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CIDH
Comunicado de Prensa
La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos culmina su visita a Uruguay y se manifiesta en contra de la reducción de la edad de imputabilidad
16 de septiembre de 2014
Montevideo, Uruguay - La Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión o CIDH) Rosa María Ortiz, culmina hoy su visita realizada a Uruguay los días 1 al 5 de setiembre de 2014. El objetivo de la visita fue expresar la posición de esta Relatoría en relación a la consulta plebiscitaria que se llevará a cabo en el mes de Octubre próximo, que propone una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 años a los 16 años.
Durante su visita, la Relatora fue recibida por el Presidente de la República, José Mujica Cordano; el Vicepresidente de la República y Presidente del Parlamento, Danilo Astori; el Presidente del Poder Judicial, Jorge Larrieux Rodriguez; el Presidente de la Cámara de Representantes, Anibal Pereyra; el Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Porto; la Presidenta del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mirtha Guianze; así como por las Autoridades del INAU, el presidente, Javier Salsamendi, y el director, Jorge Ferrando; por las Autoridades del SIRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), Rubén Villaverde, Jorge Gago y Mónica Rodriguez; por el Secretario de DDHH de Presidencia de la República, Javier Miranda; por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento; por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz; por los Directivos del Centro Ituzaingo y del Centro SER de la Colonia Berro; por los Directivos del Centro de Ingreso TRIBAL y del Centro Residencial La Posada para atención en Salud Mental; por la Directora del Programa “Uruguay Crece Contigo”, Cristina Lustemberg; por el Consejo Nacional Honorario Consultivo de Niñez y Adolescencia, encabezado por el Presidente, Oscar Gómez. Asimismo, la Relatora se reunió con el Coordinador Internacional del PIT-CNT, Fernando Gambera y otros miembros, con el Representante de UNICEF, Paolo Mefalopulos y Lucía Vernazza, así como con algunos familiares de adolescentes infractores privados de libertad. La Relatora se reunión asimismo con diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el Comité de Derechos del Niño Uruguay, Gurises Unidos, Vida y Educación, IPRU, El Abrojo, Cotidiano Mujer, CAINFO, DNI-URUGUAY, Jóvenes Maristas, IELSUR, Fundación Justicia y Derecho, SERPAJ y Luna Nueva.
En esta visita, la Relatora ha recibido información sobre importantes avances registrados en materia de desarrollo de la institucionalidad estatal dedicada a la protección de los derechos humanos. La Comisión valora y saluda la instalación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, así como el Mecanismo Nacional contra la Tortura. Asimismo, valora la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Presidencia de la República y el importante impulso que el Gobierno de Uruguay ha dado al cumplimiento con la presentación de informes a los Órganos Internacionales de Derechos Humanos. La Relatora observa con satisfacción cambios positivos con la creación del SIRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente) junto con importantes recursos para implementar sus funciones y reconoce los cambios encaminados en materia de infraestructura que ayudan y ayudarán a los propósitos de rehabilitación de adolescentes privados de libertad. La Relatora valora también los esfuerzos del SIRPA por dotar de nuevo personal y de brindarles capacitación para sus nuevas funciones, y reconoce las dificultades que aún existen en este objetivo. Valora muy especialmente y considera una iniciativa que debería profundizarse y hacerse conocer a nivel nacional e internacional, la vinculada con los convenios con seis sindicatos para la colocación laboral de los jóvenes involucrados y el acompañamiento cercano en el proceso de rehabilitación.
Justicia Juvenil y propuesta plebiscitaria que propone bajar la edad de imputabilidad penal
La Relatora, en su visita, ha observado que una parte importante de los desafíos que enfrenta Uruguay se relaciona con asegurar el establecimiento de parámetros de edad para responsabilizar a niñas, niños y adolescentes por infringir leyes penales, acordes a la normativa internacional en la materia. La Relatora reitera lo señalado por la Corte Interamericana: “tomando en cuenta la normativa internacional y el criterio sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por “niño” a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad”. En este sentido, la Relatora recuerda que el Estado es especialmente responsable por todas personas que se encuentran privadas de su libertad bajo la custodia del Estado, y en forma particular, por todos los niños, niñas y adolescentes, en consideración de sus necesidad especiales de protección, por lo tanto el Estado debe adoptar medidas positivas para asegurar que los niños, niñas y adolescentes bajo su custodia, o sometidos al sistema de justicia juvenil, gocen efectivamente de todos sus derechos.
En su visita a Uruguay, la Comisionada ha tomado conocimiento de iniciativas legislativas en el país que implican regresiones respecto de los estándares alcanzados en el marco de los procesos de adecuación de la legislación interna a los postulados de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el corpus juris en la materia. En este sentido, la Relatora observa que la aprobación de la nueva reforma constitucional a ser sometida a consulta plebiscitaria junto con las elecciones de octubre de 2014, que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años de edad, constituiría una grave violación de los derechos fundamentales de los adolescentes y en contra de los tratados internacionales ratificados por el Estado, dado que infringe la garantía del adolescente de ser procesado penalmente bajo una justicia juvenil excepcional y especializada. La CIDH ha reiterado que no es admisible que los Estados excluyan de este sistema a personas que no hayan alcanzado la mayoría de edad, establecida por el derecho internacional a los 18 años. En relación a los cuestiones susceptibles de plebiscito, la Corte Interamericana indicó en el caso Gelman, que la legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad, está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, por lo que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas.
Sin perjuicio de los avances inicialmente señalados, preocupa a la Relatora las garantías ofrecidas por el sistema de justicia juvenil y que los y las adolescentes sean víctimas de un cambio regresivo debido a reformas legislativas recientemente aprobadas, como la Ley 19.055 que agrava penas convirtiendo la privación de libertad en regla al establecer que no pueden ser excarcelables por el plazo de un año los adolescentes que cometan delitos considerados por esa ley como gravísimos. Eso en la práctica ha implicado un incremento exponencial de la privación de la libertad. La Relatora destaca que lo anterior se ve agravado por la falta de suficientes y vigorosos programas de implementación de medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad, así como los desafíos constatados en la implementación de programas que aseguren una defensa jurídica efectiva que vele por su mejor interés.
La Relatora visitó la Colonia Berro, el Centro de Detención SER y el Centro de Detención Ituzaingo del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA); además, realizó una visita al Centro de Ingreso TRIBAL y a la Casa Residencial La Posada para tratamiento en salud mental. La Relatora recibió información por parte de las autoridades acerca de un pronto traslado de los internos hoy ubicados en el Centro SER a nuevos centros recientemente inaugurados, lo cual constituye una necesidad imperiosa, por las graves deficiencias que presenta y por no ajustarse a los parámetros para una acción socioeducativa con adolescentes. La Relatora recibió denuncias de familiares de adolescentes quienes han sido judicializados y privados de su libertad, sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidos por los internos, y que señalan una falta de celeridad de las investigaciones con aparentes irregularidades frente a denuncias de dichos malos tratos y tortura. La Relatora quiere destacar que los mismos familiares le han señalado que estos hechos no se habían repetido luego de un cambio de autoridades y funcionarios en dicho Centro SER. Por todo lo anteriormente señalado, la Relatora expresa su profunda preocupación por la grave situación ocurrida en dicho Centro y saluda la pronta clausura del mismo.
Niños, niñas y adolescentes Institucionalizados
La Relatora valora los importantes avances que el Gobierno de Uruguay ha realizado en la generación de modalidades alternativas de cuidado desde el INAU a niñas, niños y adolescentes, en convenio con distintas organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, expresa su preocupación en relación a que los niños, niñas y adolescentes en modalidades institucionales aún representan la mayoría (70%) de la población de niñez sin cuidados parentales, y que a su vez, 45% de ellos son adolescentes de entre 13 a 17 años de edad. Preocupa, además, la inexistencia de Juzgados especializados en Niñez y Adolescencia. La Relatora recibió denuncias también acerca de diversos problemas que presentaría la defensa de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Defensoría General. La Comisionada ha destacado que “el paradigma de los derechos de los niños se asienta en asegurar a los niños y niñas, desde bien pequeños, una vida en familia y en su comunidad en un contexto de no violencia; al no contar con ello, y ante la recurrente institucionalización y la falta de otras oportunidades, muchos adolescentes están más vulnerables a incurrir en actividades de infracción a la ley.”
La Comisionada recuerda, en este sentido, que la Corte Interamericana ha establecido en su opinión consultiva sobre la condición jurídica del niño, que “la protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. Corresponde al Estado precisar las medidas que adoptará para alentar ese desarrollo en su propio ámbito de competencia y apoyar a la familia en la función que ésta naturalmente tiene a su cargo para brindar protección a los niños que forman parte de ella.” Por tal motivo, la Relatora destaca la urgencia que debe asumir el Estado en priorizar políticas y programas públicas promoviendo modelos de cuidado que garanticen el goce de todos sus derechos dentro del ámbito de la familia y en la sociedad, los cuales son reconocidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el corpus juris de los niños, niñas y adolescentes.
En este contexto, durante esta visita, la Relatora llevó a cabo el día 2 de septiembre la presentación del informe de la CIDH: “El derecho del niño y de la niña a la Familia. Cuidados alternativos. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas”, en la Sala de Conferencias de la Unión Postal de las Américas UPAEP, que contó con la participación del Presidente del INAU Javier Salsamendi, del representante de Unicef, Sr. Paolo Mefalopulos, y de Diego Silva y Luis Pedernera del Comité de Derechos del Niño del Uruguay.
Fortalecimiento del Consejo Nacional Honorario y Consultivo de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Tras el diseño de un Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
La Relatora observa con preocupación que a pesar de la existencia de innumerables programas exitosos dirigidos a reducir la pobreza, a combatir la violencia familiar y la violencia de género y a fortalecer a las familias más necesitadas de apoyo, tales como “Uruguay Crece Contigo” que prioriza la Primera Infancia, “Cercanía”, “Transferencias condicionadas” y otros programas que merecen ser destacados y amplificados, todavía las principales causas de ingreso de niños y de adolescentes al régimen institucional residencial y a los centros de privación de libertad se vinculan con la pobreza y la violencia intrafamiliar y comunitaria. La Relatora ha constatado la ausencia de una articulación suficiente entre los distintos programas e instituciones, así como una falta de diálogo fructífero entre sus respectivas autoridades. Esta Relatora recomienda a las distintas autoridades del Uruguay fortalecer el Consejo Nacional Honorario y Consultivo de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, dotándole de los medios económicos y la legitimidad política necesaria para favorecer dicha articulación y avanzar en el diseño de un amplio Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que asegure el énfasis en la prevención de los problemas a través de servicios cercanos a los niños y sus familias a nivel local, que apuesten a su inclusión, a su desarrollo integral y armónico, a su participación protagónica y a la superación de todo tipo de discriminación.
La Relatora de la CIDH agradece la invitación realizada por la Cancillería de Uruguay para realizar la visita, y expresa su especial agradecimiento a las autoridades del Gobierno de Uruguay por la colaboración brindada, en especial al Dr. Gabriel Winter, Director Adjunto de la Dirección de DDHH de la Cancillería. Asimismo, la Relatora sobre los Derechos de la Niñez ofrece su apoyo al Estado de Uruguay para, dentro del marco de su mandato, coadyuvar a que continúen las reformas necesarias para asegurar un sistema de justicia juvenil acorde a los estándares internacionales en la materia, e implementar las acciones tendientes hacia un Sistema de Promoción y Protección integral de Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, a fin de asegurar el pleno respeto y garantía de todos sus derechos humanos, lo que favorece a toda la sociedad, previene la violencia y fortalece la democracia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 98/14