y vivienda adecuada. Asimismo, mencionaron la consulta a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, realizada después de la entrada en vigor de la reforma y en la que se han identificado múltiples violaciones a los estándares en la materia. En consecuencia, solicitaron a la CIDH una visita in loco y valorar la posibilidad de solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana en relación al cumplimiento de la reforma energética con el Convenio 169 de la OIT. Por su parte, el Estado indicó que estaba convencido de que la reforma energética permitiría mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos y que resultaría en beneficios tangibles para las comunidades. También mencionó que la legislación secundaria permitirá a México cumplir con sus compromisos ambientales, así como que haría lo necesario para que la regulación administrativa permitiera consultas adecuadas. La CIDH destacó la necesidad de un desarrollo económico con respeto a los derechos humanos y pidió mayor información a las partes en relación a la implementación del derecho a la consulta.

Denuncias de tortura sexual contra mujeres en México

Las organizaciones solicitantes de la audiencia presentaron un video con testimonios de varias víctimas de tortura sexual en México. Indicaron que la tortura sexual contra las mujeres es una manifestación de patrones socioculturales e históricos de la discriminación contra las mujeres y los estereotipos de género. Según las organizaciones participantes, miembros de la policía y de la fuerza pública han perpetrado actos de violencia sexual con el fin de generar confesiones y pruebas falsas y varios de estos casos han sido presentados ante la CIDH. También se refirieron a obstáculos al acceso a la justicia y a servicios de salud, tales como la re victimización de las víctimas y sus familiares, y la falta de una perspectiva de género e intercultural en las investigaciones. Por su parte, el Estado reportó que su programa de desarrollo de 2013 a 2018 incorpora una perspectiva de género, y tiene como prioridad medidas encaminadas a proteger los derechos humanos de las mujeres con discapacidad, las privadas de libertad y las niñas.  Además, el Estado describió las reformas al sistema de justicia e  indicó que ha establecido centros de justicia para abordar de manera integral el acceso a la justicia. Según informaron, esto permitiría establecer un mecanismo de seguimiento para atender a las mujeres liberadas de las cárceles. La Comisión solicitó mayor información sobre la conceptualización del delito de tortura sexual, la integración de la perspectiva de género e intercultural en los protocolos de investigación de estos delitos, y las mujeres mayormente afectadas por este problema en base a su edad, sexo, género, raza, entre otros factores.

Acceso a la justicia para personas migrantes en México

Las organizaciones solicitantes dieron información actualizada sobre la situación de violencia que enfrentan las personas migrantes en tránsito en México. Dicha situación ha sido denominada por la CIDH como una grave tragedia humanitaria. Cinco familiares de personas centroamericanas y mexicanas desaparecidas en México dieron sus testimonios acerca de los múltiples esfuerzos que han hecho en la búsqueda e identificación de sus seres queridos y de las respuestas que han recibido por parte de las autoridades. Según indicaron las organizaciones participantes, para los migrantes y sus familiares existen múltiples retos para un acceso real a la justicia en México, por lo cual solicitaron seguir avanzando en la creación de un mecanismo transnacional de acceso a la justicia para migrantes. Por su parte, el Estado mexicano destacó la importancia del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afectan a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013. También destacaron la firma del Convenio de Colaboración para la Identificación de Restos Localizados en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León, por conducto de una Comisión Forense. Además, informaron que se acordó la creación de un Mecanismo Transnacional de Búsqueda y Acceso a la Justicia que atienda la recomendación de la CIDH, en el sentido de desarrollar mecanismos de investigación efectivos y coordinados regionalmente que permitan a los migrantes agraviados y a sus familias tener un acceso efectivo a la justicia. La CIDH destacó la importancia de que el Estado mexicano siga avanzando en las medidas que viene implementando en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y familiares de migrantes, y reitera la recomendación de crear un sistema en línea de localización de migrantes detenidos, el cual serviría para suministrar información acerca del paradero de muchos migrantes que pueden ser considerados como desaparecidos por sus familias.

Situación de derechos económicos, sociales y culturales en Guyana

En la audiencia, la CIDH recibió información sobre las dificultades que las mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad auditivas y personas LGBT enfrentan para el goce y ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales en Guyana. En ese sentido, las organizaciones solicitantes de la audiencia informaron que las tasas de mortalidad materna y de embarazos adolescentes son bastante altas y que hay barreras para acceder a los servicios de salud y protección. Asimismo, indicaron que habría un genocidio cultural producto de la extinción de los idiomas de las comunidades tradicionales. Además, la CIDH recibió información de que las personas con discapacidad auditivas enfrentarían serias dificultades en el acceso a la educación, debido a la poca cantidad de escuelas especializadas y a que los profesores no sabrían comunicarse con los alumnos a través del lenguaje de señas, ya que no se les exigiría saberlo. En relación con las personas LGBT, además de la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y de las identidades y expresiones de género no normativas, serían también víctimas de la discriminación en el empleo en el sector público y privado. Por su parte, el gobierno reconoció muchos de los problemas mencionados por las organizaciones de sociedad civil. En tal sentido, destacó avances alcanzados y demostró su disposición de trabajar en conjunto para avanzar en estos temas. Por su parte, la Comisión manifestó su agrado con respecto a la disposición del Estado a trabajar con la sociedad civil y encarar los problemas planteados.

Denuncias de asesinatos de jóvenes afrodescendientes en Brasil

Las organizaciones solicitantes de la audiencia presentaron una serie de preocupaciones respecto al alarmante nivel de violencia que enfrentan los adolescentes, en particular los varones afrobrasileños entre 15 y 29 años que viven en las áreas metropolitanas de menor nivel de desarrollo. Según cifras oficiales, los homicidios son la principal causa de muerte entre los adolescentes y jóvenes en Brasil; en el 2012 más de la mitad de las 56.337 personas muertas por homicidio eran jóvenes (30.072, equivalente al 53,37%), de los cuales 77% eran afrodescendientes y 93,30% de sexo masculino. Según informaron los participantes, en algunos estados de Brasil los índices de mortalidad juvenil por homicidios se triplicaron entre 2002 y 2012. En particular se destacó que el racismo institucional y la discriminación siguen impregnando los sistemas de seguridad y justicia, y la preocupación por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad, en especial la policía militar. Entre las situaciones identificadas, los participantes indicaron que se encuentran presuntas ejecuciones  extrajudiciales, desapariciones forzadas, la excesiva utilización de la prisión preventiva, y un número desproporcionado de detenciones y la sobrerrepresentación de los afrobrasileños entre la población carcelaria, además de impedimentos a la igualdad de acceso a la justicia cuando son víctimas de violaciones a sus derechos. Se denunció la estigmatización que sufren estos adolescentes, a quienes la sociedad culpabiliza del clima de inseguridad y violencia, así como el nivel de impunidad en la que quedan los actos de violencia contra ellos que facilita la reproducción de los mismos. Por su parte, el Estado reconoció que el escenario actual es grave y presentó algunas de las iniciativas que está adoptando para su superación. 
La CIDH mostró su preocupación por la situación presentada y solicitó al Estado redoblar con urgencia sus esfuerzos para evitar abusos por parte de las fuerzas de seguridad, y asegurar una adecuada  investigación y sanción de los casos de asesinatos de jóvenes afrodescendientes, además de seguir profundizando en las políticas de equidad e inclusión social.

Derecho a la verdad e Informe de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil

En la oportunidad se informó acerca de las conclusiones de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) en relación con los crímenes de lesa humanidad en Brasil cometidos durante el período investigado. Los solicitantes de la audiencia indicaron que el trabajo de la CNV contribuyó para garantizar el derecho a la memoria y verdad en Brasil, pero que es necesario seguir con las labores y crear mecanismos de implementación y seguimiento de las recomendaciones de la CNV. En tal sentido, los participantes indicaron que la labor de la CNV no sustituye la obligación del Estado de investigar y punir los hechos y que la ley de amnistía sigue siendo un problema para la responsabilización de los autores y mandantes de los crímenes. El Estado, por su parte, destacó que la creación y el trabajo de la CNV fueron muy importantes. A la vez, indicó conocer que las conclusiones de la CNV son sólo una muestra de todo lo que ha pasado en el país y que es necesario seguir con la investigación y castigo de los hechos. En ese sentido, el Estado indicó que órganos estatales ya están tramitando demandas contra algunos de los presuntos responsables de los hechos. La CIDH saludó al Estado por este marco importante, pero reiteró la importancia de seguir con las labores de la CNV a fin de investigar todos los hechos y punir los responsables. La CIDH recordó que las leyes de amnistía para torturadores son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y que es necesario tomar medidas para garantizar que esto no impida el acceso a la justicia.

Situación de derechos humanos de las personas migrantes en Bahamas

La CIDH recibió información sobre la nueva política migratoria anunciada por Bahamas en septiembre de 2014 y acciones de cumplimiento relacionadas. Los peticionarios describieron la realización de redadas masivas en comunidades de migrantes, en especial haitianas, que conllevaban a la detención y deportación de aquellas personas que no pudiesen demostrar su situación migratoria en el momento de la detención, incluyendo a personas nacidas en Bahamas. En relación con la situación del Centro de Detención Carmichael Road, los peticionarios alegaron que los detenidos se encuentran en condiciones inseguras e insalubres, indicando que una mujer dio a luz sin asistencia y que los niños se mantenían con adultos sin parentesco durante días. El Estado explicó que el “Belonger’s Permit” permite a personas no bahameses trabajar y estudiar, actividades que previamente no podían hacer. El Estado mostró fotografías de los dormitorios recién construidos en las instalaciones del Centro de Detención Carmichael Road. Los solicitantes de la audiencia pidieron que la Comisión conduzca una visita in loco a Las Bahamas y que el Estado sostenga un diálogo con la sociedad civil, revise su política migratoria, y ponga fin a las detenciones arbitrarias. El Estado reiteró su invitación para que la CIDH conduzca una visita. Los Comisionados Felipe González y Tracy Robinson, Relator sobre Migrantes y Relatora para Bahamas, respectivamente, agradecieron al Estado la invitación a realizar la visita, y expresaron que la misma está bajo consideración. Durante la audiencia, el defensor Diego Alcalá dijo que se encontraba preocupado por la publicación realizada en Facebook por el Gerente de Prensa, Cultura e Información de la Embajada de Las Bahamas en Estados Unidos, que indicaba que utilizaría todos los recursos que estuvieran a su disposición para presentar cargos criminales contra la delegación que participó en la audiencia, después que otras autoridades de Las Bahamas les indicaron a los defensores Fred Smith y  Joseph Darville que les imputarían cargos criminales de difamación y sedición. El Estado negó estos hechos y afirmó que defendería el derecho a la libertad de expresión de los peticionarios, tal como defendería a Bahamas de la difamación y otros delitos. La CIDH expresó preocupación por esta información e instó al Estado a evitar la estigmatización de los defensores de derechos humanos.

Derechos de la niñez y medios de comunicación en América

La audiencia tuvo un carácter regional y se presentaron los desafíos actuales para la garantía del derecho de los niños a la libertad de expresión y al acceso a la información. Las organizaciones solicitantes de la audiencia mencionaron el rol que cumplen los medios en la producción y provisión de contenidos informativos de calidad, los cuales deben estar adaptados a las diferentes franjas etarias, respetando la diversidad cultural. Además, se analizó la necesidad de armonizar los titulares de los medios de comunicación y la publicidad con los derechos y la protección de los niños frente a contenidos que pueden ser nocivos o contraproducentes para su desarrollo. También hicieron referencia a la protección de la identidad y la privacidad de niños que están expuestos a la cobertura mediática; por ejemplo los niños en conflicto con la ley penal. Adicionalmente, se presentaron algunos de los modelos de regulación existentes para asegurar el respeto y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, se destacó la importancia de promover el papel protagónico de los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de contenidos de programación y el rol educativo que tienen los medios en niños y niñas de temprana edad. La Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión y la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez organizaron una reunión de trabajo con representantes de los Estados y organizaciones de la sociedad civil para profundizar en los aspectos señalados y otros relacionados, destacándose la importancia de que profundice en la temática y que la CIDH proporcione recomendaciones a los Estados.

Situación del derecho de propiedad y al medio ambiente sano de pueblos indígenas en Bocas del Toro, Panamá

Las organizaciones solicitantes de la audiencia indicaron que el Estado no cumplió con su compromiso de crear áreas anexas a la Comarca Ngöbe-Buglé, y por lo tanto, los pobladores indígenas viven sin ningún tipo de reconocimiento territorial.  Destacaron que sus territorios se han visto ocupados en diversas ocasiones por empresas y personas, nacionales y extranjeras, como consecuencia de las concesiones que se otorgan a industrias hidroeléctricas, desarrollos inmobiliarios, construcciones de carreteras, sin que se  respeten los derechos al medio ambiente, al territorio y a la consulta de las comunidades indígenas. En tal sentido, los participantes denunciaron actos de violencia perpetrados en contra de los pueblos indígenas, tales como desalojos forzosos, agresiones físicas y la destrucción de sus viviendas por parte de las autoridades. Concluyeron solicitando al Estado realizar un informe sobre la situación de la población indígena de Bocas del Toro en colaboración con la sociedad civil. Por otro lado, solicitaron a la CIDH una visita in loco a la provincia para realizar un informe de fondo sobre un caso presentado. El Estado reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente sano. También señaló que han actuado en respeto de los derechos de los pueblos indígenas en todo momento y que se comprometen a realizar el informe solicitado por los participantes. La Comisión mostró preocupación en relación con la falta de reconocimiento de la propiedad indígena en Bocas del Toro y solicitó mayor información al respecto. Igualmente, tomó nota de la voluntad del Estado de solucionar la situación de Bocas del Toro.

Derecho de acceso al agua de comunidades rurales en Costa Rica

En audiencia, se informó a la CIDH acerca de las consecuencias medioambientales del cultivo de piña a gran escala, tales como la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, cambio de uso de suelo, generación de plagas, desplazamiento de familias, y afectaciones en la salud de las personas. Los participantes hicieron énfasis en la situación de algunas comunidades de la provincia de Limón, en las que desde 2003 se ha documentado la contaminación de las fuentes de agua. Desde 2007 esta situación ha sido atendida por el Estado de forma paliativa, mediante la distribución de agua en camiones cisterna. Asimismo, propusieron que se decrete una moratoria a la expansión de los cultivos de piña hasta tanto no exista una debida planificación. Por ello, solicitaron estudios científicos de impacto ambiental y que se garantice el acatamiento por parte de las empresas a la legislación ambiental y laboral aplicable. El Estado, por su parte, reiteró su compromiso frente al presente asunto, y su disposición para trabajar en conjunto con las comunidades afectadas. Además, destacó la adopción de medidas concretas como la distribución ininterrumpida de agua por medio de camiones cisterna, la creación de la “Comisión del Plan Único” en cumplimiento de las sentencias No. 09040 y 09041 de la Sala Constitucional, y el inicio de un Proyecto Integrado que está destinado al abastecimiento de agua potable a las comunidades afectadas de la provincia de Limón. La CIDH reiteró la necesidad de que el Estado adopte medidas concretas para asegurar la provisión regular de agua potable a las comunidades afectadas. 

Situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de asentamientos urbanos en América

Las organizaciones solicitantes de la audiencia hicieron referencia a la definición de ONU Hábitat de lo que se considere un asentamiento precario. Al respecto, informaron que de los 180 millones de personas en situación de pobreza en América Latina y el Caribe, 125 millones viven en ciudades y 113.4 millones de personas viven en asentamientos informales. En tal sentido, indicaron que la población que vive en asentamientos precarios viven bajo amenaza permanente de desalojos por falta de seguridad de la tenencia de sus viviendas e indicaron que ello afecta en mayor medida a los grupos históricamente discriminados. Un vecino del asentamiento “Rodrigo Bueno” de la provincia de Buenos Aires, Argentina, ejemplificó la situación que atraviesan las personas que habitan asentamientos precarios. Informó sobre la falta de acceso a cloacas, agua potable y corriente eléctrica. Asimismo, indicó que, luego de una orden de desalojo, las 1.200 familias que conforman el referido asentamiento han iniciado una lucha judicial para lograr que se reconozca su derecho a la urbanización. Adicionalmente, las organizaciones solicitantes de la audiencia destacaron la situación que atraviesa México en relación con la problemática e indicaron que se reproduce en toda América Latina y el Caribe. Por otro lado, denunciaron la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en la materia e indicaron que no existen adecuadas políticas públicas para prevenir o solucionar de manera estructural la situación habitacional. También pidieron que la CIDH realice un diagnóstico sobre la situación de los DESC de la población que vive en asentamientos precarios y que realice recomendaciones a los Estados con el fin de mejorar de las condiciones de vida de sus habitantes y garantizar la vigencia de sus derechos humanos.

 

Reuniones de trabajo realizadas

En el marco del 154º período de sesiones se llevaron a cabo las siguientes reuniones de trabajo:

• Caso 12.905 – Osvaldo Isaías Migueles y Pablo Rafael Galván, Argentina
• Caso 12.306 – Juan Carlos de la Torre, Argentina
• Caso 12.053 – Comunidades Mayas del Distrito de Toledo, Belice
• Caso 11.426 – Marcela Alejandra Porco, Bolivia
• Petición 687/11 GBB y CBB, Chile
• Caso 12.904 – Comunidad Aymara Chusmiza Usmagama y sus miembros, Chile
• Caso 12.433 – Sonia Arce, Chile
• Petición 946/12 – César Antonio Peralta Wetzel y otros, Chile
• Medida Cautelar 265/02 – Pueblo Indígena Embera Chamí, Colombia
• Medida Cautelar 152/14 – Afrocolombianos del Barrio “La Playita” de Buenaventura, Colombia
• Medida Cautelar 242/09 – Miembros de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
• Petición 1745/13 – Gustavo Petro Urrego, Colombia
• Petición 11.550 – Maurilia Coc y otros, Guatemala
• Petición 9.586 – Godoy Aldana, Guatemala
• Medida Cautelar 457/13 – APUVIMEH, Honduras
• Medida Cautelar 18/10 – Indyra Mendoza Aguilar y otros, Honduras
• Medida Cuatelar 50/14 – Bajo Aguan, Honduras
• Caso 11.565 – Hermanas González Pérez, México
• Caso 11.411 – Santiz Lopez y otros (Ejido Morelia), México
• Caso 12.551 – Paloma Angélica Ecobar Ledezma y otros, México
• Caso 12.130 – Miguel Orlando Muñoz Guzmán, México
• Medida Cautelar 252/14 – Periodistas y directivos de la revista “Contralinea”, México
• Medida Cautelar 185/13 – Sofía Lorena Mendoza, México
• Caso 11.381 – Milton García Fajardo y otros, Nicaragua
• Medida Cautelar 277/08 – Vilma Núñez de Escorcia y miembros del CENIDH, Nicaragua
• Caso 12.359 – Cristina Aguayo, Paraguay
• Medida Cautelar 452/11 – Líderes Indígenas de Cajamarca, Perú
• Petición 452/TE – Casos del Comunicado de Prensa 22 Feb. 2001, Perú
• Medida Cautelar 279/12 – Luisa Fransua y otros, República Dominicana

 

Informes de peticiones y casos aprobados

Informes de Admisibilidad:

• 374-05 – Trabajadores del sindicato de Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Colombia
• 4596-02 - Fidel Camilo Valbuena Silva y otros, Ecuador
• 1139-04 – Masacre de la Aldea Los Josefinos, Guatemala
• 929-04; 1082-07; 1187-07 - José Antonio Arrona Salazar y familia; Luz Claudia Irozaqui Félix; JoelGutiérrez Ezquivel, México
• 320-03 – Magistrados no ratificados por el CNM, Perú

Informes de fondo con decisión de publicación:

• 12.833 – Felix Rocha Diaz, Estados Unidos

Adicionalmente, la CIDH aprobó 7 informes  que tienen carácter confidencial: 6 de ellos son informes de fondo y 1 es informe de fondo final.

 

Contribuciones financieras

La CIDH desea agradecer muy especialmente los importantes aportes financieros efectuados desde el anterior 153 periodo de sesiones y en lo corrido del año 2015, por países de dentro y fuera de la región, así como por organizaciones y agencias internacionales, fundaciones y otras entidades. Estas donaciones hacen posible que la CIDH realice gran parte de sus actividades relativas a los mandatos provenientes de los órganos políticos de la OEA.

En particular, la CIDH agradece las contribuciones recientes, realizadas por los gobiernos de los siguientes países miembros de la OEA: Canadá, Estados Unidos, México y Paraguay. También desea agradecer a los Países Observadores Permanentes que apoyan las actividades de la Comisión: España, Francia y Noruega. Asimismo, la Comisión valora y agradece las contribuciones recibidas de Avina y el Grupo de Trabajo Internacional sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). Estos aportes contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el continente americano.

No. 037A/15